«J la firma», el inoportuno regreso de un muerto vivo
Unicenter: empezó el juicio al exfiscal Novo. Crédito: Archivo.
Aquella tarde, un argentino y cuatro colombianos fueron a comprar un semirrígido a un local náutico para un lujoso velero amarrado en un yacht club. Dos de ellos prefirieron esperar afuera. Segundos después, dos sicarios en moto lanzaron una ráfaga. Alcanzado por diez disparos, Juan Sebastián Galvis Ramírez, de 29 años, falleció en el acto.
Eran las 16 horas del 23 de febrero del 2009 en la avenida del Libertador al 1999, en San Fernando, y la calle estaba desierta por el calor y las vacaciones de verano de este lado del mapa.
Era, además, el quinto homicidio de un colombiano en solo doce meses en el gran Buenos Aires: primero, los de Enrique Silva y Fernando Cardona Osorio, hallados ejecutados, mutilados y sus cuerpos prendidos fuegos en La Tablada, La Matanza; y después, el más conocido de todos, el doble crimen de Unicenter, en el que dos sicarios en moto acribillaron a Héctor Edilson Duque Ceballos, alias «Monoteto», y Jorge Alexander Quinteros Gartner la noche del 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping.
Con el correr de los días y los primeros datos, los investigadores sospecharon que los asesinos se equivocaron, que el objetivo en realidad no era Galvis sino su cuñado, Jorge Iván González Ramírez, de 34 años, que se salvó porque ese día vestía parecido a la víctima, según pudo saber Encripdata.
Reacio a brindar detalles como testigo sobre el crimen de Galvis, Jorge Iván menos aún aportó información imputado por tenencia ilegal de una arma de guerra incautada en el yate Woods, valuado en 500 mil dólares, que compró en un astillero de Fernando Miele, expresidente de San Lorenzo. El abogado Mariano Cúneo Libarona, hoy ministro de Justicia, asistió a la familia de la víctima. Así, el cuñado pudo regresar a su país. Antes de irse, lo único que dijo para que no lo relacionaran con el bajo mundo del narcotráfico, fue que su papá los había combatido.
Pero no contó cómo se llamaba su papá, qué hizo y cómo terminó. Según informes de inteligencia, era Danilo Alfonso González Gil, teniente coronel del Bloque de Búsqueda1, el grupo de operaciones especiales creado por el Estado para capturar vivo a muerto a Pablo Emilio Escobar Gaviria. En simultáneo, exsocios del objetivo número del gobierno y los jefes del Cártel de Cali formaron Los Pepes para, directamente, eliminar al líder del Cártel de Medellín. Ambos grupos parecieron ser uno solo. Como sea, finalmente, cumplieron la misión la tarde del 2 de diciembre de 1993 en el techo del último escondite en Los Olivos. Tras la muerte de Escobar, el Bloque fue a Cali para enfrentar al cártel. Tras los arrestos de los hermanos Miguel Ángel y Gilberto Rodríguez Orejuela en 1995, la Búsqueda se centró en el Norte del Valle, el tercer cártel.
Experto en inteligencia, Danilo se relacionó con narcotraficantes para cumplir las misiones, como cuando pudo rescatar al hermano del presidente César Gaviria Trujillo o a la hermana de Andrés López López, un integrante del Norte del Valle devenido en el autor de los libros sobre el «cártel de los sapos».
López López retrató al teniente coronel: «Era amigo de todos. La primera vez que oí su nombre fue en la época de Pablo Escobar, cuando el capo ni siquiera estaba en guerra con el Estado ni con el Cártel de Cali. Luego escuché su nombre en boca de los Rodríguez Orejuela, andaba con ellos. Después con Orlando Henao, que era el jefe del Cártel del Norte del Valle. También estuvo con las autodefensas de Carlos Castaño, con los esmeralderos, con todos terminó González«2.
Hasta el 25 de marzo de 2004. Ese día, Danilo tenía cita con un abogado para ultimar detalles de su entrega voluntaria a los Estados Unidos, toda una confesión de parte. Alguien no quiso que colaborara con los gringos. Dos sicarios en moto fueron suficiente.
Casi cinco años después, pero en Buenos Aires, su hijo Jorge Iván salió ileso del ataque que le costó la vida a su cuñado. Era la segunda vez que sobrevivía a un atentado. Alguien lo quería muerto. Y él seguía vivo. De allí nació un apodo para su novia: Lápida3, aunque, más que piedra, era su amuleto de la suerte.
El fiscal Diego Grau, a cargo del doble crimen de Unicenter, y el fiscal Luis Angelini, del crimen de San Fernando y, luego, por conexidad objetiva, de los tres, debieron enfrentar innumerables obstáculos para intentar determinar por qué narcotraficantes paramilitares colombianos elegían la Argentina para saldar las cuentas pendientes. Pero esos obstáculos no provenían solo de afuera sino también de adentro. Por caso, Julián Andrés Jiménez Jaramillo, que salió ileso de Unicenter, regresó de inmediato a Colombia. La misma noche de los crímenes, alguien le mandó un mensaje de texto: «Ya salieron en las noticias. Muertos»4. El trabajo estaba hecho. Pero cuando los fiscales quisieron interrogar a Jaramillo, desde la Fiscalía General de San Isidro no los dejaron viajar a Bogotá5.
Los fiscales, entonces, comprendieron: las balas no le pasaron cerca a Jaramillo por cosas del azar sino porque fue quién «entregó» a las víctimas del shopping. Y en la Fiscalía General, en vez de apoyarlos, los dejaron solo. Es más: a Grau, directamente, lo sacaron de la investigación; Angelini, en tanto, terminó por denunciar al fiscal general de San Isidro, Julio Alberto Novo, y otros funcionarios judiciales por encubrimiento agravado6.
A pesar de las trabas, los sumarios y hasta las denuncias en su contra, el fiscal Angelini pudo llegar hasta los autores materiales del doble crimen de Unicenter: Jorge Daniel Moreyra, alias «Zurdo», y Víctor Hugo Ovejero Olmedo, «el Pelado», dos barras de Boca. Entusiasmado, el fiscal descubrió conexiones entre los ajustes de cuentas con operaciones de narcotráfico, lavado de activos, agentes del Estado y, especialmente, con las empresas Federal Aviation SA y Madero Office Center SRL.
Gustavo Juliá era el dueño de la primera sociedad y tenía infinidad de llamados con la segunda, así como los barras de Boca que asesinaron a los dos colombianos en Unicenter. Investigar a Juliá recrudeció el hostigamiento de la Fiscalía General7. Sin embargo, el tiempo le dio la razón: el 2 de enero del 2011, agentes de la Guardia Civil de España lo arrestaron a él y a su hermano Eduardo Juliá ni bien aterrizaron el Bombardier Challenger 604 en el aeropuerto de El Prat. Dentro del jet privado llevaban 944 kilos de cocaína.
En la Argentina, Moreyra y Ovejero Olmedo fueron condenados a prisión perpetua por el doble crimen de Unicenter.
En España, los hermanos Juliá fueron sentenciados a 13 años de prisión por la operación de narcotráfico internacional.
Carlos Gustavo Luaces, socio de los Juliá y amigo de Moreyra y Ovejero Olmedo, no fue acusado por narcotráfico y fue absuelto por el doble crimen de Unicenter, precisamente, por falta de pruebas.
Y eso mismo era lo que venía denunciando el fiscal Angelini: que el hostigamiento sistemático desde la Fiscalía General de San Isidro no le permitió recolectar pruebas suficientes contra Juliá y Luaces8. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez enviaron a juicio a Novo y compañía por varios hechos sostenidos en el tiempo para consagrar la impunidad.
A partir de este 15 de agosto, entonces, los que deberán sentarse en el banquillo de los acusados serán el mismísimo Novo, exfiscal general de San Isidro; Eduardo Marcelo Vaiani y Rodrigo Fernando Caro, exfiscales generales adjuntos del distrito; Melisa Fernanda Rey, exsecretaria de la Fiscalía General; y Mariana Busse, exsecretaria de la Secretaría de Gestión de la Fiscalía Descentralizada de San Fernando.
María Inés Domínguez nunca fue acusada, pero supo quién era quién: fue abogada de la emprea de Juliá; era, de hecho, cuñada de Gustavo Juliá; y, encima, era fiscal en Pilar, o sea, trabajaba bajo las órdenes del fiscal general Novo. Por su parte, Rey, que prestaba servicios en la Fiscalía General, llamaba recurrentemente a los abogados de los asesinos del shopping. Y Busse renunció el 30 de junio de 2008 a la Fiscalía General, fue defensora sustituta de los Juliá y, en el 2012, Novo la designó en la fiscalía para colaborar en el esclarecimiento de los tres crímenes, aunque Angelini señaló que hizo todo lo contrario. Y era la pareja del principal abogado de los Juliá9.
Obviamente, nadie puede ser juzgado por sus relaciones familiares, laborales, societarias y hasta sociales, pero los fiscales sospecharon que fue, precisamente, por esas relaciones que se pusieron de acuerdo para no dejarlos llegar con pruebas hasta los Juliá.
Del otro lado del océano Atlántico, mientras tanto, un juez de España expidió una Orden Europea de Detención y Entrega contra Jorge Iván González Ramírez por narcotráfico10, lo mismo que sospechó el fiscal Angelini cuando el 24 de febrero de 2009 se disponía a inspeccionar el yate Woods. Aquel día, desde la Fiscalía General de San Isidro se lo impidieron: lo citaron de urgencia para una reunión sin importancia.
El fiscal debió delegar el operativo en la Policía.
Al final, nunca pudo reconstruir los viajes de «J la firma» abordo del velero.
1 Fuente con acceso al expediente.
2 El Espectador, 14 de abril de 2014.
3 Messi, Virginia y Bordón, Juan Manuel (2014). Narcolandia. Sudamericana.
4, 5, 6, 7, 8, 9 Extracto del expediente judicial.
10 El Tiempo, 14 de junio de 2024.
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