Cerraron una causa contra «Chupa» Iglesias, el barra de Boca que compraba autos para «Mameluco» Villalba
"Chupa" Iglesias, de piluso blanco, al lado de Rafa Di Zeo. Crédito: Clarín.
-Hijo de puta, ya te voy a cruzar.
-Ningún problema, cruzame, matame.
-Te salvaste por cinco minutos, por cinco minutos zafaste eh.
-Matame cuando me vengas a buscar eh. No me dejes vivo, matame.
-Yo te agarro a piñas.
-No, piñas no, matame, eu, matame eh.
En julio del año pasado, Gustavo Iglesias se hizo popularmente conocido por las amenazas viralizadas contra Fernando Pérez Algaba. Como pudieron reconstruir las autoridades, Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas asesinaron de dos disparos por la espalda a «Lechuga» en un terreno de General Rodríguez, lo descuartizaron en Lomas de Zamora y descartaron sus restos en una mochila azul y una valija roja en el arroyo El Rey.
Cuando aún no había rastros de la víctima, hicieron llegar a los medios las amenazas del «Chupa» Iglesias para responsabilizarlo por el crimen del hombre que no era el trader más famoso ni el influencer más seguido del país. En los audios, entre otras cosas, Iglesias juraba que le cortaría las manos para que nunca más se quedara con plata ajena. Al cuerpo de «Lechuga», precisamente, le quitaron las extremidades superiores e inferiores.
La similitud entre la promesa y la venganza obligó a los detectives a allanar a Iglesias y a su hijo. Al final, descartaron esa pista: los audios eran parte de la estrategia para desorientar la investigación. Ahora, Pilepich y Vargas esperan el juicio en su contra por asesinar a Pérez Algaba para no pagarle 150 mil dólares.
Pero Iglesias es un viejo conocido de la Justicia. Antes de Pérez Algaba, antes de ganar poder en la barra de Boca, el hombre formaba parte del círculo íntimo de Miguel Ángel Villalba, el famoso «Mameluco», que alguna vez soñó con ser intendente de San Martín, pero que, a días de las primarias del 2011, la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y la Policía Federal (PFA) lo arrestaron por narcotráfico sin avisarle a la Policía Bonaerense.
En aquella época, antes de recuperar la libertad por última vez, «Mameluco» continuaba al frente de su organización narcocriminal a través de su hijo Iván Gabriel Villalba y su hermano Luis Alberto Villalba, pero la administración de las finanzas las dejaba en manos de «Primo», uno de los primeros apodos del «Chupa».
Al principio, el 30 de junio de 2008, el fiscal solicitó la detención de varios miembros de la banda de la Villa 18. Entre ellos, claro, Iglesias. Apoyado en las «escuchas» telefónicas y las tareas de inteligencia, imputó a «Primo» por actividades compatibles con el narcomenudeo. Después, tras una revisión de la Cámara Federal de San Martín, cambió la acusación por operaciones de lavado de activos.
Básicamente, Villalba lo llamaba, le daba órdenes y él las cumplía: desde pagarles los alquileres y los celulares a los hijos hasta comprarles vehículos. Las «escuchas» están, los vehículos también: como una camioneta Volkswagen Amarok TDI y una moto Yamaha FZ1 N Fazer.
Por esa investigación, el 16 de septiembre de 2014, un tribunal sentenció a «Mameluco» a 13 años de prisión y al unificarla con una anterior, lo condenó a 23 años. Al hijo le impuso 6 años. Más tarde recibió 27 años por un crimen. Al hermano, también 6 años.
En los alegatos, el fiscal de juicio solicitó extraer testimonios para investigar operaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico, que luego impulsó la Unidad de Información Financiera (UIF).
En octubre del 2018, otro tribunal le sumó a «Mameluco» 6 años de prisión y una multa de 5,2 millones de pesos de la época -150 mil dólares, aproximadamente- y condenó a Julio César Miguel, alias «Turco», a 5 años y 6 meses de prisión y una multa de 5,7 millones de pesos.
De la comunidad gitana, «el Turco» es familiar de Fabio Miguel, un narcotraficante que escondió en su casa de la calle Boyacá, Flores, a Ramón Machuca, «el Monchi» de «los Monos». Mientras era investigado en el operativo Bachata, Miguel se movió al lado de Gastón Tallone, un hombre que quería quedarse con la Terminal Puerto de Concepción del Uruguay. Como reveló Encripdata, Ariel Máximo Cantero, «el Guille», ordenó vengarse de Tallone por el robo de 340 kilos de cocaína. No se sabe nada de él desde este 8 de julio.
Por el secuestro con final incierto, los detectives buscan a Gustavo Juliá, un empresario que pasó varias temporadas a la sombra en España por intentar «coronar» 944 kilos de cocaína a bordo de un Bombardier Challenger 604 aterrizado el 2 de enero de 2011 en el aeropuerto El Prat, Barcelona. Juliá, además, fue investigado por el doble crimen de Unicenter. Por los homicidios de los colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos, alias «Monoteto», y Jorge Alexander Quinteros Gartner el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping, un tribunal condenó a prisión perpetua a Jorge Daniel Moreyra, alias «Zurdo», y Víctor Hugo Ovejero Olmedo, «el Pelado».
Muchos nombres, sí, pero todos unidos por una pasión: Moreyra y Ovejero fueron barras de Boca. Iglesias escaló hasta pararse al lado de Rafa Di Zeo en «la 12». Tallone también era del «Xeneize», pero del equipo de básquet.
Y la lista podría seguir con «Pollo» Pinazzi, «Yankee» Pellati y el rebautizado «Veneno» Martínez en su, por ahora, fantasmal regreso.
Como sea, Iglesias tuvo mejor suerte que su jefe de San Martín: si bien el fiscal solicitó la elevación a juicio el 23 de enero del 2017, el expediente por lavado, desde entonces, solo juntó polvo en un armario, para fortuna, además, de Sandra González, más conocida como «Gitana», madre de uno de los hijos de «Mameluco», que recibía transferencias en dólares desde Estados Unidos, España y Países Bajos; y Sara Belén Olguín, que compraba vehículos con plata de la banda.
Así transcurrieron los últimos siete años. Entonces, los abogados de Iglesias, González y Olguín aprovecharon el paso del tiempo, plantearon el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, y el tribunal no tuvo otra opción que convalidarlo este 15 de agosto, según el fallo al que accedió Encripdata.
A principios de año, el Ministerio de Seguridad incorporó a los Villalba al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que, entre otras medidas, redujo al máximo las visitas: solamente continuarían teniendo encuentros de contacto con familiares directos y excepcionalmente, con personas allegadas, en este caso con contacto diferido en sala de locutorio individual. Próximamente, padre e hijo deberán defenderse por el desastre del carfentanilo en Puerta 8 y Villa 18.
El objetivo del Gobierno: cortar todo vínculo entre los presos de «alto riesgo» y sus bandas.
Hoy, Sara es una de las pocas personas que puede visitar a Iván, «el Salvaje».
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