«Leones Blancos»: ya tiene fecha el juicio a los policías por el robo de 500 kilos de cocaína
Ya tiene fecha el juicio a los policías por "Leones Blancos". Crédito: Ministerio de Seguridad.
Desde el próximo 23 de octubre, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín llevará adelante el juicio a decenas de policías, abogados y hasta testigos truchos por las irregularidades en el famoso operativo «Leones Blancos», que, en realidad, fue una operación de la Bonaerense para robar media tonelada de cocaína una noche de fin de año en medio de la autopista Panamericana, como viene contando Encripdata. Será un debate que seguramente alimentará un segundo juicio: el de Claudio Scapolan, por entonces fiscales de Investigaciones Complejas de San Isidro.
El fiscal de juicio será Marcelo García Berro, y el abogado Damián Odetti actuará como querellante en representación de Sergio Santellán y Federico Bravo, víctimas de extorsiones policiales y judiciales, una incluso que quedó registrada en video.
El 29 de diciembre de 2013, policías de Quilmes bajo las órdenes del fiscal Scapolan arrestaron a cinco personas y secuestraron media tonelada de cocaína en dos operativos, uno, precisamente, en la quinta de «Leones Blancos», partido de Moreno, y otro en el peaje de la autopista Panamericana y el camino del Buen Ayre, justo en el límite de San Isidro.
Una vez detenidos, los acusados dieron a entender -como pudieron para no autoincriminarse- que ellos tenían una tonelada de cocaína, pero que la Bonaerense les robó la mitad del cargamento y que, por eso mismo, solo informó el secuestro de 500 kilos.
Por el armado del caso, el 19 de agosto de 2016, un tribunal no tuvo otra opción más anular todo lo actuado desde la foja 1, es decir, desde la orden de allanamiento en adelante, absolvió a los narcotraficantes y ordenó extraer testimonios para investigar la posible comisión del delito de acción pública, o sea, para investigar al fiscal y los policías.
Durante cuatro años en silencio, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez pudieron reconstruir que «Leones Blancos» no comenzó el mismo 29 de diciembre de 2013 sino algunos días antes cuando el colombiano Alberto Mejía, alias «Papo», cambió euros por dólares en la «cueva» financiera de Diego Xavier Guastini, «Dolarín», para luego comprarle un cargamento de cocaína a Edwin Loza, más conocido como «Nene». Como «arrepentido», Guastini declaró que ni bien terminó la operación cambiaria, le avisó a su amigo policía Adrián Gonzalo Baeta, «Palermo», lo que estaba por suceder.
Amigos de la infancia, Guastini y Baeta acordaron robarles a los narcotraficantes y repartirse el cargamento. Como intervendría la Bonaerense, tendrían que dejar algo para secuetrar en el operativo.
Entonces sí, aquel 29 de diciembre de 2013, el comisario Juan José Magraner, jefe de Baeta, y el fiscal Scapolan hablaron dos veces. Según el registro telefónico, a las 16.19 y 16.32. Lo hicieron antes -y no después- de la falsa denuncia anónima anotada en el libro de guardia a las 17.35. Y aunque el policía federal Carlos Daniel Maidana se hizo cargo de la llamada, en realidad nunca existió. Como demostraría el abogado de los narcotraficantes en el juicio, ni siquiera se gastaron en levantar el teléfono, nadie llamó a esa hora a la DDI de Quilmes.
La mañana del 28 de octubre de 2019, un grupo comando ejecutó a Guastini a la vuelta de la Municipalidad de Quilmes. Ciertas circunstancias alrededor del crimen de este «arrepentido» podrían ventilarse en este juicio a los policías. De hecho, según el oficio al que accedió Encripdata, el tribunal solicitó en carácter de préstamo el expediente por el homicidio de Guastini para incorporarlo como evidencia al debate por «Leones Blancos». No fue la única muerte relacionada con el caso.
Con todo, el 24 de julio de 2020, en plena pandemia, la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez decidieron detener a 53 personas, entre policías de Quilmes, Moreno y San Isidro, abogados y testigos truchos. También a Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, secretarios del fiscal. En cambio, como Scapolan tenía fueros, solo pudieron allanar su despacho. Ya era un megaexpediente, con cinco casos similares, todos con Scapolan imputado como jefe de la organización narcocriminal.
Durante el proceso, con muchas idas y vueltas en Cámara, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados bonarense destituyó a Scapolan de la fiscalía de San Isidro. El 17 de abril de 2023, la única que votó salvar al ahora exfiscal fue Sofía Vannelli, la senadora del Frente Renvoador (FR) que responde a Sergio Massa. Se entiende: Scapolan intervino en el expediente por el robo en la casa de Massa en el 2013, un hecho que alimentó la desconfianza mutua con el entonces gobernador Daniel Scioli.
Con todos esos recursos, Scapolan consiguió reducir al máximo la imputación en su contra: una simple falsedad ideológica de documento público, es decir, inventar la denuncia anónima. Sin embargo, si el entonces fiscal no hubiera cometido ese delito, la Bonaerense no habría podido robar media tonelada de cocaína a los narcotraficantes.
Su futuro, como el de sus exsecretarios, empezará a escribirse a partir de lo que se ventile en el juicio a los policías, abogados y testigos truchos de los «Leones Blancos».
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