Empezó el juicio por el caso Scapolan sin el exfiscal ni el principal «arrepentido» en el banquillo de los acusados
Leones Blancos: empezó el juicio a policías por robar 500 kilos de cocaína. Crédito: Encripdata.
La noche del 29 de diciembre de 2013, la Bonaerense arrestó a cinco personas e incautó 500 kilos de cocaína en medio de la autopista Panamericana. Hoy, finalmente, casi once años después, comenzó el segundo juicio por ese caso, el famoso «Leones Blancos», pero en el banquillo, a primera hora del día, no estuvieron los detenidos sino los policías bonaerenses acusados de robar otros 500 kilos.
Tampoco estuvieron el fiscal del caso, Claudio Scapolan, porque será juzgado más delante, ni Diego Xavier Guastini, alias «Dolarín», un financista, narcotraficante e informante de las fuerzas de seguridad, que primero dio el dato a policías de Quilmes para armar la causa y después declaró como imputado colaborador para mejorar su situación procesal.
Alguien, antes, decidió callarlo.
Y ordenó que fuera para siempre.
En la primera audiencia ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, el fiscal de juicio Marcelo García Berro leyó el requerimiento de elevación a juicio y la individualizaciones de las imputaciones a 32 personas, entre uniformados, abogados y testigos truchos, que incluyen los hechos «Bustamante», «Santellán», «Basaldúa» y «Acosta», como viene contando Encripdata. Después fue el turno de Damián Odetti, testigo y abogado que representa las querellas de Sergio Santellán y Federico Bravo, relacionados con el submundo del narcotráfico, pero que en estos casos fueron víctimas de extorsiones de la asociación ilícita, una incluso que quedó registrada en video.
Acto seguido, todos los acusados hicieron uso del derecho constitucional a negarse a declarar -aunque pueden hacerlo en cualquier momento del debate-. Los «arrepentidos», en tanto, se remitieron a lo declarado en la instrucción. El debate podría durar un año: las partes discutirán las evidencias producidas a lo largo de 83 cuerpos principales, 10 cuerpos de legajo fiscal y 200 incidentes, o sea, 40 mil fojas o más.
Aquel 29 de diciembre de 2013, policías de Quilmes bajo las órdenes de Scapolan, fiscal de Investigaciones Complejas de San Isidro, arrestaron a personas vinculadas al clan Loza y secuestraron 500 kilos en dos operativos, uno, precisamente, en la quinta de «Leones Blancos», partido de Moreno, y otro en el peaje de la autopista Panamericana y el camino del Buen Ayre, justo en el límite de San Isidro. Una vez detenidos, los acusados dieron a entender -como pudieron para no autoincriminarse- que ellos tenían una tonelada de cocaína, pero que la Bonaerense les robó la mitad y que, por eso, solo informó el secuestro de la otra mitad.
Por el armado del caso, el 19 de agosto de 2016, un tribunal no tuvo otra opción más anular todo lo actuado desde la foja 1, es decir, desde la orden de allanamiento en adelante, absolvió a los narcotraficantes y ordenó extraer testimonios para investigar la comisión del delito de acción pública, o sea, para investigar al fiscal y los policías que actuaron.
Durante cuatro años en silencio, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez pudieron reconstruir que «Leones Blancos» no comenzó el 29 de diciembre de 2013 sino algunos días antes cuando el colombiano Alberto Mejía, alias «Papo», cambió euros por dólares en la cueva financiera de Guastini para luego comprarle una tonelada de cocaína a Erwin Loza, más conocido como «Nene». Como «arrepentido», Guastini declaró que ni bien terminó la operación cambiaria, le avisó a su amigo policía Adrián Gonzalo Baeta, alias «Palermo», lo que estaba por suceder.
Amigos de la infancia, Guastini y Baeta acordaron robarles a los narcotraficantes y repartirse el cargamento. Como intervendría la Bonaerense, tendrían que dejar algo para incautar en el operativo.
Entonces sí, aquel 29 de diciembre de 2013, el comisario Juan José Magraner, jefe de Baeta, y el fiscal Scapolan hablaron dos veces. Según el registro telefónico, a las 16.19 y 16.32. Lo hicieron antes -y no después- de la falsa denuncia anónima anotada en el libro de guardia a las 17.35. Y aunque el policía federal Carlos Daniel Maidana se hizo cargo, en realidad, la llamada nunca existió. Como demostraría el abogado de los narcotraficantes en el juicio, ni siquiera se gastaron en levantar el teléfono, nadie llamó a esa hora a la DDI de Quilmes.
La mañana del 28 de octubre de 2019, un grupo comando ejecutó a Guastini a la vuelta de la Municipalidad de Quilmes. Ciertas circunstancias alrededor del crimen de este «arrepentido» del narcotráfico internacional podrían ventilarse en este juicio. De hecho, según el oficio al que accedió Encripdata, el tribunal solicitó en carácter de préstamo el expediente por el homicidio de Guastini para incorporarlo como evidencia al debate.
En noviembre comenzará el juicio al único detenido por el asesinato de «Dolarín». Del sicario y demás cómplices, sostuvieron los investigadores, no supieron nada, con la larga sombra de la Bonaerense cubriendo la escena. Pero no fue la única muerte provocada por los «Leones Blancos».
Con todo, el 24 de julio de 2020, en plena pandemia, la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez decidieron detener a 53 personas, entre policías de Quilmes, Moreno y San Isidro, abogados y testigos truchos. También a Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, secretarios del fiscal. En cambio, como Scapolan tenía fueros, solo pudieron allanar su despacho. Ya era un megaexpediente, con cinco casos similares, todos con Scapolan imputado como jefe de la organización narcocriminal.
Durante el proceso, con muchas idas y vueltas en Cámara, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados bonarense destituyó a Scapolan de la fiscalía de San Isidro. El 17 de abril de 2023, la única que votó salvar al ahora exfiscal fue Sofía Vannelli, la senadora del Frente Renvoador (FR) que responde a Sergio Massa. Se entiende: Scapolan intervino en el expediente por el robo en la casa de Massa en el 2013, un hecho que alimentó la desconfianza mutua con el entonces gobernador Daniel Scioli.
Con todos esos recursos, Scapolan consiguió reducir al máximo la imputación: una simple falsedad ideológica de documento público, es decir, inventar la denuncia anónima. Sin embargo, si el entonces fiscal no hubiera cometido ese delito, la Bonaerense no habría podido robar la mitad del cargamento a los narcotraficantes.
En esa batería de recursos, Scapolan recusó a Arroyo Salgado. Recién ayer, horas antes del inicio del debate, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo desestimó. Así, ante semejante escenario de gravedad institucional, el paso del recurso desde las instancias inferiores hasta el máximo tribunal del país demoró cuatro años, un recuerdo de que la Corte no tiene plazos para pronunciarse, ni siquiera cuando se trata de un fiscal acusado de liderar una organización narcocriminal que desde dentro del Estado «regulaba el tráfico de estupefacientes» en la zona norte del conurbano bonaerense o cuando se trate de la expresidenta Cristina Kirchner.
Como le dijo Jorge Asís a Schargrodsky en Cenital+, «tenés que hablar en serio, Iván».
«Todos los columnistas hablan de que el 13 de noviembre le van a consolidar la sentencia, pero, en realidad, esto tiene que ver con lo que fue la presidencia y la capacidad insólitamente recaudatoria que tuvo Néstor Kirchner. Pero la clase política comete un enorme error si permite la entrega de la ‘Doctora’. Si hablás en serio de lo que son las cajas de la política, tenés que meter a mucha gente adentro», advirtió «el Turco».
Mientras tanto, en «la provincia del pecado», Scapolan colabora en la defensa de L-Gante.
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