Unabomber: las escuchas a Mario Segovia que terminaron en el espionaje de la AFI
Las escuchas a Segovia que terminaron en el espionaje de la AFI. Crédito: Télam.
El juez federal Federico Villena autorizó en 2016 la intervención telefónica de la cárcel de Ezeiza para investigar a uno de los presos: Mario Segovia.
Era 2016. A esa intervención telefónica la llamaron «Caso Aguape III».
Esa intervención telefónica recién quedó al descubierto en 2019 cuando Marcelo D’Alessio extorsionó a Pedro Etchebest para que no apareciera en «los cuadernos de las coimas»; cuando Eduardo Valdés, enterado de la denuncia de Etchebest a D’Alessio, activó la «Operación Puf Puf» para intentar apartar al fiscal Carlos Stornelli de los cuadernos; y cuando Periodismo Para Todos (PPT) reveló este entramado.
Villena autorizó la primera intervención telefónica para investigar lo que hacía Mario Segovia en la cárcel de Ezeiza. Todos dijeron que era, una vez más, por narcotráfico, pero en realidad era por otra cosa.
Encripdata pudo saber de dos altas fuentes que intervinieron en 2016 los teléfonos públicos de los pabellones A y D de la prisión porque Segovia pretendía enviar cartas bombas como Theodore Kaczynski en Estados Unidos. El «rey de la efedrina», decían esas dos fuentes, quería ser el «unabomber» argentino.
Aquel año, fiscales de Paraguay detuvieron en Asunción a dos hombres y una mujer de ese país. Los acusaban de ser los cómplices de Segovia en el tráfico de explosivos.
El «rey de la efedrina», siempre según esas dos fuentes, le ordenó a un contacto paraguayo comprar por Internet explosivos a una empresa canadiense. Él debía entregárselos a una mujer que viajaría de Asunción a Buenos Aires. Ella debía pasárselos a un tercer cómplice en la terminal de micros de Retiro. Alguien armaría tres artefactos en forma de carta, sobre y libro. Alguien más, finalmente, se los daría en mano a Segovia en la cárcel.
Los investigadores argentinos y los paraguayos nunca supieron contra quiénes supuestamente pretendía atentar el condenado a 14 años de prisión por traficar efedrina entre la Argentina y México como si fuera azúcar.
Una fuente recordó que alguien envió en 2008 una bomba al magistrado que tenía «la ruta de la efedrina». El explosivo lo dejó en la casa de la fiscal Marisa De Virgilio, pero estaba destinado al juez Federico Faggionato Márquez.
La intervención de los teléfonos de la cárcel de Ezeiza se extendió por tres años. Así fue como quedaron grabadas las conversaciones de 2019 entre Valdés y, entre otros, Roberto Baratta, exfuncionario acusado en los cuadernos. Villena aseguró que hizo destruir el material, pero alguien hizo llegar la «Operación Puf Puf» a los medios.
Ahora, los exagentes de la AFI, Facundo Melo, Leandro Araque y Horacio Sáez, investigados por el juez por espiar a periodistas, empresarios y políticos, incluso detenidos en Ezeiza, lo recusaron al decir que él fue el que ordenó la primera de las escuchas. Ante sus superiores, Villena explicó el origen de todo eso, ahora revelado por Encripdata.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata decidirá si el juez continúa a cargo de la investigación o si la delega en otro juzgado.
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