Confirmaron los procesamientos del fiscal Bruno y el exjuez Reynoso por una coima de 150 mil dólares para beneficiar a un narco
Exjuez Reynoso, fiscal Bruno y una coima de 150 mil dólares de un narco de Orán. Crédito: MPF.
La Cámara Federal de Salta confirmó este miércoles los procesamientos del fiscal federal José Luis Bruno, el exjuez federal Raúl Juan Reynoso y el narcotraficante René Antonio Arancibia, alias «Choco», porque los primeros le cobraron 150 mil dólares a cambio de recibir beneficios para él y su organización narcocriminal, según el fallo al que accedió Encripdata. En cambio, dictó la falta de mérito del secretario de la fiscalía Luis Francisco Valencia y decretó el sobreseimiento del secretario del juzgado Gustavo José Adad. Todo sucedió en San Ramón de la Nueva Orán, parte de la frontera caliente con Bolivia.
La investigación contra el exjuez y el fiscal comenzó en el 2021 cuando el narcotraficante de origen sirio Barakat Barakat declaró como imputado colaborador.
Para ese momento, el «arrepentido» se encontraba cumpliendo condena en la cárcel federal de Güemes: un tribunal de Catamarca lo sentenció en el 2018 a 12 años de prisión por el tráfico de 85.520 kilos de bicarbonato de sodio, 80 kilos de lidocaína y 31 kilos de cafeína, todos precursores químicos para la producción de cocaína. El autor de esta nota fue testigo del juicio1. En uno de los allanamientos, precisamente, le encontraron una bolsita con 289,3 gramos.
Entonces, en el 2021, Barakat denunció que años atrás había actuado como intermediario de Arancibia para arreglar sus problemas con el entonces juez Reynoso y el actual fiscal Bruno.
Así, se refirió al operativo de la Gendarmería del 29 de octubre del 2011 en la ruta nacional 9 a la altura del paraje Cabeza de Buey. Aquel día, hicieron frenar una Fiat Strada Adventure Pick-Up. Martín Miguel Weber, el chofer, trasladaba 93 kilos de cocaína en la caja de la camioneta. Los detectives lo sabían: llevaban dos años investigándolos, a partir de una denuncia anónima contra «Choco» Arancibia, el líder de la organización. Según las «escuchas» telefónicas, el plan era «coronar» en Brasil.
Entonces, según denunció Barakat, Arancibia aceptó pagar 130 mil dólares al juez Reynoso, a cargo de la instrucción. Por la intermediación, ganaría 20 mil dólares. En el medio, hubo un problema: el conductor de la camioneta, en vez de guardar silencio, mandó al frente a «Choco». Entonces, el abogado Arsenio Eladio Gaona, otro intermediario, le avisó a Barakat que Arancibia también debería pagarle al fiscal Bruno: como «estaba al tanto de la situación», había que «arreglar con él», de lo contrario, el magistrado no lo podría excarcelar. Siempre según el «arrepentido», al fiscal le entregaron los 20 mil dólares que originalmente eran para él y a él le prometieron un auto.
Para determinar si lo declarado por Barakat era creíble, los fiscales federales Eduardo Villalba, Carlos Amad y Diego Iglesias -jefe de la Procunar- revisaron el expediente por la incautación de los 93 kilos de cocaína en la ruta.
Al principio, sabiendo que les seguían los pasos, «Choco» y su hermano Héctor solicitaron eximiciones de prisión. Lo hicieron a través de su abogada María Elena Esper. El juez Reynoso hizo dos cosas: primero dispuso la falta de mérito de cinco de los seis imputados por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos y solo procesó al chofer, pero por el transporte simple de los «ladrillos». Y después ordenó la captura nacional e internacional de los que consideraba jefes: los Arancibia.
Entre el 17 de noviembre del 2011 y el 7 de diciembre del 2012, Esper solicitó cuatro veces la libertad ambulatoria de los Arancibia y todas las veces el magistrado las rechazó.
Finalmente, «Choco» se presentó el 11 de diciembre del 2012 en el juzgado para ser indagado. Al momento de resolver la situación procesal, el por entonces juez Reynoso dispuso la falta de mérito sobre la asociación ilícita y lavado de activos y lo procesó únicamente por el transporte de los 93 kilos, pero en calidad de partícipe secundario por brindar un aporte no esencial para la consumación del hecho.
En otras palabras: lo excarceló rápido.
Arancibia estuvo solo diez días detenido.
Para los nuevos fiscales, ese giro abrupto solo tenía una explicación: el pago de la coima.
Como había declarado el narcotraficante «arrepentido».
Lo que pasó después con Reynoso ya es historia conocida: el juez renunció a su cargo en abril del 2016, en un intento por frenar las investigaciones en su contra. No lo consiguió: el 25 de marzo del 2019, el Tribunal Oral Federal de Salta lo sentenció a 13 años de prisión por concusión en siete hechos en concurso ideal con prevaricato en otros seis2, o sea, favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales a cambio de plata.
Aquel día, el tribunal también condenó a 10 años y seis meses de prisión a Esper, casualmente o no tanto la abogada de los Arancibia. Era el mismo modus operandi.
Si alguna vez la expresidenta Cristina Kirchner consideró a Reynoso como un héroe3 por su efectividad para combatir el narcotráfico en la frontera con Bolivia a pesar de la escacez de recursos en el juzgado, su caída puso en duda todas y cada una de sus investigaciones. Así, los fiscales Villalba, Amad e Iglesias revisaron otros expedientes.
Primero, avanzaron contra los narcotraficantes: después de once años de la operación internacional, el juez federal Germán Montoya, a cargo de acomodar el juzgado de Reynoso, ordenó la detención de la banda de los Arancibia4. La Gendarmería arrestó a «Choco» el 9 de mayo de 2023 cuando intentaba esconderse en Bolivia. Luego, los procesó. A su hermano Héctor no lo pudieron ubicar: tiene orden de captura internacional.
Con la operación de narcotráfico en regla, el juez federal Julio Bavio y los fiscales Villalba, Amad e Iglesias avanzaron contra los funcionarios judiciales: entre octubre y diciembre les tomaron declaración indagatoria.
Al fiscal Bruno le reprocharon nueve hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, perjudicar nueve veces la causa que le fue confiada y un hecho de cohecho pasivo5, principalmente por no haber apelado la falta de mérito -con la consecuente libertad- del chofer que trasladaba los «ladrillos» en la camioneta ni el procesamiento contra este pero por el delito de transporte simple, cuando la investigación indicaba que se trataba de una operación de narcotráfico internacional; ni haber apelado el procesamiento de Arancibia como partícipe secundario -con su inmediata excarcelación-, cuando, otra vez, lo recolectado durante dos años, desde la misma denuncia anónima, lo marcaban como el jefe de la banda.
Como pruebas, el juez Bavio y los fiscales Villalba, Amad e Iglesias mostraron el propio expediente del juzgado de Reynoso y la fiscalía de Bruno y la declaración de Barakat como imputado colaborador.
El fiscal Bruno presentó varios escritos: básicamente, le echó la culpa a Reynoso al decir que pretendía «colapsar la fiscalía» enviándole entre 300 y 500 vistas por día para que no pudiera investigar correctamente6 y a Barakat, al considerar que declaró como «arrepentido» para vengarse porque estaba investigando a la esposa. Después, apuntó hacia arriba: aseguró que los jueces y fiscales de Cámara, al revisar sus decisiones y las del juzgado, no opusieron reparo alguno.
Arancibia, por su parte, se presentó como agricultor de la zona de Yacuiba aunque luego, al ser interrogado por los fiscales, debió reconocer que tenía un viejo antecedente por narcotráfico. Luego, intentó dar vuelta la situación: afirmó que en realidad Barakat y Gaona fueron varias veces a su campo a extorsionarlo, pero que nunca le pagó 150 mil dólares a Reynoso y Bruno.
Reynoso, en tanto, disparó para abajo y para los costados: dijo que Adad, el secretario de su juzgado, mintió en su declaración solamente para «salvar su responsabilidad»; y que él y Bruno nunca fueron «enemigos», al contrario, recordó que «viajaron juntos a otras provincias» para participar de eventos deportivos.
Las defensas de los imputados no conmovieron al juez y los fiscales: Bruno había tenido doce años para evitar que los narcotraficantes se salieran con la suya, incluso cuando Reynoso ya había sido condenado y ya no tenía poder para hacer «colapsar» la fiscalía. Y, además, la denuncia contra la esposa del «arrepentido» no la había empezado él sino el juez Montoya.
Sobre el secretario del juzgado y el secretario de la fiscalía, el juez Bavio remarcó un atenuante: al vivir en la misma ciudad que las máximas autoridades judiciales y las organizaciones narcocriminales, consideró posible que hayan sentido temor, para aquellos como para sus familias, de denunciar penalmente el pacto entre Reynoso, Bruno y Arancibia. Sin embargo, desde que Montoya reempazó a Reynoso en el juzgado y desde que el tribunal condenó al exmagistrado pasaron muchos años, tiempo suficiente en el que tuvieron la oportunidad de «poner en marcha la actividad judicial haciéndoles saber a sus superiores los graves hechos». Sin embargo, eligieron «guardar silencio»7.
Así las cosas, el juez Bavio, con impulso de los fiscales Villalba, Amad e Iglesias, procesó el 1 de marzo al exjuez Reynoso y al fiscal Bruno. Lo hizo sin ordenar la prisión preventiva, pero sí el embargo de 100 millones de pesos y 50 millones, respectivamente. A Arancibia también lo procesó y embargó.
Ahora, la Cámara Federal de Salta rechazó todos y cada uno de los planteos de los imputados. El exjuez Reynoso, por ejemplo, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.304 del arrepentido con respecto a su aplicación en expedientes donde se investiguen hechos anteriores a la entrada en vigencia de la ley, sancionada en octubre del 2016; les recriminó a los acusadores que «nunca antes hicieron nada contra el fiscal Bruno a pesar de toda la prueba que había en su contra»; y, a pesar de todo, dijo que era su amigo.
Bruno, en tanto, sostuvo que «todo fiscal tiene potestad autónoma para adoptar una u otra posición jurídica según su criterio, aunque esto no fuese compartido por otros magistrados, sin que acarree responsabilidad penal» y que al exjuez lo consideraba su enemigo.
A su turno, los camaristas les contestaron: valoraron la confesión de Barakat, seguramente a cambio de algún beneficio procesal, pero «sin cuya versión, cabe reconocer, los graves delitos que habrían cometido los magistrados probablemente hubiesen permanecido impunes». Las afirmaciones del «arrepentido», de hecho, «tuvieron sustento en datos que se encontraban agregados en investigaciones, a los que difícilmente hubiese accedido de no intervenir en la negociación del soborno».
Es más: advirtieron que a pesar de las resoluciones irregulares del exjuez Reynoso en beneficio de clan Castedo, «la fiscalía federal de Orán, a cargo del doctor Bruno, extrañamente se mostró pasiva»8.
En su descargo, Reynoso reconoció: «Para suerte o para desgracia de Bruno, vamos abrazados porque la situación de ambos es similar»9. En eso, solo en eso, la Cámara Federal hoy le dio la razón.
1 tn.com.ar/policiales/los-hermanos-barakat-fueron-condenados-12-anos-de-prision-por-traficar-precursores-quimicos_917756
2 cij.gov.ar/nota-33916-condenan-al-exjuez-Reynoso-a-13-anos-de-prision-.html
3 cfkargentina.com/cristina-kirchner-cadena-nacional-acto-de-inauguracion-del-banco-nacional-de-materiales-controlados-banmac
4 encripdata.com/2023/06/06/choco-arancibia-rene-hector-93-kilos-cocaina-salta-brasil
5, 6, 7, 8, 9 Extracto del expediente judicial.
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