El triple crimen de la efedrina: sobreseyeron a los funcionarios que permitieron el ingreso de 41 toneladas
La sombra de la Sedronar en la ruta de la efedrina a México. Crédito: Télam.
A quince años de la explosión de la «ruta de la efedrina», todos los funcionarios de la Sedronar que permitieron el ingreso de 40.972 kilos del precursor químico fueron sobreseídos este lunes por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 8 porteño, según el fallo al que accedió Encripdata. Por acción u omisión, esas toneladas terminaron en manos de cárteles mexicanos para la elaboración de metanfetaminas, pero ahora, por cuestiones técnicas, los jueces, a pedido del fiscal, declararon libres de culpa y cargo a José Ramón Granero y compañía incluso antes de comenzar el juicio.
En el banquillo de los acusados, además del dentista del expresidente Néstor Kirchner, debían sentarse Julio De Orue, por entonces jefe del Registro Nacional de Precursores Químicos (RNPQ); Gabriel Yusef Abboud, exdirector de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos y luego subsecretario Técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico; Miguel Ángel Zacarías, secretario privado de Granero; y su hermano Máximo Rito Zacarías, empleado del PAMI, todos funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner.
Inicialmente, la investigación sobre el rol de la Sedronar en la «ruta de la efedrina» estuvo a cargo de la jueza federal María Servini, que descubrió que en los días previos y posteriores a la entrada de los contenedores de efedrina al aeropuerto internacional de Ezeiza, algunos empresarios y funcionarios de la secretaría antidrogas cruzaban llamados. Particularmente los de Prefarm y Farmacéuticos Argentinos (FASA), Alfredo Abraham, Guillermo Manfredi, Salvador Alberto López Martucci, alias «el Negro» López, y el eterno prófugo Josué Fuks.
En esa explosión de comunicaciones, alguien llamaba a Balcarce 50 y alguien respondía.
Alguien en la Casa Rosada tenía interés en el millonario negocio.
Dos mujeres formaron parte de ese sinfín de llamados: Susana Muzzio y Sandra Oyarzabal primero fueron asesoras de Granero y luego fueron contratadas por Prefarm y FASA.
«De los 47.625 kilos de efedrina importados entre 2004 y 2008, 40.972 kilos fueron desviados a manos de condenados, procesados o denunciados por narcotráfico», remarcó la jueza Servini en el 2014 a la hora de procesar a Granero y compañía. Ese mismo año, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 porteño condenó a los dueños de Prefarm y FASA por el desvío de 17 toneladas de efedrina que ellos mismos importaron con autorización de la Sedronar.
Pero en octubre, en la audiencia preparatoria del debate, el fiscal de juicio Marcelo Colombo pidió aplicar el artículo 361 del Código Procesal Penal, que permite sobreseer a los acusados por «circunstancias novedosas» sin necesidad de realizar el debate sobre las pruebas que dieron origen al expediente, como publicó el periodista Nicolás Pizzi en Infobae ahora y en ese momento.
Llamativamente, la AFIP, que siempre impulsó los juicios por contrabando de efedrina, esta vez no se presentó como querellante contra la Sedronar.
Entre la «prueba nueva», el fiscal citó dos hechos que a su criterio cambiaron el escenario general: por un lado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de San Martín absolvió el 23 de agosto a tres empresarios que formaron parte de la cadena de desvío del precursor químico, incluso hacia el laboratorio de metanfetaminas del mexicano Juan Jesús Martínez Espinoza en Ingeniero Maschwitz. Si bien en este debate quedó demostrado el aspecto objetivo de la acción, es decir, la venta hacia los narcotraficantes, el fiscal de juicio Carlos Cearras consideró que no estaba probado el aspecto subjetivo de la acción, o sea, que los acusados supieran que lo que vendieron se usaría para la producción de drogas sintéticas y por eso solicitó absolver a Carlos Edelmiro González, Marcelo Lisanti y Marcial Crespi por el beneficio de la duda.
En el juzgado de Servini siempre sospecharon ante Encripdata que Lisanti y Crespi trabajaban con la cobertura de la Secretaría de Inteligencia. Casualmente, en el juicio en su contra, los empresarios consiguieron las absoluciones de la mano de dos abogados de histórica relación con la SIDE.
Por otro lado, el juzgado federal 12 de Comodoro Py, sin titular desde 2019, sobreseyó el 22 de marzo del 2022 a otros empresarios y a Pedro Lucas Paradelo, exempleado del RNPQ. Este juzgado se hizo cargo del tramo final de la investigación porque la jueza Servini se excusó de seguir interviniendo en el 2017 por sentirse «víctima de hostigamiento» de uno de los exfuncionarios apuntados.
En limpio: a quince años de la explosión de la «ruta de la efedrina» -a partir del allanamiento a la quinta de Ingeniero Maschwitz y el triple crimen de General Rodríguez-, los responsables de cuatro empresas importadoras y varias farmacias distribuidoras fueron sobreseidos en instrucción o absueltos en juicio, pero también los dueños de dos empresas importadoras (Prefarm y FASA), un monotributista importador (Guillermo Ascona, vinculado a FASA) y varias farmacias distribuidoras fueron condenadas a penas de prisión. Y, obviamente, muchos traficantes argentinos, como Ibar Esteban Pérez Corradi, que, con cobertura de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), la Policía Federal (PFA) y la Aduana, entregaron casi 41 toneladas de efedrina a los cárteles mexicanos instalados en la Argentina.
Tras exponer las circunstancias novedosas, el fiscal Colombo recordó que Granero y compañía estaban acusados como partícipes necesarios del delito -«introducción al país de materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, habiendo efectuado una presentación correcta ante la Aduana y alterando posteriormente su destino de uso-«, pero los autores o coautores fueron sobreseídos o absueltos y, entonces, por una cuestión lógica, no podía sostener la acusación.
Sin embargo, López Martucci y Abraham, de Prefarm y FASA, fueron condenados, precisamente, como coautores de ese mismo delito en octubre del 2014, con sentencia confirmada por Cámara en febrero del 2017. Y estos empresarios, después de conseguir los certificados de importación de la Sedronar, fueron los que les vendieron 13 toneladas a Pérez Corradi, enlace con Maximiliano «Fantasma» Romero y la célula mexicana de los García Mena.
Entre la «prueba vieja» existían elementos que podían jugar a favor de los acusados -por caso, Granero mismo hizo la primera denuncia por irregularidades en el 2007, pero para ese momento ya se habían importado 17 toneladas- y otros que podían jugar en contra. De eso se trataba el juicio: debatir las pruebas y, en todo caso, analizar las viejas y las nuevas de manera integrada y armoniosa para llegar a una conclusión. Pero los jueces María Gabriela López Iñíguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli, los mismos que condenaron a Pérez Corradi en el 2018 con Colombo como fiscal, consideraron en esta oportunidad que ni siquiera era necesario abrir el debate.
Algo es seguro: si bien los empresarios pudieron aferrarse a su supuesto desconocimiento del destino final de la efedrina, pues su fin como comerciantes es el rédito económico, los funcionarios públicos, como tales, tenían la obligación de hacer cumplir la ley.
Y estaban a un click de hacerlo: año tras año, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) publicaba en su web alertas sobre el creciente contrabando de efedrina desde la Argentina a México y, ya como meths, ice o crystal, a Estados Unidos.
El autor de esta nota y Diego Ferrón, hermano de Damián Ferrón, acaban de publicar el libro Operación Crystal, el expediente secreto sobre el triple crimen en el que revelan detalles inéditos de la masacre de General Rodríguez, el rol de la SIDE en la «ruta de la efedrina» y la sombra de la DEA en esta compleja trama que combina política, narcotráfico y espionaje, en un viaje siguiendo pistas desde China e India hasta la Argentina y de aquí hacia México y Estados Unidos y en el que plantean la hipótesis de que la agencia de seguridad pudo estar detrás de las ejecuciones de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.
Así, entre 2004 y 2008, Granero y compañía permitieron el ingreso de 41 toneladas de efedrina.
Cada año, sin embargo, la industria farmacéutica local necesitaba solamente 156 kilos.
Ese negocio, por millones de dólares, se terminó solo después del triple crimen de General Rodríguez.
Pero los funcionarios que lo hicieron posible, finalmente, quedaron libres de culpa y cargo.
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