Dos jueces, cuatro fiscales y dos fuerzas policiales en nueve meses, pero Lucas sigue desaparecido
A solo nueve meses del crimen de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante, otro funcionario judicial decidió abandonar la investigación: el juez de Garantías Julián Busteros resolvió excusarse de seguir interviniendo, según la presentacón a la que accedió Encripdata. Si bien alegó «situaciones de gravedad suficiente» que comprometen su «independencia e imparcialidad», como las protestas de los familiares de las víctimas, lo hizo 72 horas después de que la Cámara de Apelaciones de Quilmes anulara su último fallo y le ordenara dictar un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho sobre la situación procesal completa del comisario mayor Francisco Centurión.
En julio, el juez Busteros confirmó la prisión preventiva del comisario Centurión, pero no por el secuestro y asesinato de Lucas, como reclamaban el fiscal y los particulares damnificados, sino solamente por la ruta de los vales de nafta de la Policía Bonaerense.
Los acusadores apelaron de inmediato y el 19 de septiembre, los camaristas les dieron la razón, confirmaron la prisión preventiva de Centurión por la sustracción de caudales públicos, anularon el resto y ordenaron un nuevo pronunciamiento que respondiera de «manera integrada y armonizada» a los argumentos del fiscal y los particulares damnificados respecto del pedido de prisión preventiva también por su rol en la privación ilegal de la libertad agravada de Lucas.
Por el crimen de Lautaro, de 18 años, y la desaparición de Lucas, de 26, fueron arrestados el 16 de diciembre los primos Cristian Centurión y Maximiliano Centurión, ambos de 26.
La noche del 9 de diciembre de 2022, los Centurión citaron a Lucas a la casaquinta familiar de la calle 1538, esquina ruta 53, La Capilla, Florencio Varela. Para atraerlo, le prometieron vales de nafta. Y así lo hizo en su auto BMW azul. Esperaban que llegara solo, pero como lo acompañó Lautaro, primo de una exnovia, los acusados tuvieron que cambiar el plan. A Lautaro lo mataron esa noche.
Cristian y Maximiliano son hijo y sobrino, respectivamente, del comisario mayor Centurión, alias «Coco», por entonces enlace de la Policía Bonaerense con la Policía Internacional (Interpol). Además, Cristian acababa de ingresar a la fuerza y Maximiliano había trabajado en una empresa de seguridad.
El actual fiscal del caso, Daniel Ichazo, solicitó en julio la prisión preventiva del jefe policial por los delitos de «sustracción de caudales públicos en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia». En otras palabras: si bien estaba de viaje aquel 9 de diciembre, enterado de lo que había ocurrido en su propia casa, Centurión regresó de inmediato y desde la noche del 10 de diciembre se «sumó al plan criminal» de su hijo y de su sobrino, «manteniendo privado de su libertad a Lucas por al menos un lapso mayor a un mes», pudiendo concluir, por el contexto en que se fueron sucediendo los hechos, que «a la fecha se presume su muerte violenta a manos del clan Centurión».
El juez Busteros confirmó la prisión preventiva de Centurión, pero solo por los vales de nafta y no por el secuestro y asesinato de Lucas. Para sostener su decisión, dijo que el planteo del fiscal era una «mera suposición» que no alcanzaba el grado de «convicción asertiva» necesario. Por eso, las acciones ejecutadas por el acusado «podrían constituir claramente el delito de encubrimiento, que en la presente no resulta punible», por ser padre de uno de los detenidos.
La diferencia de criterio y de valoración de la prueba entre el juez y el fiscal, es decir, entre el encubrimiento y la coautoría, está en la data de muerte de Lucas, si es que finalmente lo mataron. Todos los indicios apuntan hacia ese final. El cuerpo podría hablar, los médicos forenses podrían determinar qué día lo asesinaron, pero su desaparición funciona como un obstáculo.
La cronología de los hechos cierra el círculo: Lucas tenía que pasar por la casa de un conocido a buscar vales de nafta de la Policía Bonaerense y para no ir solo, le pidió a Lautaro que lo acompañara, por eso el rastro de ellos se perdió esa misma noche del 9 de diciembre; al día siguiente, alguien prendió fuego el BMW de Lucas sobre la ruta 6 a la altura de Abasto, La Plata; un vecino halló el cuerpo quemado de Lautaro el 15 de diciembre a la vera de una autopista en construcción en Guernica; y finalmente, horas después, los primos Centurión fueron detenidos.
El hallazgo de Lautaro sin vida se produjo poco después de la finalización del allanamiento en la casaquinta de los Centurión en La Capilla. Ese allanamiento fue sin igual: los policías bonaerenses lo hicieron a la luz de la luna, sin prender las luces de la propiedad, lo suspendieron por falta de visión, no preservaron el lugar, les devolvieron las llaves a los Centurión y retomaron al día siguiente. Por esas irregularidades, los comisarios Sergio Argañaraz y Luis Alberto Zaracho terminarían imputados por encubrimiento agravado.
A pesar de la conexión evidente, la primera fiscal del caso, Mariana Dongiovanni, demoró un mes en apartar a la Bonaerense de la investigación. Después, la que se apartó fue ella misma.
El fiscal sorteado, Martín Conde, se excusó.
La fiscal de feria Bárbara Velasco también.
El fiscal Ichazo, en cambio, se hizo cargo y avanzó contra el comisario Centurión.
Pero, ahora, en vez de defender su postura frente al fallo de Cámara, Busteros abandonó el caso.
En menos de un año, la investigación habrá pasado por dos jueces, cuatro fiscales y dos fuerzas policiales.
En el medio, los familiares se toparon con cuatro cuerpos hasta que encontraron el de Lautaro.
Hasta hoy, Lucas no apareció.