Acusan al juez Poderti de robarle 144 monedas de oro a un cuevero al que investigaba por narcolavado
Acusan al juez Poderti de robarle 144 monedas de oro a un cuevero al que investigaba. Crédito: Instagram.
El juez federal Emiliano Canicoba citó a prestar declaración indagatoria al también juez federal Martín Poderti, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata. El delito imputado: el robo de 144 monedas de oro guardadas en una caja de seguridad del Banco Nación mientras cumplía funciones en la secretaría 6 del juzgado federal 2 de San Isidro, donde investigaba al dueño de esas piezas valuadas en 200 mil dólares por narcotráfico y lavado de activos.
Con el documento nacionalidad de identidad en la mano y una firma en la planilla, Poderti ingresó 19 veces a la sucursal San Isidro del Banco Nación desde el 26 de diciembre de 2019, algunas veces, incluso, cuando estaba de licencia, como reveló el periodista Nicolás Pizzi en Infobae. La última vez fue el 9 de febrero del 2023. Un mes después empezó a trabajar en el TOF 1 de San Martín. Luego, en el tribunal de Mar del Plata allanado esta semana.
Parte de esta historica comenzó el 14 de noviembre del 2017, como viene contando Encripdata capítulo tras capítulo, cuando la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez decidieron arrestar a Gustavo Sancho, jefe de una organización narcocriminal al que se le caían avionetas de cocaína en Colonia Margarita, Entre Ríos; Las Maricelas, Yasy Kañy, Paraguay; y San Jorge, Paraje Chas, General Belgrano.
Cinco meses después, la mañana del 3 de abril de 2018, un hombre llamó insistentemente al juzgado federal. No una ni dos veces. Ocho en total. Harto de marcar y no poder hablar con Arroyo Salgado, le dejó un mensaje a través de una secretaria: «Esto va de parte de la familia de Gustavo Sancho. Esto no da para más. O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas, como a Candela».
Nisman era Alberto Natalio Nisman, su exmarido, el fiscal que investigaba el atentado terrorista del 18 de julio de 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y que apareció muerto el 18 de enero de 2015 de un tiro en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero.
Candela era Candela Sol Rodríguez, una nena de 11 años secuestrada y asesinada en agosto de 2011 en Villa Tesei, Hurlingham. El fiscal Mario Ferrario llevó a juicio al capo narco Miguel Ángel Villalba, alias «Mameluco», como autor intelectual, pero un tribunal lo absolvió este año. El papá de la víctima, en cambio, siempre apuntó a Sancho como el instigador para vengarse de él por viejos problemas.
Por la amenaza a la magistrada, el otro juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó detener el 2 de noviembre de 2019 a José Damián Sofía, alias «Tano», que hacía negocios, justamente, con Sancho. En la indagatoria, Sofía culpó de lo ocurrido a su chofer, Christian Quinteros, alias «Gordo Tita». Pero, para ese entonces, a Quinteros ya lo habían secuestrado, torturado y asesinado. También a su esposa, Anabella Blumetti.
En el bajo mundo del narcotráfico corrió la versión de que a Quinteros lo mataron por no pagarle una deuda de 60 kilos de cocaína a Diego Xavier Guastini, alias «Dolarín», y que a Blumetti la ejecutaron para que no hablara. A Guastini, un «arrepentido» que aportó información en «Leones Blancos» -el robo de media tonelada de cocaína por parte del entonces fiscal Claudio Scapolan y la Policía Bonaerense en el 2013-, lo asesinaron la mañana del 28 de octubre del 2019 en Quilmes. Tras el crimen de «Dolarín», en el ambiente al que pertenecía lo empezaron a señalar por la desaparición del financista Hugo Díaz, visto por última vez el 9 de marzo de 2015, precisamente, en su cueva de calle Florida 520.
Como sea, por la amenaza telefónica, la jueza Arroyo Salgado se apartó de la investigación contra la organización narcocriminal de Sancho. En consecuencia, el juez Mirabelli continuó con el trámite del expediente hasta elevarlo a juicio.
Ahí entró en juego el entonces secretario Poderti.
Después de varias postergaciones, en mayo de 2023, el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó a Sancho a 11 años y 6 meses de prisión por ser el organizador del tráfico de cocaína y por el lavado de las ganancias. También sentenció a la esposa, tres hijos y tres integrantes del clan.
Y, lo más importante para esta historia, ordenó decomisar un inmueble en Pinamar, otro en San Martín, seis autos y todos los bienes incautados en los procedimientos que fueron utilizados para cometer los hechos o que fueron resultados de estos. Pero las piezas valuadas en 200 mil dólares al final no quedaron en manos del Estado porque su dueño, que manejaba una financiera, fue absuelto.
Cuando este hombre solicitó que le devolvieran lo suyo, las monedas ya no estaban.
El juez Poderti tiene tiempo para preparar su defensa: el juez Canicoba lo citó para el 14 de agosto, tras la feria judicial.
Pero, ¿y si el tribunal hubiera condenado al dueño, en la Justicia se habrían dado por enterados del robo de las monedas de oro?
Esa pregunta tal vez nunca tenga respuesta.
About Author
