El tribunal le dio la razón a la familia de Candela: dice que la fiscalía y la Bonaerense armaron la causa
El tribunal le dio la razón a la familia de Candela: la fiscalía y la Bonaerense armaron la causa. Crédito: Archivo.
Medidas de prueba que no se hicieron. Evidencias que se sumaron en sentido contrario. Pistas que no se siguieron. Y hasta policías que cambiaron sus declaraciones en el aire. Esas y otras irregularidades remarcó el juez Alejandro Rodríguez Rey al momento de fundamentar las absoluciones de todos los acusados en este segundo juicio por el secuestro y crimen de Candela Sol Rodríguez, según el fallo al que accedió Encripdata. De hecho, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Morón señaló sin vueltas a la fiscalía por «no estar a la altura» de su responsabilidad y a la Policía Bonaerense por su «oscuro proceder». Los magistrados Cristian Toto y Mariana Maldonado acompañaron en un todo el voto.
Candela tenía solo 11 años la tarde del 22 de agosto del 2011 en la que la raptaron a metros de su casa. La banda la mantuvo cautiva nueve días, al menos, en tres lugares. En una de ellas, la famosa «casa rosa» de la calle Kiernan al 900, los investigadores encontraron su ADN en un vaso de vidrio. Pero para ese momento ya era demasiado tarde.
Nueve días después, el 31 de agosto del 2011, la Bonaerense encontró el cuerpo de la nena en una esquina. Estaba en una bolsa negra, una escena secundaria del crimen pisada hasta por el gobernador Daniel Scioli.
En el primer juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Morón sentenció en el 2017 a prisión perpetua a Hugo Elbio Bermúdez y Leonardo Daniel Jara como coautores del delito de «privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte» y a Gabriel Fabián Gómez, a cuatro años de prisión como partícipe secundario. Jara fue quien hizo el llamado extorsivo.
A lo largo de estos doce años, Alfredo «Juancho» Rodríguez declaró, al menos, cinco veces para intentar determinar quién pudo haber ordenado el secuestro de su hija. Siempre mencionó a Héctor Moreyra, alias «Topo» por su oficio: «buchón» de la Bonaerense. Siempre, también, a Sergio Fabián Chazarreta, alias «Chino», en esa época, policía en San Martín. En tres apuntó contra Gustavo Sancho, un narcotraficante de la misma zona. Nunca, en cambio, habló sobre Miguel Ángel Villalba, el famoso «Mameluco».
Sin embargo, en este segundo juicio, el fiscal Mario Ferrario intentó probar que fue «Mameluco» Villalba quién ordenó secuestrar a Candela para vengarse del padre porque sospechaba que había sido él quien lo había entregado, pocos días antes, a la Policía Federal (PFA) y la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Siempre según esta teoría del caso, el capo narco de San Martín, que en esa época era candidato a intendente, mandó a Chazarreta y Moreyra a raptar a la nena de 11 años.
Tras el debate, el fiscal solicitó prisión perpetua para Chazarreta, Moreyra y Villalba y retiró la acusación contra un cuarto hombre, hasta entonces imputado por darle de comer a Candela durante el cautiverio.
Finalmente, el 8 de mayo, el tribunal no solo absolvió de culpa y cargo a todos los acusados sino que reprochó, evidencia tras evidencia, la investigación de la fiscalía y la actuación de la Bonaerense como auxiliar de la Justicia.
El juez Rodríguez Rey, tras resumir las audiencias del juicio y las pruebas aportadas por las partes, destacó que la fiscalía construyó la verdad histórica a partir de una evidencia que demostraba lo contrario: a Chazarreta lo acusaban, básicamente, de ser el dueño de la Ford Ecosport negra en la que levantaron a Candela aquella tarde cuando, en realidad, su Ford Ecosport era gris grafito: «El color de la camioneta podría parecer trivial, pero no lo es, ya que descartada como debe ser esta evidencia como elemento incriminatorio, la acusación no ha arrimado ninguna otra prueba que lo ligue con el episodio que nos ocupa». Así, «la camioneta negra de Chazarreta», directamente, fue una «puesta en escena».
El magistrado, luego, criticó hasta el móvil: «Sin ánimo de resultar ofensivo, a tal punto llega la inconsistencia de la acusación que al iniciar su lineamiento final, el doctor sostuvo: ‘En la esquina de su domicilio fue abordada violentamente por al menos tres sujetos que integraban una organización delictiva conformada por un número mayor de personas, quienes con el fin de obligar a sus progenitores a hacer entrega del producto de un ilícito…’ y concluyendo fulminó: ‘…Ahora bien, los sucesos descriptos fueron realizados por una organización criminal que actuaba con una clara distribución de roles, encabezada por Villalba, y cuyo objetivo, entre otros, fue obtener el dinero que erróneamente sus autores, salvo Moreira, pensaban que había recibido el padre de la menor por haber entregado a Villalba a las autoridades‘. Entonces, ¿determinó el motivo? ¿Será el haberse quedado el padre de Candela con un botín que no repartió o, tal vez, haber entregado a ‘Mameluco’ mientras estaba detenido? Inverosímil ¿no?».
«Pero -insistió- no comprendo cómo la fiscalía vinculó a Villalba con este caso, y en especial con la orden de privar de la libertad a la niña» porque «no puede pasarse por alto que resultó detenido más de diez días antes. El Ministerio Público -más grave aún- nada hizo: no recabó ni teorizó de qué forma el mencionado dio la orden para llevar a cabo tan macabro accionar, no consta actividad indagatoria alguna que dé cuenta que ello pudo siquiera haber ocurrido, ni existen registros de quiénes fueron las personas que lo visitaron en detención, y, menos, con quiénes pudo haber mantenido comunicaciones telefónicas para de alguna manera inferir dicha responsabilidad. Nuevamente pinceladas de un relato falaz».
Así, el presidente del tribunal le dio la razón a la mamá de Candela, que ni bien empezó el debate, renunció como particular damnificada por la desconfianza que le despertaba la fiscalía: «Todas estas irregularidades que desnaturalizan la prueba del proceso me llevan a coincidir con la señora Carola Labrador, en que los encargados de la causa se obstinaron con una línea de pesquisa que pese a su falta de prueba, los condujo a desestimar sin más, cursos de investigación absolutamente válidos».
En este juicio, al final, solamente se comprobó un hecho: el tiempo pasa volando.
Candela tenía 11 años cuando la mataron.
Ya pasaron doce años.
Y la verdad, mientras tanto, sigue huyendo.
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