Tercera condena para Segovia: el falso «rey de la efedrina» quería ser el «señor de la guerra» de Rosario
Segovia quería ser el "señor de la guerra" de Rosario. Crédito: Fiscales.
Un fusil Colt AR-15, municiones, guías para francotiradores, cargadores para pistolas Glock, silenciadores, chalecos antibalas, 120 gramos de TNT, un libro bomba, un sobre bomba, una carpeta bomba y un reloj pulsera digital marca Casio para utilizar como detonador. Todo eso y más compró o, incluso, importó Mario Roberto Segovia desde Ezeiza, la cárcel de máxima seguridad de la Argentina, gracias la participación de sus familiares. Por todo eso y más, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de La Plata lo condenó este jueves a 13 años de prisión, según el fallo al que accedió Encripdata.
Los jueces del tribunal, Nelson Jarazo, Germán Castelli y José Michilini, también sentenciaron al hijo, Matías Agustín Segovia, a 5 años y 6 meses; al hermano, Hernán Jesús Segovia, a 8 años y 6 meses -policía de Santa Fe-; al cuñado, Gonzalo Rodrigo Ortega, a 7 años y 6 meses; y a Ezequiel Hernán Bergara, a 5 años.
Para Marcelo Molina, fiscal de juicio ante el tribunal, y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el clan Segovia buscaba convertirse en proveedor de armas de fuego de las organizaciones narcocriminales de Rosario. Eso hubiera recalentado la guerra entre los Cantero, la principal facción de Los Monos, y el clan Alvarado. Y también el poder de respuesta frente al Estado: «De haber continuado esta operatoria, en Rosario se habría desatado una carrera armamentística con el consecuente agravamiento de la situación de seguridad. La Colt AR-15 traspasa los chalecos antibalas de las fuerzas policiales, de lado a lado, los habría dotado de un poder de fuego superior al nuestro«, remarcó Iglesias.
A principios de 2016, el clan Segovia hackeó el mail de un docente formoseño para engañar a Securesearch Inc. El truco funcionó: la proveedora canadiense, creyendo que su cliente era un gobierno, le envió, con escala en Paraguay, un sobre bomba, un libro bomba y una carpeta bomba a uno de los presos más pesados de la Argentina.
El 12 de septiembre de ese año, las autoridades paraguayas descubrieron las encomiendas explosivas en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. La jueza de Luque, María Cecilia Ocampos Benedetti, alertó al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien ordenó intervenir los teléfonos, con colaboración de los fiscales Sergio Mola y de Iglesias.
Encripdata fue el primero en revelar el 17 de junio de 2020 el «caso Aguape III», es decir, la investigación explosiva. Este medio, además, pudo conocer el nivel de sofisticación de Segovia a la hora de comunicarse con su hijo. Para que nadie pudiera saber de qué hablaban, utilizaban el método «cifrado por libro»: de un lado de la línea, uno pronunciaba dos números de un libro, el primero era la página y el segundo la ubicación de una palabra; el otro, con un ejemplar en la mano, decodificaba el mensaje. Así una y otra vez. Los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (por entonces AFI) tardaron cinco años en identificar el libro: El pequeño Larousse ilustrado.
Recién el 13 de julio de 2021 requisaron la celda de Segovia y allanaron las propiedades de sus familiares, donde encontraron el fusil de origen estadounidense y demás elementos para armar a organizaciones narcocriminales rosarinas.
En el celular, Ortega, el cuñado, tenía instrucciones para producir metanfetaminas a base de efedrina. Eso no era raro: al momento, Segovia estaba en Ezeiza cumpliendo dos condenas por operaciones de contrabando de efedrina. En total, intentó «coronar» 8400 kilos en México. Y también 9,2 kilos de crystal que dos «mulas» mexicanas quisieron llevar a su país en 2008.
En dos juicios simultáneos en 2012, su abogado Mariano Cúneo Libarona -hoy ministro de Justicia- denunció que la Secretaría de Inteligencia (SIDE) persiguió a Segovia, pero no por importar 250 miligramos de aconitina y 500 miligramos de ricinina, dos sustancias capaces de matar a varias personas, sino por dedicarse al contrabando a México a sus espaldas. Pero él no llegó a ser el rey. Tampoco Ibar Esteban Pérez Corradi, quien sí pagó la protección de la Policía Federal y la SIDE por 13 toneladas.
Pero quienes más movieron fueron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner: 40.972 kilos de los 47.625 kilos importados entre 2004 y 2008 fueron desviados a manos de condenados, procesados o denunciados por maniobras de narcotráfico. En esos cinco años hubieran alcanzado 780 kilos para abastecer a toda la industria farmacéutica del país, pero a la SIDE, la Sedronar y la Aduana se les coló todo lo demás.
Llamativamente, cuando las autoridades de la Sedronar estaban por sentarse en el banquillo de los acusados, un tribunal, a instancias de un fiscal y la mano no tan invisible de la SIDE, decidió a último momento que no se hiciera el juicio: todos sobreseídos.
El autor de esta nota y Diego Ferrón, hermano de una de las víctimas, publicaron Operación Crystal, el libro sobre el triple crimen de General Rodríguez, la SIDE y la DEA, donde expusieron, con pruebas, cómo el kirchnerismo, a través de las agencias del gobierno, organizó la «ruta de la efedrina» hacia México y Estados Unidos y cómo la DEA organizó el triple crimen para cortar el negocio de las 40 toneladas.
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