Operación Arco Iris: el día que la SIDE cortó la investigación paralela del triple crimen

En algún lugar del gran Buenos Aires, la tarde del 7 de agosto de 2008, los pusieron de rodillas contra el piso, se pararon a sus espaldas y les vaciaron los cargadores de una Taurus calibre 9 milímetros y una Tanfoglio .40. Sebastián Forza tenía 34 años. Era esposo, padre, dueño de farmacias. Damián Ferrón tenía 37. Era esposo, padre, hermano, empleado del mismo rubro. Leopoldo Bina tenía 35. Era esposo, padre, trabajaba para una revista de la Aduana. Seis días después, el 13 de agosto, plantaron los cuerpos en un zanjón de General Rodríguez.

Sin saber muy bien qué hacer, cómo seguir, qué puertas golpear en busca de justicia, las familias, sin conocerse, se juntaron para intentar reconstruir los últimos días de las víctimas. Querían saber qué negocio los había unido en desgracia. Aunque no todos pudieron reconocerlo rápido, más temprano que tarde les quedó claro que fue la compraventa de efedrina para los cárteles mexicanos.

Aturdidos por las muertes violentas de los seres queridos, las familias dejaron que se acercaran todo tipo de personas. Muchos querían ayudar. Otros, en cambio, les querían arrancar información. Por ejemplo, una extraña mujer llamada Matilde llamó con insistencia a la viuda de Forza, se hizo pasar por amiga de él y hasta la invitó a un café con tal de que le contara todo lo que supiera sobre la «ruta de la efedrina».

A la familia Ferrón, por su parte, se presentó Alberto Molina, un comisario bonaerense retirado que fantaseaba con resolver el triple crimen para lanzarse con fuerza como candidato a intendente de General Rodríguez, según pudo reconstruir Encripdata. Para eso, se ofreció a realizar una investigación paralela a la que llevaba adelante la fiscal Ana María Yacobucci, que, luego, pasará a manos del fiscal Juan Ignacio Bidone.

Así mataron a Forza, Ferrón y Bina, así empieza Operación Crystal

El comisario Molina, más conocido como «Patón», no estaba solo. En la misión lo secundaban dos hombres de la misma zona: el teniente primero Eduardo Fabián Ocampo, que prestaba servicios en la Secretaría de Delitos Complejos de la Provincia de Buenos Aires, y, el más joven de los tres, el oficial bonaerense Rafael Fernando Portillo.

Los tres empezaron con el pie derecho la investigación paralela: gracias a un empleado de seguridad del Country Club Las Lajas, descubrieron que los mexicanos Gustavo Domínguez Martínez, Alfonso Barba Muñoz –a veces identificado como Eduardo Palomarez Garza– y Karim Pérez Cejas y el colombiano Luis Fernando García Castillo se instalaron desde el 20 de julio de 2008 en ese barrio cerrado de General Rodríguez.

Como la inmensa mayoría de los mexicanos que bajaron a la Argentina para abrir rutas para el contrabando, este grupo abandonó el país pocos días después del triple crimen. Si las personas comúnes y corrientes solo recordaban que la efedrina era el medicamento que le «había cortado las piernas» a Maradona en el Mundial de 1994, los narcotraficantes entendieron rápido que a partir de General Rodríguez, el negocio había llegado a su fin.

En los siguientes años, para intentar determinar si Ibar Esteban Pérez Corradi mandó a matar a Forza, Ferrón y Bina porque le estaban «cagando» el negocio, los investigadores detectarán el paso de siete células de cárteles mexicanos por Buenos Aires y Rosario. La efedrina no había sido exclusividad de uno ni de los otros. Y no se trataba de unos kilos para fabricar crystal en una quinta de Ingeniero Maschwitz. Fueron 40 toneladas de contrabando entre el 1 de enero de 2004 y el 13 de agosto de 2008 a la vista de la Sedronar, la Aduana y la SIDE. Pero para saber todo eso pasarán muchos, muchos años.

En aquellos días calientes de 2008, con el dato sobre los mexicanos de Las Lajas, Molina empezó a seguirlos, pero ya era tarde: el grupo de Pérez Cejas se había volado de ahí. Antes de regresar a su país, guardó 6 kilos de cocaína y 122 botellas de vino tino con cocaína diluida en una baulera de Depósito Belgrano SRL, en el barrio porteño de Núñez. Las autoridades abrirán ese guardamuebles, pero recién diez años después, por el simple hecho de que había dejado de pagar el alquiler.

Como sea, los hombres de Molina seguían obteniendo pistas gracias a sus contactos. Uno de ellos era Pedro Tomás Viale, alias «Lauchón», agente encubierto de la Dirección de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia, hombre de extrema confianza de Horacio Antonio Stiuso, «Jaime», director general de Operaciones de la SIDE.

«Lauchón» les marcó un depósito sobre la vieja ruta provincial 8, entre las calles Juan Bautista Alberdi y Haedo, en San Miguel. Tal vez Viale no lo sabía o tal vez era una operación de inteligencia, pero la Policía Federal, con la que solía caminar de la mano la SIDE, también tenía en la mira ese galpón.

El 30 de septiembre de 2008, el jefe de la oficina de la DEA en Buenos Aires, Anthony Greco Jr., le informó al jefe de Drogas Peligrosas, comisario general Carlos Gorosito, que una organización narcocriminal internacional estaba operando en el conurbano bonaerense y aportó un nombre, un teléfono, una patente de auto y una dirección.

Un mes después, el 27 de octubre, la Policía Federal les confirmó al juez federal Juan Manuel Culotta y al fiscal federal Jorge Sica la información de la DEA, agregó más teléfonos, más vehículos y más domicilios y alertó sobre un encuentro de desconocidos en el depósito de San Miguel.

Y a la semana, el 5 de noviembre, la PFA pidió intervenir más líneas telefónicas para «contar con un mayor conocimiento de las actividades desarrolladas por las personas», pero, al mismo tiempo, solicitó permiso para requisar personas y vehículos y allanar el galpón de San Miguel en el caso de que los investigados volvieran a encontrarse allí.

El juez y el fiscal autorizaron las «escuchas» en directo por 45 días, pero consideraron prematuro las requisas y los allanamientos.

En eso, la fuente de contra-inteligencia le avisó a «Patón» Molina que era inminente la llegada de 2 toneladas de efedrina al depósito señalado en San Miguel.

Sin tiempo que perder, los hombres de Molina entraron en acción el 13 de noviembre de 2008 a las 12.30 horas del mediodía. Estacionaron su auto particular en la puerta, uno se puso un chaleco de Policía e ingresaron al galpón.

Apostados a pocos metros de allí, policías encubiertos de la Federal observaron la situación, llamaron de urgencia al juzgado y el magistrado, ahora sí, ordenó las detenciones «de todo aquel que pudiera hallarse relacionado con el tráfico de estupefacientes denunciado». Eso incluía a Molina, Ocampo y Portillo, que en vez de arrestar a los dos mexicanos, estaban con ellos conversando de manera amable. Ni siquiera habían llevado computadora para realizar el acta. Era evidente que no buscaban arrestarlos sino sacarles información.

A las apuradas, para controlar daños, el juez federal Federico Faggionatto Márquez, el primero en investigar la «ruta de la efedrina», hizo llegar una orden de urgencia para habilitar desde las 13 horas el ingreso de «Patón» Molina al depósito de San Miguel, en lo que fue un capítulo más de la «guerra» entre la Bonaerense, de un lado, y la Federal y la SIDE, del otro. Años después, «Lauchón» Viale caerá acribillado en su propia casa a manos del grupo de élite de la Bonaerense.

Como sea, en el galpón de San Miguel no había 2 toneladas de efedrina, pero sí 750 kilos de cocaína. Los «ladrillos» eran de diveros colores. De allí el nombre del operativo: Arco Iris. La pureza superaba el 90%. En consecuencia, los federales arrestaron a los mexicanos José María Rodríguez Ceja –a veces identificado como Jerónimo Morales Rocha– y Abraham Martínez Calderón y también a Molina, Ocampo y Portillo, para que dieran las explicaciones del caso.

El nexo local de los mexicanos era Oscar Rodolfo Nieto, un empresario que fue socio de Horacio Aníbal Bérgamo, un militar retirado que cayó junto a su esposa Liliana Trinidad Falcón en el operativo Kimba, la incautación de 839 kilos de cocaína en el puerto de Buenos Aires. Y con ellos, las conexiones podrían seguir hacia el doble crimen de Unicenter, el narcojet de los hermanos Juliá en Barcelona y varios casos más, que dibujarían un mapa de relaciones del bajomundo de nunca acabar.

Los investigadores nunca lo supieron, pero, según pudo reconstruir Encripdata, la célula mexicana que operó el depósito de San Miguel pertenecía a Los Cuinis, un brazo del Cártel del Milenio y, tras su desintegración, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los dos mexicanos eran oriundos de Jalisco. Desde allí, uno de los financistas era Otoniel Rubio Silva. Y éste era hombre de confianza de Erick Valencia Salazar, «el 85», cofundador del CJNG junto con Nemesio Oseguera Cervantes, «el Mencho». No sería la última vez que Los Cuinis operarán en la Argentina. Mientras reinó Ignacio «Nacho» Coronel en Jalisco, hasta el 29 de julio de 2010, Milenio fue aliado regional del Cártel de Sinaloa de Ismael «Mayo» Zambada y Joaquín «Chapo» Guzmán. Después, el CJNG le declaró la guerra total a Sinaloa.

Pero esas eran internas ajenas como lejanas. La operación del 13 de noviembre de 2008 tuvo consecuencias inmediatas: el primer expediente, a cargo del juez Culotta, siguió su curso natural contra esta célula de los desconocidos Cuinis; el segundo, por el allanamiento irregular en busca de información sobre el triple crimen de General Rodríguez, terminó en juicio contra el juez Faggionatto Márquez y los bonaerenses Molina, Ocampo y Portillo.

Años después, un tribunal absolverá a los hombres del comisario por el beneficio de la duda, pero el Consejo de la Magistratura destituirá al primer juez de la «ruta de la efedrina», pero por otras irregularidades al frente del juzgado federal de Campana.

En el 2012, el tribunal de Mercedes condenará a prisión perpetua a Martín Lanatta, Cristian Lanatta, Víctor Schillaci y Marcelo Schillaci como partícipes necesarios del triple crimen de General Rodríguez. Pero las autoridades nunca podrán determinar quiénes fueron los autores materiales, dónde los ejecutaron, dónde mantuvieron los cuerpos seis días en un lugar frío para retrasar el proceso natural de descomposición y, tal vez lo más importante, quién fue el autor intelectual.

Diego Ferrón, hermano de Damián, y el autor de esta nota publicaron Operación Crystal, un libro de investigación en el que detallaron qué hicieron antes, durante y después los agentes de la DEA que tenían la misión de cortar de raíz la triangulación de efedrina entre China, Argentina, México y, ya como metanfetaminas –en forma de éxtasis, ice o crystal– los Estados Unidos. Los autores del libro, obviamente, les dieron el derecho a réplica a los agentes, la DEA y la Embajada.

El 5 de septiembre de 2008, a punto de cumplirse el primer mes del triple crimen, Cristina Kirchner prohibió la importación de efedrina. Era lo que Estados Unidos le reclamaba desde 2006 al kirchnerismo a través de su principal interlocutor: Aníbal Fernández. Quilmes, donde se perdió el rastro de las víctimas, y General Rodríguez, donde los hicieron aparecer de la peor manera, fueron suficientes para el Gobierno.

Aquel 13 de noviembre de 2008, «Patón» Molina entendió tarde que el dato plantado por la SIDE sirvió para cortar para siempre su investigación paralela del triple crimen. Ese día, casualmente, se cumplían tres meses del hallazgo de los tres cuerpos plantados en General Rodríguez.

Molina nunca lo dirá, pero, además de querer hacer política con el triple crimen, una duda le quitó el sueño muchas noches: por qué los asesinos eligieron ese zanjón y no otro, justo frente a su campo.

Los investigadores vieron un mensaje encriptado: ese lugar estaba ubicado a 500 metros de una sucursal del Hotel Elevage, siempre vinculado al radical Enrique «Coti» Nosiglia, siempre conectado al subterráneo mundo de la Inteligencia.

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