Imputaron durante doce años al hombre equivocado por el tráfico de 70 kilos de pasta base en Orán: ordenan investigar al fiscal Bruno
Imputaron durante doce años al hombre equivocado. Crédito: Encripdata.
Acorralado por las denuncias en su contra, el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, renunció en abril de 2016 para intentar enfriar las investigaciones. No lo consiguió: un tribunal lo condenó a 13 años de prisión por favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales a cambio de plata. Hoy, a ocho años de su salida, las autoridades continúan descubriendo más casos, según pudo recontruir Encripdata. Pero ahora también sospechan del único fiscal de la jurisdicción: José Luis Bruno.
Todo empezó el 4 de julio de 2011 cuando el Centro de Reunión de Información de la Gendarmería en Jujuy pidió investigar al clan de los «Molina» y Alemán por narcotráfico.
La noche del 15 de noviembre, finalmente, los gendarmes realizaron un operativo en una YPF ubicada en San Pedro, Jujuy, al costado de la ruta nacional 34. Allí detuvieron a «Molina» y su pareja, Melisa Alemán, antes de que reanudaran viaje con 70 kilos de pasta base de cocaína en un Fiat Strada Adventure Pick-Up. Enseguida, arrestaron al conductor de otro vehículo, Federico Gerardo Rojas.
El 10 de enero del 2012, el conjuez Ramón Antonio Valor procesó con prisión preventiva a los integrantes de la organización narcocriminal. A «Pilín» Rojas, encargado de «barrer» el camino, lo consideró partícipe necesario. Sin embargo, al regreso de la feria judicial, el juez Reynoso minimizó la participación, lo procesó pero como partícipe secundario y lo excarceló.
A pesar del giro procesal, el fiscal Bruno no apeló. La abogada María Elena Esper, mucho menos. Poco a poco, todos recuperaron la libertad, el magistrado nunca elevó el expediente a juicio y todos se olvidaron de lo sucedido. Hasta el 25 de marzo del 2019, cuando el Tribunal Oral Federal de Salta sentenció, entre otros, al exjuez Reynoso a 13 años de prisión; a Esper, a 10 años; y a Valor, a 4 años.
En consecuencia, la Cámara Federal de Salta ordenó revisar todo lo actuado en el juzgado federal de Orán, expediente por expediente. Y en voz baja, un rumor, una sospecha se esparció por la frontera: Reynoso no hubiera podido «arreglar» causas con narcotraficantes sin la complicidad, por acción u omisión, del fiscal.
Y uno de ellos, ya condenado, se presentó en el 2021 para dar fe de eso: como imputado colaborador, Barakat Barakat declaró que años atrás había actuado como intermediario de René Antonio Arancibia, alias «Choco», para solucionar sus problemas con Reynoso y Bruno: 130 mil dólares para el entonces juez y 20 mil para el aún fiscal.
Así, se refirió al operativo de la Gendarmería del 29 de octubre del 2011 en la ruta nacional 9 a la altura del paraje Cabeza de Buey. Aquel día, hicieron frenar una Fiat Strada Adventure Pick-Up con 93 kilos de cocaína. Los detectives lo sabían: llevaban dos años investigándolos, a partir de una denuncia anónima contra «Choco». Según las «escuchas» telefónicas, el plan era «coronar» en Brasil.
Para determinar si lo dicho por el «arrepentido» era creíble, los fiscales federales Eduardo Villalba, Carlos Amad y Diego Iglesias -jefe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)- revisaron el expediente del caso Arancibia.
Barakat no mintió: el juez federal Julio Bavio procesó este 1° de marzo al exjuez Reynoso y al fiscal Bruno. Lo hizo sin ordenar las prisiones preventivas, pero sí los embargos de 100 millones de pesos y 50 millones, respectivamente. A «Choco» Arancibia también lo procesó y embargó.
De regreso al clan de los «Molina» y Alemán, el juez federal Gustavo Montoya, reemplazante de Reynoso en Orán, elevó el expediente a juicio a finales del 2023, pero el tribunal se lo devolvió para que notificara a los imputados. En el medio, el magistrado descubrió lo sucedido con «Pilín» Rojas, lo procesó como partícipe necesario y clausuró la instrucción. Pero, ahora sí, los nuevos defensores de Rojas apelaron.
Tras todas esas idas y vueltas, los jueces Alejandro Castellanos y Mariana Catalano, de la Sala II de la Cámara Federal de Salta, dispusieron que el fiscal Bruno «emita un nuevo requerimiento de elevación de la causa a juicio» y, a la vez, exhortaron al Ministerio Público Fiscal a que «examine lo actuado en esta causa por el exjuez Reynoso y por la fiscalía», es decir, que investigue por enésima vez al exmagistrado y una más al fiscal Bruno.
A diferencia del caso Barakat, nadie del clan de los «Molina» y Alemán declaró que el juez o el fiscal los hayan extorsionado, pero el modus operandi fue el mismo para la misma época.
En realidad, Molina, el conductor del auto con los 70 kilos de paste base de cocaína, no irá a juicio: el exjuez Reynoso imputó a la persona equivocada. Y el fiscal Bruno, en doce años, nunca se dio cuenta. Alguien, además, extravió las fichas dactilares. Recién las encontraron a principios de este año cuando otro fiscal avanzó contra Emmanuel Gabriel Cala, el hombre detrás de la falsa identidad.
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