Condenan a «Rengo» Pacheco por primera vez en 30 años, un protegido de la Bonaerense y amigo de La 12
"Rengo" Pacheco, protegido de la Bonaerense y amigo de La 12. Crédito: Ministerio de Seguridad
Su nombre quedó registrado por primera vez en un parte policial en 1994. Sin embargo, tuvieron que pasar 30 años para que un tribunal condenara este lunes a Javier Alejandro Pacheco, alias «Rengo», a 9 años de prisión, ya no como un simple delincuente sino como el jefe de una organización dedicada al narcomenudeo en la Villa 9 de Julio, San Martín, y el lavado de activos de las ganancias, disfrutadas por un sector de la Policía Bonaerense y otro sector de La 12, la barra de Boca, según pudo reconstruir Encripdata.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 2 de San Martín, integrado por los jueces Walter Antonio Venditti -presidente-, María Claudia Morgese Martín y Fernando Marcelo Machado Pelloni, dio por probado la acusación del fiscal Alberto Gentili. Además, homologó el acuerdo de juicio abreviado para el resto de la organización narcocriminal, entre ellos, el hijo Nicolás Albornoz.
Esta parte de la carrera criminal de los Pacheco se precipitó el 30 de junio de 2018, cuando la Selección argentina perdió contra Francia en los octavos de final. Como habían pagado todo por adelantado, «Rengo» y su hijo se quedaron hasta la final del 18 de julio. A la noche volvieron al Gran Buenos Aires en el vuelo QR773 de Qatar Airways con bronca, pero con grandes planes.
Nueve noches después, en la del 27 de julio, decidieron hacer una movida. Tenían que reponer lo que habían gastado en el viaje al mundial. Tenían que «coronar».
Más por casualidad que por otra cosa, a dos policías les llamó la atención un auto estacionado con la parte delantera sobre la vereda y la parte trasera dentro de un galpón de la calle 2 de abril 2342, Moreno. Cuando se acercaron, el vehículo aceleró y varias personas corrieron. En vez de hacerlo para la calle se metieron en el galpón. No pudieron ir muy lejos. Encima, uno tiró una bolsa con panes de marihuana.
La cantidad era tanta que los uniformados, ya con apoyo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones en función judicial de San Martín, tardaron 24 horas en hacer el pesaje y el test de orientación químico: 7737 paquetes por un total de 7394 kilos de marihuana, seis bolsas con 55 kilos de cogollos y 21 bolsas de consorcio con restos.
El juez federal de Morón Martín Ramos y el fiscal Sebastián Basso decidieron detener a todos los presentes -cinco paraguayos y uno argentino- en el galpón. Luego, también, a quien se presentó como sereno del lugar. Pero todos ellos eran «mano de obra» barata. Faltaba el verdadero dueño de la marihuana. Una pista demasiado fácil de comprobar lo delató: el galpón de la calle 2 de abril 2342, Moreno, estaba a nombre de Nicolás, el hijo del «Rengo».
En paralelo, un narco que hacía la «juntada» en la zona oeste, según el documento al que accedió Encripdata, confesó el 3 de octubre de 2018 ante el fiscal Jorge Sica: «El pago a los policías comenzó a finales de 2016: el oficial Córdoba pasaba a buscar por mi casa el pago, él hacía de nexo con la comisaría de Billinghurst, la Brigada y la Federal, y yo al ‘Oso’ le daba la coima de la comisaría de Suárez. Eran 100 mil pesos para Narcotráfico San Martín, 50 mil para las comisarías de Suárez y Billinghurst, 50 mil para la Brigada y 50 mil para la Federal. Siempre del 1 al 3 del mes».
Y, perdido por perdido, prendió fuego a casi todos: «Los policías pedían el dinero para dejar trabajar tranquilos a los Ponce, los Pacheco y los Villalba. A cambio, yo me iba a quedar con el 20 por ciento, pero lo acepté en una sola ocasión». Al final, prefirió guardarse el nombre de un funcionario judicial.
Sin embargo, el fiscal rechazó aceptar al narco como «arrepentido»: «Esta vindicta pública, en el ámbito de las intervenciones que resultan propias de su competencia, accede a un caudal significativo de antecedentes y de información relacionada al narcotráfico, con lo cual al analizar la importancia del aporte del imputado que pretende ser tenido como colaborador, debe sopesar si la contribución que realiza no se encuentra ya dentro de su acervo investigativo o bien si goza de credibilidad».
Y concluyó: «Los pormenores reportados no cuentan con esas calidades -trascendencia y verosimilitud- por lo que se decidió no formalizar un acuerdo de colaboración con el encartado». Desde la indagatoria hasta el rechazo solo pasaron cinco días.
Encripdata se reserva el nombre del «arrepentido» que no dejaron ser porque tiempo después atentaron contra él.
Así, los Pachecho pasaron dos años sin que los molestaran.
Pero alguien decidió patear el tablero el 15 de octubre de 2020: denunció de manera anónima que «una persona conocida como Javier Alejandro Pacheco, alias ‘Rengo’, quien reside en una casa de la calle Zapiola sin numeración, entre Mendoza y Pio XII, de Paso del Rey, realiza actividades compatibles con la venta de estupefacientes en Morón, Moreno y San Martín a bordo de una Toyota Hilux roja».
No denunció a Pacheco en su zona sino en otra jurisdicción, en la DDI del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Ezeiza, bastante lejos de la villa 9 de Julio, territorio controlado hasta entonces por «Rengo», para que los policías de San Martín no se enteraran.
El juez federal de Morón Jorge Rodríguez agregó todas las causas que pudieran tener relación con el clan. Sus pares de San Martín, entonces, le enviaron la parte que faltaba investigar del hecho en el galpón.
En ese expediente, Albornoz, el hijo de Pacheco, se había presentado espontáneamente para decir que era el dueño del depósito, pero no de la droga porque el sereno, al que acusó de «empleado infiel», lo usó para guardar las toneladas de marihuana trasladadas por los paraguayos. Y, al parecer, en San Martín le creyeron. Tanto que las autoridades le devolvieron el galpón.
Y, confiado de que eso había quedado en el pasado, Pacheco le confesó por teléfono a un amigo cómo había logrado su abogado para «sacarlo de la causa».
Por eso, los pagos a los policías siguieron, según el cuaderno que tenía en una de sus casas: «Gastos de chicas del mes: –Departa $120 –Domando $160. Gastos de chicas por semana: –Billin: $80 –DDI: $60 –DDA: $60 –Casita: $75 –Federico: $70». «Chicas», en la jerga, eran los policías bonaerenses que, como había declarado el narco al que no dejaron arrepentirse, «cobraban par dejarlos trabajar tranquilos»; «Federico» eran los federales; «Billin», «DDI» y «DDA» no hace falta aclararlo.
Tras solo siete meses, el juez Rodríguez les ordenó a los policías federales arrestar a Pacheco, su hijo, su pareja, su exesposa y otros cómplices.
Sentado sobre la cama, pero ya esposado, «Rengo» les reprochó a los policías haber sido traicionado: «Desde temprano que lo sé –¿quién te avisó?, quiso saber uno–. Ahora te digo, ahora te digo, ¿me estás filmando?». El video que filtraron a los medios justo se cortó en ese instante.
«Rengo» olió la traición. Y tal vez tenía razón. Como las denuncias en esa zona no prosperaban, alguien «entregó» datos por demás precisos sobre «Rengo» Pacheco a la División del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Ezeiza, a cargo de un comisario hermano de los abogados de Max Alí Alegre, alias «Alicho». Caído en desgracia, después de 30 años, le empezaron a llover todas las causas, entre estas, el cargamento de 7449 kilos de marihuana secuestrado en 2018 en Moreno.
Caliente, no tardó en querer vengarse.
Y hasta ofreció 10 millones de pesos.
Como reveló Encripdata, un policía federal aceptó hacerse cargo del encargo: Ricardo Ariel González se reunió con Silvia Castellanos, una mujer que conocía de un templo umbanda. Ella lo contactó con su marido José Velardez, preso en la Unidad 37 de Barker del Servicio Penitenciario bonaerense (SPB). Este interno habló con otro de Olmos, un pesado de verdad, exmiembro de La Superbanda de Luis «Gordo» Valor, que por su cabeza en algún momento se llegaron a pelear la Policía y el Ejército. Y tras toda esa cadena telefónica, alguien dijo tener dos sicarios capaces de matar a Alegre y su socio Blas Adrián Gómez, alias «Gordo», presos en la cárcel de Villa Devoto.
La noche indicada, tras mensajearse con Castellanos, González creyó que por fin conocería a quien lo haría millonario, pero cuando lo dejó entrar al auto, el sicario cumplió con el encargo de Alegre y Gómez. Evidentemente, hubo un teléfono descompuesto, un 0800 traición. En su campera, la víctima se quedó con el papelito que tenía pensado darle a quien terminó siendo su victimario. Decía: «Blas Adrián Gómez. M=1 – P 2. Gordo Blas Alicho». Eran las coordenadas, donde estaban alojados: módulo 1, pabellón 2, Villa Devoto.
En cambio, sobre el cuerpo del policía, el sicario dejó el cartel del encargo que acababa de cumplir: «‘Rengo’ Pacheco: ¿10 millones por mí? Acá tenés tus 10 millones. Atentamente: San Martín».
Sobre sus espaldas, la banda de Alegre y Gómez carga con el crimen de otro policía federal en un pasillo de la Villa Loyola. Fue el 27 de abril de 2017, Alan Maximiliano Dolz tenía solo 21 años y estaba haciendo tareas de encubierto.
Los Pacheco ya no podrán hacer fiestas en su mansión de Parque Leloir, donde solo podían ingresar quienes conocían la contraseña, como sus amigos de La 12.
El tribunal, como exigió el fiscal, ordenó investigar quién protegía a los Pacheco. Alguien con mucho poder como para, convenientemente, darlo por muerto en el reporte policial de la histórica batalla del 3 de septiembre de 2009 entre las facciones de Gerardo Goncebat -para quién jugaba «Rengo»- y Carlos Alberto Gómez, «el Negro», por el control de la Villa 9 de Julio.
Por varias temporadas más, Pacheco tampoco podrá cruzarse a «Negro» Gómez, «Yankee» Pellati y otros jugadores de San Martín en los palcos de La Bombonera, donde no entran ni una, ni dos ni 300 balas.
Solo por un rato.
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