Quince años después empezará el juicio contra la Sedronar por el desvío de 41 toneladas a México
La sombra de la Sedronar en la ruta de la efedrina a México. Crédito: Télam.
El 5 de agosto de 2008, una mujer se anunció en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RNPQ). Se presentó como hija y asesora de un senador bonaerense. Necesitaba inscribir una empresa y obtener la autorización para que esa y otra compañía pudieran importar efedrina. Julio De Orue, jefe del RNPQ, la invitó a pasar al despacho y le explicó cómo era el papelerio. La gestora compró los formularios necesarios para los trámites y quedó en regresar.
Tres semanas antes, a mitad de julio, la Drug Enforcement Administration, la DEA de los Estados Unidos, dijo basta: luego de que la importación de efedrina pasara de los 1500 kilos en 2003 a los 19.150 kilos en 2007, decidió que ya era hora de dejar al descubierto el tráfico de ese precursor químico entre Argentina y México, que del otro lado de la frontera se consumía ya convertidas en metanfetaminas.
Por Buenos Aires pasaron 47.625 kilos de efedrina entre 2003 y 2008 en parte porque el presidente de México, Felipe Calderón, apoyado por Estados Unidos en su «guerra contra las drogas», prohibió su comercialización. En consecuencia, los cárteles bajaron a la Argentina en busca del precursor tan preciado como el oro.
En simultáneo, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos no paraban de crecer: pasaron de 16 mil en 1999 a 36 mil en 2007. La mitad era por el consumo de drogas derivadas del opio o sintetizadas, con la efedrina como uno de los insumos.
Como reveló Encripdata, la DEA hizo «reventar» la quinta de Ingeniero Maschwitz donde el mexicano Juan Jesús Martínez Espinoza producía mentanfetaminas a base de efedrina. Como la agencia estadounidense no estaba autorizada a operar en el país, una denuncia anónima del 16 de julio del 2008 fue suficiente para que 24 horas después la Policía Bonaerense terminara el trabajo.
Así, la DEA le dio un mensaje al Gobierno y los cárteles sobre su guerra contra las drogas sintéticas. En la Sedronar, el área de Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, no podían no entender el mensaje. Por su doble condición: porque ellos manejaban el Registro Nacional de Precursores Químicos y porque tenían llegada a la agencia estadounidense.
Pero ni los funcionarios ni los narcotraficantes parecieron acusar recibo. La hija del senador que se entrevistó con De Orue el 5 de agosto fue de parte de Ibar Esteban Pérez Corradi y Martín Lanatta.
El 7 de agosto del 2008, finalmente, la banda integrada, entre otros, por los hermanos Martín y Cristian Lanatta y los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci engañaron, secuestraron y ejecutaron a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Las víctimas fueron confiadas a Quilmes pensando que harían negocios con Lanatta. Negocios sobre efedrina. Seis días después, muy lejos de allí, plantaron los cuerpos en un zanjón de General Rodríguez.
El gobierno de Cristina Kirchner reaccionó: restringió al máximo la importación de efedrina. Eso fue un mes después del triple crimen.
Ahora, quince años después, las máximas autoridades de la secretaría antidrogas recibieron la notificación: como publicó el periodista Nicolás Pizzi en Infobae, el jueves 5 de octubre de este año empezará el juicio en su contra por «haber intervenido en la introducción de materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, los que serían ilegítimamente desviados de su destino de uso en razón de que fueron los nombrados los funcionarios públicos encargados de autorizar las importaciones de precursores químicos como así también lo eran de prevenir y perseguir los delitos asociados con los mismos, en cantidades desmedidas en proporción a las necesidades sanitarias tanto que por sí solas evidenciaban que el destino final declarado que se le daría a la efedrina sería alterado ilegítimamente».
En el banquillo de los acusados, además del dentista de Néstor Kirchner y De Orue, deberán sentarse Gabriel Yusef Abboud, entonces director de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos y luego subsecretario Técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico; Miguel Ángel Zacarías, secretario privado de Granero, y su hermano Máximo Rito Zacarías, por gestionar un permiso para importar mil kilos.
El fiscal de juicio será Marcelo Colombo, que consiguió las condenas de Ibar Esteban Pérez Corradi, el argentino que más efedrina desvió para mexicanos; Maximiliano Darío Romero, alias «Fantasma», otro intermediario de los cárteles; el mexicano Rodrigo Pozas Iturbe, para el que trabajaba Bina, una de las víctimas, y que tenía influencia en la Aduana de Retiro.
Granero y compañía conocen bien las pruebas más importantes en su contra: son los certificados que ellos mismos firmaron a favor de cinco empresas. Hasta un monotributista pudo importar a pesar de que la ley lo prohibía. La jueza federal María Servini reconstruyó que «casi 41 toneladas terminaron en manos de condenados y procesados por maniobras de narcotráfico«.
El negocio era redondo: si a los empresarios argentinos les costaba solo 100 dólares importar un kilo desde China o India, los cárteles gastaban hasta 3 mil dólares por «coronarlo» en México. En el medio, los Pérez Corradi, los Segovia y otros ganaban millones por intermediar entre aquellos. En eso andaban Forza, Ferrón y Bina. Los precios de la «ruta de la efedrina» se multiplicaban cuando cruzaba la frontera hacia Estados Unidos.
Tan pero tan grande fue el negocio que por eso mismo ninguno de los acusados pudo convencer a la magistrada de que «nadie, absolutamente nadie, viera un negocio ilegal de cientos de millones de dólares». Tampoco fue suficiente recordar que la investigación por la que deberán ir a juicio empezó por una denuncia de ellos mismos: «Preferiría no pensar que Ascona fue el ‘chivo expiatorio’ que la Sedronar escogió para simular el efectivo control de sus actividades y el cabal cumplimiento de sus obligaciones».
Arrepentido, Pérez Corradi declaró que Josue Ezequiel Fuks, dueño de Farmacéuticos Argentinos (FASA), le contó que le pagaba 50 mil dólares a Granero por cada certificado de importación de mil kilos: «Antes, Fuks tramitaba todo con una mujer, no recuerdo ahora su nombre, pero trabajaba en la Sedronar, pero cuando Granero se dio cuenta de que la efedrina era un negocio, empezó a tratarlo directamente, a él le daba la plata». A pesar de la orden de captura, el mayor importador legal de efedrina de la Argentina llegó en 2009 a Israel, donde vive sin problemas porque no existe tratado de extradición entre ambos países.
Durante la instrucción, los investigadores descubrieron que en los días previos y posteriores a la entrada de los contenedores de efedrina al aeropuerto internacional de Ezeiza, algunos empresarios y funcionarios de la Sedronar hablaban entre sí. En esa explosión de llamadas, alguien llamaba a Balcarce 50 y alguien respondía.
Alguien en la Casa Rosada tenía interés en el millonario negocio.
*Encripdata reconstruyó esta historia con base a documentos oficiales del expediente sobre el triple crimen de General Rodríguez, expedientes varios sobre la «ruta de la efedrina», fuentes con acceso a los mismos y estadísticas de la National Vital Statistics System (NCHS) sobre muertes por sobredosis en Estados Unidos.
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