La Corte dejó firme la condena a amigos de Bina por traficar 1496 kilos de efedrina a México
Forza, Ferrón y Bina y el triple crimen de General Rodríguez. Gentileza: Fabián Marelli.
En agosto de 2008, Carlos Alberto Di Vita era el jefe del Control Aduanero de Encomiendas Postales Internacionales de la Dirección General de Aduanas. Gracias a su colaboración, una organización narcocriminal pudo traficar 1496 kilos de efedrina a México y Guatemala. En un juicio abreviado, reconoció su participación a cambio de una pena menor. Después, quiso romper ese acuerdo. Esta semana, finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de él y la de los otros amigos de Leopoldo Bina, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.
La larga «ruta de la efedrina» quedó al descubierto a partir de una operación encubierta de la DEA de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration) en la «quinta» de Ingeniero Maschwitz y, tres semanas después, el 7 de agosto de 2008, de las ejecuciones de Sebastián Forza, Damián Ferrón y el propio Bina. Entre 2004 y 2008, varios cárteles mexicanos asociados a argentinos traficaron 40 toneladas de efedrina que terminaron como metanfetaminas -ya sea en forma de éxtasis, ice o crystal– en los Estados Unidos. Las víctimas formaban parte del negocio de los 500 millones de dólares.
En el 2012, el tribunal de Mercedes condenó a prisión perpetua a Martín Lanatta, Cristian Lanatta, Víctor Schillaci y Marcelo Schillaci como partícipes necesarios del triple crimen. Durante el juicio, los fiscales Juan Ignacio Bidone y Marcela Falabella señalaron a Ibar Esteban Pérez Corradi como el autor intelectual. Según la hipótesis de los acusadores, éste contrató a los cuatro condenados para matar a Forza, Ferrón y Bina porque le estaban «cagando el negocio» como proveedor del mexicano Juan Jesús Martínez Espinoza en la «quinta» de Ingeniero Maschwitz. Pero hubo un pequeño detalle: los jueces y los fiscales olvidaron que el hombre apuntado como instigador ni siquiera formaba parte del debate. Es más: como estaba prófugo, nunca lo habían indagado.
A principios de 2016, el fiscal Bidone acordó con la jueza federal María Servini que el expediente sobre Pérez Corradi pasara del fuero ordinario al federal. Y a mitad de ese año, en un operativo conjunto de las policías y servicios de Inteligencia de la Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, el prófugo más buscado cayó en Foz de Iguazú.
La jueza Servini dictó dos veces la falta de mérito a Pérez Corradi: la primera, a finales de 2016, porque necesitaba tiempo para «evacuar las citas», es decir, determinar si lo que había dicho en las once jornadas de indagatoria como «arrepentido» en la «ruta de la efedrina» era verdad o mentira. La segunda vez, ya en abril de 2021, porque los datos que aportó tiraron a bajo la mayor parte de lo investigado por el fiscal Bidone. Lo más importante: que Pérez Corradi no fue proveedor de Martínez Espinoza ni «el dueño del negocio» de la efedrina.
La magistrada, entonces, reconstruyó los últimos días de las víctimas. Así comprobó que Bina llevaba un año trabajando para otro mexicano: Rodrigo Pozas Iturbe. En la semana previa al triple crimen, Forza, Ferrón y Bina buscaban convertirse en proveedores de Martínez Espinoza y al mismo tiempo del jefe de Bina. De ahí nació una nueva teoría: un «doble juego» de las víctimas con los mexicanos como disparador. La jueza Servini envió a juicio a Pozas Iturbe, el jefe aduanero Di Vita y otros amigos de Bina por traficar efedrina a México y Guatemala, pero no encontró evidencias para sostener esta hipótesis sobre el triple crimen.
En el 2022, un tribunal, a través del juicio abreviado que Di Vita luego quiso romper, dio por probado que Pozas Iturbe, representante de un cártel mexicano en la Argentina, contrató a Bina, al policía federal retirado y con terminales en la Secretaría de Inteligencia (SIDE) Ricardo Sladkowski y al despachante de aduanas Carlos Alberto San Luis para traficar efedrina a través del Correo Argentino de Retiro. En esa sede contaron con la complicidad, justamente, del jefe aduanero y de Nélida Brunelli, una de sus subordinadas, ya fallecida.
De esa célula participaron Jorge Omar Lazota y Claudia Patricia Flores. Sobre Lazota, con el que tuvo un fugaz romance, Flores declaró: «Hablamos de toda la parte política, que estaba en el armado de los candidatos. Trabajaba en Casa Rosada, su oficina estaba frente a la Casa Rosada, creo que en el Ministerio de Economía. Sé que entraba con una credencial y estacionaba su auto ahí. Siempre estaba con el partido peronista, él estaba con Néstor Kirchner, a quien conocía de Puerto San Julián».
Por el juicio abreviado, Pozas Iturbe aceptó 4 años y 6 meses de prisión. Ese número le cerró: como en el 2018 otro tribunal lo condenó a 6 años como miembro de otra banda que traficó cocaína entre 2015 y 2016 a Tierra del Fuego y España, el fiscal le concedió unificar las penas por un total de 9 años y 6 meses.
El resto: 4 años de prisión para Sladkowski y San Luis; 2 años de prisión en suspenso para Lazota y Flores; ls misma pena para Di Vita a pesar de haber sido un funcionario jerárquico de la Aduana. En cambio, el tribunal absolvió a Silvio Gustavo Salerno -primo de José Luis Salerno, expolicía y socio de Ferrón en una farmacia- porque el fiscal no mantuvo la acusación de instrucción al considerar que no había pruebas suficientes que acreditaran que le había vendido efedrina a Pozas Iturbe.
A quince años del triple crimen, existe una tercera hipótesis sobre el autor intelectual de la masacre de General Rodríguez: el hilo invisible de los servicios de inteligencia, como la DEA de los Estados Unidos.
Quienes lo planificaron, estuvieron muy cerca de alcanzar la perfección: entre el 7 y el 13 de agosto de 2008, secuestraron a las víctimas en Quilmes; ese mismo 7 prendieron fuego la camioneta de Ferrón y una de las dos armas con las que los mataron; conservaron los cuerpos en frío durante seis días; los plantaron el 13 en General Rodríguez y, por sobre todas las cosas, lograron que, a pesar de ser condenados a prisión perpetua, los Lanatta y los Schillaci nunca marcaran la escena del crimen, entre otros puntos claves para los investigadores.
Los ejecuciones de Forza, Ferrón y Bina perjudicaron a Pérez Corradi, Martínez Espinoza, Pozas Iturbe y tantos otros: un mes después, el 5 de septiembre de 2008, el Gobierno prohibió la importación de efedrina.
Diego Ferrón, hermano de una de las víctimas, y el periodista Agustín Ceruse publicaron Operación Crystal, un libro en el que expusieron las tres teorías, revelaron detalles inéditos sobre las operaciones encubiertas, ilegales y de falsa bandera, testimonios, «escuchas» telefónicas, informes de inteligencia, cables diplomáticos y la cumbre en la Embajada en la víspera del triple crimen y le dieron el derecho a réplica a la DEA.
Así, los autores del libro llegaron a una conclusión en forma de interrogante: ¿a quién le sirvió las ejecuciones? La respuesta podría conducir al cerebro de esta historia, que combina narcotráfico, política y espionaje.
Algo es seguro: el triple crimen de General Rodríguez cortó para siempre la «ruta de la efedrina» desde la Argentina hacia México y, ya como crystal, a los Estados Unidos.
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