«Liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman»: condenan a «Tano» Sofía por amenazar de muerte a Arroyo Salgado
Por amenazar de muerte a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín sentenció este martes a 5 años de prisión a José Damián Sofía, más conocido como «Tano» en el bajomundo del narcotráfico. De hecho, como viene contando Encripdata, el ahora condenado se encuentra cumpliendo una primera pena de 11 años de prisión por intentar «coronar» el cargamento más grande de la historia de Rosario en algún puerto de España.
Todo comenzó la mañana del 3 de abril de 2018 cuando un hombre llamó insistentemente al juzgado federal de San Isidro a cargo de Arroyo Salgado. No una ni dos veces. Ocho en total. Dijo llamarse Jorge, su alias. Después, harto de marcar y no poder hablar con la magistrada, le dijo a su secretaria que le pasara el mensaje: «Esto va de parte de la familia de Gustavo Sancho. Esto no da para más. O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas, como a Candela».
El hombre no desactivó inmediatamente la línea sino que hizo viajar el teléfono para que coincidiera con las antenas de la casa de un traficante que le debía plata. Amenazar a una jueza y plantar sospechas en un deudor, eso fue querer matar dos pájaros de un tiro.
El juez federal Lino Mirabelli, a partir de la investigación del fiscal Fernando Domínguez, ordenó detener el 2 de noviembre de 2019 a Sofía y lo procesó trece días después, pero la Sala I de la Cámara Federal de San Martín le dictó el 4 de febrero de 2020 la falta de mérito y, en consecuencia, ordenó su excarcelación. Luego, en un nuevo fallo, el magistrado lo volvió a procesar pero sin prisión preventiva.
Gustavo Sancho, el hombre que Sofía exigía liberar, fue arrestado el 14 de noviembre de 2017 tras una investigación de la propia Arroyo Salgado y de Domínguez. También fueron atrapados sus hijos, su círculo íntimo y varios miembros de su banda.
Varios años después, el 3 de mayo de 2023, un tribunal sentenció al clan al que se le caían las avionetas con cocaína en Argentina y Paraguay. A Sancho, como jefe de la organización, le impuso 11 años y 6 meses de prisión. También condenó a la esposa, los hijos y los socios. Y solo absolvió a uno de los imputados, dueño de una financiera, al que le habían incautado 144 monedas de oro. Cuando el cuevero solicitó que se las devolvieran, las monedas ya no estaban. Y ahora investigan si el juez federal Martín Poderti se robó las piezas valuadas en 200 mil dólares cuando era secretario del juzgado que lo investigaba, pero esa es otra historia.
Pero para aquel día de la amenaza, 3 de abril de 2018, solamente habían pasado cuatro meses de la detención de Sancho. Entonces, según pudieron reconstruir el juez y el fiscal, Sofía, que viajaba desde Campana hacia Rosario junto con su chofer Christian Quinteros, no dudó en amenazar a la jueza de que, si no liberaba a Sancho, terminaría como su exmarido, el fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, muerto en 2015 de un tiro en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero o sus hijas, como Candela, secuestrada y asesinada en 2011 en Villa Tesei.
En la amenaza en nombre de Sancho contra Arroyo Salgado, los investigadores dejaron asentado que Sofía no tuvo mejor idea que mencionar el caso Candela, en el que el papá de la nena secuestrada y asesinada había advertido que uno de los que podría haberle hecho, como venganza, era, justamente, Sancho. Según relató el papá de Candela, relacionado con piratas del asfalto, le pidió ayuda a policías bonaerenses para cobrar la plata que un reducidor de mercadería le debía y, a cambio, le exigieron que entregara a Sancho. Él juró que nunca lo «vendió», pero los uniformados le cayeron a Sancho. Y, entonces, el narco arregló con los policías y les pagó por su libertad, pero con una condición: que le dijeran quién había sido el «buche». Todos marcaron al papá de Candela.
Muchos años después de este crimen que marcó la Argentina, el que llegó al banquillo de los acusados, sin embargo, fue otro pesado de la zona: Miguel Ángel Villalba, el famoso «Mameluco» de San Martín, pero un tribunal, este 8 de mayo, lo absolvió.
Si bien el teléfono de la amenaza no estaba a nombre de Sofía y fue dado de baja dos días después, el fiscal Domínguez, tirando del hilo, llegó hasta él. El acusado, entonces, activó la coartada: declaró que él no amenazó a la jueza y que pudo haber sido una persona con la que había tenido problemas. Ese individuo dijo que todo era al revés: que llegó a deberle plata a Sancho y a Sofía y que, como arregló solo con el primero, el segundo no paró de reclamarle.
En el medio, el 6 de diciembre de 2018 en Navarro, a Quinteros, el chofer de Sofía, alguien le hizo de todo para que pagara lo que le debía a un tercero: comenzó por tajearle el cuerpo, pero resistió. Le cortó la oreja izquierda, pero se mantuvo callado. Le disparó en las rodillas, pero solo gritó de dolor. Le extirpó el ojo izquierdo, pero ni siquiera con eso lo pudo aflojar. Al final, en un estado irreversible, lo ultimó.
Quien sea que haya planeado el crimen de Quinteros, no quedó satisfecho. En consecuencia, ordenó ir tras la viuda, pero ella dijo no saber nada de lo que hacía su marido ni de la plata que le reclamaron. Pero, en la casa tenía pileta de material recién hecha. El 6 de febrero de 2019 en Francisco Álvarez, entonces, alguien asesinó a Anabella Blumetti, la mujer de Quinteros, mientras manejaba su camioneta.
Entonces, Sofía declaró por segunda vez, pero esta vez para culpar al asesinado Quinteros, su chofer, por la amenaza a la jueza Arroyo Salgado. Por los crímenes de Quinteros y Blumetti, en cambio, no hay ni un solo detenido.
Investigado pero excarcelado, Sofía volvió por un tiempo a atender sus negocios. En marzo 2022 quedó en la mira por hacer contacto con el bosnio Bozidar Ratkovic para «contaminar» un container con 165 kilos de cocaína en el puerto de Zárate, pero, al final, el bosnio lo bajó de la operación. Entonces, «Tano» le ofreció un servicio de empresa a empresa a una organización colombiana, pero los investigadores, que ya le seguían los pasos, dieron el golpe en agosto de 2022 cuando estaban a punto de mandar 1658 kilos desde Rosario hacia España.
En los últimos días, el fiscal Marcelo García Berro y los abogados Diego Javier Szpigiel y Claudia Vanesa Clementi llegaron a un acuerdo para firmar un juicio abreviado. Para eso, «Tano» se hizo cargo del hecho a cambio de una morigeración en la pena.
Al momento de valorar agravantes y atenuantes, el fiscal tuvo en cuenta «el grado de afectación a las víctimas y la gravedad del vaticinio amenazante escogido, en tanto se involucró no solamente a una magistrada sino también a sus hijas. Por lo demás, las amenazas a la magistrada evocaron un caso especialmente significativo y penoso para esa familia; en tanto que la dirigida a sus hijas refirieron un caso de una alta connotación pública, vinculado al brutal homicidio de una niña».
Y antes de homolgar el acuerdo, el juez Daniel Omar Gutiérrez, en representación del tribunal, le dio la oportunidad a la magistrada de ser oída: «Todo cuanto voy a decir hace a mi exclusiva responsabilidad, no así a la de mis hijas, que también fueron víctimas de estas amenazas. Yo tenía un deber funcional de realizar una denuncia porque esto que usted hizo es un delito. Si lo deja tranquilo, en el momento en que hizo esas amenazas, sí provocó una situación de temor en mi persona. Pero esto de ningún modo condicionó y nunca va a condicionar el cumplimiento del deber funcional que tengo. Somos gente de fe, no perseguimos venganza, y accedemos a la firma de este juicio abreviado«.
Sobre el final, la jueza Arroyo Salgado agradeció el pedido de disculpas de «Tano» Sofía.