Las «pruebas nuevas» que dejaron al borde de la impunidad a la Sedronar por la ruta de las 41 toneladas de efedrina
La sombra de la Sedronar en la ruta de la efedrina a México. Crédito: Télam.
En octubre, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 8 porteño debían empezar el juicio al exjefe de la Sedronar, José Ramón Granero, y compañía por la ruta de los 40.972 kilos de efedrina desviados entre 2004 y 2008. Sin embargo, el fiscal de juicio Marcelo Colombo solicitó el sobreseimiento de los exfuncionarios públicos que por acción u omisión permitieron que esas toneladas terminaran en manos de los cárteles mexicanos.
En el banquillo de los acusados, además del dentista del expresidente Néstor Kirchner, debían sentarse Julio De Orue, por entonces jefe del Registro Nacional de Precursores Químicos (RNPQ); Gabriel Yusef Abboud, exdirector de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos y luego subsecretario Técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico; Miguel Ángel Zacarías, secretario privado de Granero; y su hermano Máximo Rito Zacarías, empleado del PAMI.
Inicialmente, la investigación sobre el rol de la Sedronar en la «ruta de la efedrina» estuvo a cargo de la jueza federal María Servini, que descubrió que en los días previos y posteriores a la entrada de los contenedores de efedrina al aeropuerto internacional de Ezeiza, algunos empresarios y funcionarios de la secretaría antidrogas cruzaban llamados. Particularmente los de Prefarm y Farmacéuticos Argentinos (FASA), Alfredo Abraham, Guillermo Manfredi, Salvador Alberto López Martucci, «el Negro» López, y el aún prófugo Josué Fuks. En esa explosión de comunicaciones, alguien llamaba a Balcarce 50 y alguien respondía. Alguien en la Casa Rosada tenía interés en el millonario negocio.
Dos mujeres formaron parte de ese sinfín de llamados: Susana Muzzio y Sandra Oyarzabal primero fueron asesoras de Granero y luego fueron contratadas por Prefarm y FASA.
«De los 47.625 kilos de efedrina importados entre 2004 y 2008, 40.972 kilos fueron desviados a manos de condenados, procesados o denunciados por narcotráfico», remarcó la jueza Servini en el 2014 a la hora de procesar a Granero y compañía. Ese mismo año, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 porteño condenó a los dueños de Prefarm y FASA por el desvío de 17 toneladas de efedrina que ellos mismos importaron con autorización de la Sedronar.
Pero ahora, en la audiencia preparatoria del debate, el fiscal Colombo pidió aplicar el artículo 361 del Código Procesal Penal, que permite sobreseer a los acusados por «circunstancias novedosas» sin necesidad de realizar el juicio de debate sobre las pruebas que dieron origen al expediente, como publicó el periodista Nicolás Pizzi en Infobae.
Llamativamente, la AFIP, que siempre impulsó los juicios por contrabando de efedrina, esta vez no se presentó como querellante contra la Sedronar.
Entre la «prueba nueva», el fiscal citó dos hechos que a su criterio cambiaron el escenario general: por un lado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de San Martín absolvió este 23 de agosto a tres empresarios que formaron parte de la cadena de desvío del precursor químico, incluso hacia el laboratorio de metanfetaminas del mexicano Juan Jesús Martínez Espinoza en Ingeniero Maschwitz. Si bien en este debate quedó demostrado el aspecto objetivo de la acción, es decir, la venta hacia los narcotraficantes, el fiscal de juicio Carlos Cearras consideró que no estaba probado el aspecto subjetivo de la acción, o sea, que los acusados supieran que los precursores químicos que vendieron se usarían para la producción de drogas sintéticas y por eso solicitó absolver a Carlos Edelmiro González, Marcelo Lisanti y Marcial Crespi por el beneficio de la duda.
Por otro lado, el juzgado federal 12 de Comodoro Py, sin titular desde 2019, sobreseyó el 22 de marzo del 2022 a otros empresarios y a Pedro Lucas Paradelo, exempleado del RNPQ. Este juzgado se hizo cargo del tramo final de la investigación porque la jueza Servini se excusó de seguir interviniendo en el 2017 por sentirse «víctima de hostigamiento» de uno de los exfuncionarios apuntados.
En limpio: a quince años de la explosión de la «ruta de la efedrina» -a partir del allanamiento a la quinta de Ingeniero Maschwitz y el triple crimen de General Rodríguez-, los responsables de cuatro empresas importadoras y varias farmacias distribuidoras fueron sobreseidos en instrucción o absueltos en juicio, pero también los dueños de dos empresas importadoras (Prefarm y FASA), un monotributista importador (Guillermo Ascona, vinculado a FASA) y varias farmacias distribuidoras fueron condenadas a penas de prisión. Y, obviamente, muchos traficantes argentinos, como Ibar Esteban Pérez Corradi, que, con cobertura de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), la Policía Federal (PFA) y la Aduana, entregaron casi 41 toneladas de efedrina a los cárteles mexicanos instalados en la Argentina.
Pero, ahora, una serie de fallos judiciales dejaron al borde de la impunidad la trama política de la «ruta de la efedrina». El devenir de la investigación sobre lo sucedido el 20 de mayo de 2008 es un ejemplo: ese día, Máximo Zacarías, del PAMI, se reunió con Paradelo en el Registro Nacional de Precursores Químicos para autorizar para esa misma noche 1.000 kilos de efedrina para Carlos Edelmiro González, dueño de la farmacia Proinfa en Clorinda, Formosa. González ni siquiera era importador. Esa tonelada era para Fuks, «cerebro» de FASA. Al día siguiente de la visita de Zacarías a Paradelo, alguien presentó un formulario a nombre de González para su reinscripción ante el RNPQ y otro para su alta como importador.
Sin embargo, el juzgado federal 12 de Comodoro Py sobreseyó a Paradelo -por desconocer el contenido de los llamados con Muzzio y Oyarzabal-; un tribunal de San Martín absolvió a González por el beneficio de la duda -la sentencia no lo dijo, pero sus 83 años le jugaron a favor para no enviarlo a la cárcel-; y eso debilitó la imputación contra Máximo Zacarías, como pudo reconstruir Encripdata.
Tras exponer las circunstancias novedosas, el fiscal Colombo recordó que Granero y compañía estaban acusados como partícipes necesarios del delito -«introducción al país de materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, habiendo efectuado una presentación correcta ante la Aduana y alterando posteriormente su destino de uso-«, pero los autores o coautores fueron sobreseídos o absueltos y, entonces, por una cuestión lógica, no podía sostener la acusación.
Sin embargo, López Martucci y Abraham, de Prefarm y FASA, fueron condenados, precisamente, como coautores de ese mismo delito en octubre del 2014, con sentencia confirmada por Cámara en febrero del 2017. Y estos empresarios, después de conseguir los certificados de importación de la Sedronar, fueron los que les vendieron 13 toneladas a Pérez Corradi, enlace con Maximiliano «Fantasma» Romero y la célula mexicana de los García Mena.
Entre la «prueba vieja» existen elementos que podrían jugar a favor de los acusados -por caso, Granero mismo hizo la primera denuncia por irregularidades en el 2007, pero para ese momento ya se habían importado 17 toneladas- y otros que podrían jugar en contra. De eso se trata un juicio: debatir las pruebas y, en todo caso, analizar las viejas y las nuevas de manera integrada y armoniosa para llegar a una conclusión. Algo es seguro: si bien los empresarios pudieron aferrarse a su supuesto desconocimiento del destino final de la efedrina, pues su fin como comerciantes es el rédito económico, los funcionarios públicos, como tales, tenían la obligación de hacer cumplir la ley.
Y estaban a un click de hacerlo: año tras año, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) publicaba en su web alertas sobre el creciente contrabando de efedrina desde la Argentina a México y, ya como meths, ice o crystal, a Estados Unidos.
Diego Ferrón, hermano de Damián, y el autor de esta nota revelarán en el libro Operación Crystal, el expediente secreto sobre el triple crimen la trama detrás de las ejecuciones de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina y la íntima conexión con el tráfico de efedrina para que la sociedad sepa de una vez por todas quién pudo ser el autor intelectual.
Ahora, los jueces María Gabriela López Iñíguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli, los mismos que condenaron a Pérez Corradi en el 2018, con Colombo como fiscal de juicio, tendrán la última palabra sobre lo sucedido en aquellos años, cuando desde la Sedronar se alimentó con 41 toneladas de efedrina a los cárteles mexicanos mientras la industria farmacéutica argentina solo necesitaba 156 kilos al año.
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