La Comisión Provincial por la Memoria apuntó a la Bonaerense por el crimen de Guastini
Empieza el juicio por el crimen de Guastini. Crédito: Encripdata.
Mientras 27 policías esperan el juicio por «Leones Blancos» y otras causas armadas en la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) vinculó a aquellos con el crimen del hombre que les dio el dato para que pudieran robarle media tonelada de cocaína al clan Loza en medio de la autopista Panamericana a finales del 2013: Diego Xavier Guastini, alias «Dolarín», un capo del narcolavado.
En abril, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados bonarense destituyó al fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, precisamente, por las irregularidades cometidas en «Leones Blancos». En paralelo, con el procesamiento confirmado por falsedad ideológica de documento público, Scapolan solicitó apartar a la CPM como querellante, en una jugada por tener menos acusadores en su contra cuando se siente en el banquillo.
En la audiencia para definir la situación de la Comisión, su secretario, Roberto Cipriano García, además de rechazar el planteo, vinculó a la organización narcopolicial con el crimen de «Dolarín»: «Se trató de un modus operandi que incluyó a 27 policías elevados a juicio, no agentes comúnes sino un comisario mayor, dos comisarios inspectores, un jefe de DDI, dos subcomisarios y tres funcionarios judiciales imputados (en referencia a Scapolan y sus dos secretarios). En todo este entramado, además de las Departamentales de Quilmes y San Isidro, aparecen mencionados policías de Moreno y San Martín. Y aunque todavía no está constatado porque recién está elevado a juicio, aparecen dos homicidios vinculados a esta causa, el de Diego Pablo Rivero en 2018 y el de Guastini, el financista asesinado en 2019. Todos estos policías van a ser juzgado por asociación ilícita, narcotráfico, cohecho, extorsión, amenazas, incluso tareas de inteligencia ilegal».
Como recordó la CPM, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez determinaron que hubo 57 víctimas de amenazas, allanamientos ilegales y robos de bienes a las que debía representar. Esta organización narcopolicial creció al interior de la Bonaerense con complicidad judicial. Scapolan consiguió el apartamiento de la magistrada y la falta de mérito en otros delitos por «Leones Blancos». El juez Emiliano Canicoba quedó a cargo del proceso contra el exfiscal.
A su turno, el abogado Damián Odetti, que representa a dos de las víctimas, consideró que Scapolan buscó apartar a la CPM para debilitar a los acusadores y sugirió que a él lo podrían obligar a circunscribirse a los hechos sufridos por sus clientes. En ese escenario, la suerte del exfiscal dependería solamente del fiscal de juicio que sea designado.
A los crímenes mencionados por la Comisión, el abogado sumó los de «Guzmán, Giménez, Caviglia, un policía que estaba por declarar como ‘arrepentido’ y lo dejaron morir en la cárcel, y otras personas más».
Como pudo reconstruir Encripdata, la CPM requirió una copia de la causa en la cual se investiga el homcidio de Guastini, «circunstancia posiblemente vinculada» a la causa de «Leones Blancos», en la que se encontraban como querellantes.
Por el crimen de «Dolarín», en el banquillo estará sentado Marcelo Fabián Padovani, alias «Pelado», «Grandote» o «Tuki». Por pedido del acusado, serán doce personas comunes quienes decidan si es culpable o inocente.
La fiscal de juicio será María de los Ángeles Attarian Mena y la familia de la víctima, como particular damnificada, estará representada por el abogado Fernando Arias.
Como reconstruyeron los fiscales Karina Gallo (Quilmes), María Clarissa Antonini (UFI especializada en drogas), Sergio Mola (Lomas de Zamora) y Diego Iglesias (Procunar), al menos cuatro personas participaron en el asesinato de Guastini ocurrido la mañana del 28 de octubre de 2019: el sicario, los conductores de una moto Honda y la camioneta Toyota Hilux y Padovani al volante de un auto Ford Kinetic rojo.
Los detectives de la División Homicidios de la Policía Federal arrestaron a Padovani el 24 de junio de 2021 en su casa de Bernal, acusado del delito de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por precio o promesa remuneratoria y por el uso de arma de fuego».
Para los fiscales hubo acuerdo previo, división de tareas y precio o promesa remuneratoria por asesinar a «Dolarín». El motivo: «Alguna consecuencia de las relaciones que Guastini poseía o bien su posición como colaborador judicial».
Y soltaron una hipótesis: «En una de las audiencias brindadas, Guastini afirmó que él había posibilitado que desde su financiera se comenzase el seguimiento para que se llevara a cabo el secuestro del material estupefaciente, y narró que una de las personas que había estado involucrada había sido Baeta, hoy detenido en el marco de esa investigación». Se refirió así al robo de media tonelada de cocaína a narcotraficantes en el 2013, es decir, «Leones Blancos», operación por la que fue destituido Scapolan.
Adrián Gonzalo Baeta, alias «Palermo», era subteniente de la Delegación de Investigaciones (DDI) de Drogas Ilícitas de Quilmes y a la vez amigo de «Dolarín». De esa relación nació «Leones Blancos». A él le dio el dato para robar la media tonelada de cocaína.
«Tal mención -remarcaron- no puede ser analizada de manera aislada en tanto de la computadora personal de Baeta se extrajeron varias fotos del cuerpo de Guastini, aparentemente tomadas minutos después del hecho, y fotos de su lápida. Circunstancias que, sin lugar a dudas, deben ser investigadas con mayor profundidad. Pero para ello deviene preciso comenzar a desandar lo ocurrido el día de los hechos» con Padovani como «el primer ‘eslabón’ de una larga cadena de responsabilidades». Baeta nunca fue indagado por esto.
En las cinco jornadas de debate declararán 41 testigos, entre familiares de la víctima y el acusado, testigos del hecho y policías que intervinieron.
Dos sobresalen: Baeta, el policía amigo de Guastini, que en el celular guardaba una foto de la lápida y que en prisión espera el juicio por «Leones Blancos».
El otro: un testigo de identidad reservada que al día siguiente del crimen, se comunicó con la fiscalía federal de San Isidro para dar testimonio sobre los últimos días de la víctima: «Diego estaba intentando presentarse a aportar pruebas en la causa ‘León Blanco’, de la cual proveyó la información a policías para que se desarrolle el procedimiento y robar mercadería, así las cosas hace unos días llamó a policías y abogados para anticipar sus intenciones y buscar protección. Debido a esta situación, se ordenó [su] ejecución […] por quienes él mismo llamó, siendo policías de Quilmes en connivencia con civiles y queriendo desviar el plano investigativo».
Ese testigo podría conocer a Scapolan.
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