Piden el juicio político de la fiscal Dongiovanni por permitir que el clan Centurión destruya la escena del crimen
El cuerpo exhumado era de Lautaro Morello. Crédito: Facebook.
Estefanía Morello y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitaron el apartamiento preventivo y el juicio político de la fiscal Mariana Dongiovanni ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados bonarense a partir de su actuación en la investigación por el crimen de Lautaro Morello, de 18 años, y la búsqueda de Lucas Escalante, de 26, que aún continúa desaparecido. La mamá de la víctima y la CPM dejaron en manos del actual fiscal del caso, Daniel Ichazo, la decisión de denunciar a la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 2 descentralizada de Florencio Varela por delitos de acción pública.
Lucas fue visto por última vez el 9 de diciembre del 2022. Aquella noche tenía que retirar vales de nafta de la Policía Bonaerense. Cristian Centurión le dijo que se los daría en la casaquinta familiar de calle 1538, esquina ruta 53, La Capilla, Florencio Varela. Allí lo esperaba con su primo Maximiliano Centurión. Lucas no quería ir solo. A varios amigos les pidió que lo acompañaran, sin suerte. Finalmente, Lautaro aceptó la invitación. Con el correr de las horas se sumó el dueño de casa: el comisario Francisco Centurión, enlace de la Bonaerense con Interpol.
Hoy, casi dos años después, el comisario Centurión, el hijo y el sobrino pasan los días bajo prisión preventiva por el crimen de Lautaro y la desaparición de Lucas. De no mediar más postergaciones, el juicio empezará el 18 de marzo de 2025. En el banquillo también estarán otros policías por encubrimiento calificado por tratarse de un hecho grave el delito precedente: Ramiro Jair Forchinito, Sergio Enrique Argañaraz, Damián Rodríguez, Luis Alberto Zaracho, Juan Manuel Brito, Raúl Roberto Figarotti y Agustín Alejandro Antonio.
Pero los familiares de Lautaro nunca se olvidaron de Dongiovanni, la primera fiscal del caso. De cómo los trató, de las palabras que pronunció delante de ellos y de las cosas que le dejó hacer a la Policía Bonaerense.
En el pedido de juicio político, al que tuvo acceso Encripdata, la CPM detalló todos «los elementos objetivos, suficientes y concretos respecto de la vinculación de la desaparición de los jóvenes con funcionarios de la Policía Bonaerense», pero recién decidió apartar a la Bonaerense el 13 de enero de 2023, cuando ella misma se excusó de seguir interviniendo por «constantes descalificaciones» de la familia de Lautaro.
«Surgía desde el inicio -puntualizó la CPM- una verificada vinculación previa y frecuente entre las partes a partir del ofrecimiento y entrega de vales de nafta, y de la influencia de Francisco Centurión para superar controles vehiculares. Tales elementos obrantes en la causa constituían elementos suficientes y unívocos, que resultaban determinantes de forma objetiva y racional para concluir y cuanto menos sospechar fundadamente en la participación de agentes de la fuerza de seguridad provincial. En consecuencia, y en cumplimiento de la manda legal, específicamente en acatamiento de los deberes de la función pública, la doctora Dongiovanni debía cumplir la Resolución MPBA 1390/01 y el artículo 7 de la Ley 14.687, que ordena a los agentes fiscales a no hacer uso de la facultad de delegación contenida en los artículos 267 y 293 del CPPBA, al menos en la misma fuerza que se encuentra acusada, debiendo desvincular inmediatamente a la policía de la provincia de la investigación».
Las irregularidades comenzaron la misma noche de la desaparición: el comisario Argañaraz se negó a recibir la denuncia por averiguación de paradero. Al día siguiente, la hermana de Lucas y un amigo declararon que el joven se iba a encontrar con Cristian, cadete egresado de la Escuela Juan Vucetich e hijo del comisario Centurión, enlace con la Interpol, pero la fiscal Dongiovanni no sacó a la Bonaerense.
Todo lo contrario, «le permitió realizar prácticamente la totalidad de las medidas de prueba iniciales y vitales para la investigación», como el allanamiento de calle 1538, esquina ruta 53, La Capilla, la casaquinta familiar de los Centurión, el último lugar donde Lautaro y Lucas estuvieron con vida.
Como describió Encripdata desde el comienzo, ese operativo fue sin igual: aquel 14 de diciembre de 2022, cuando uno de los canes marcó un punto de interés, los policías a cargo del procedimiento, autorizados por la fiscal Dongiovanni, frenaron todo, dejaron una consigna, le devolvieron la llave de la propiedad al comisario Centurión y le avisaron que volverían a la mañana siguiente.
Tan vergonzoso fue ese allanamiento que hasta policías de menor rango se animaron a declarar como testigos contra sus superiores: dijeron que el comisario Centurión había paseado a sus perros por «la casa de atrás». Obviamente, al día siguiente, los canes ya no olieron nada.
Pocas horas después, un vecino halló el cadáver de Lautaro en Guernica. Si bien la Bonaerense lo constató a las 21.40 del 15 de diciembre, el testigo dio aviso a las 15. Uno de los celulares del comisario Centurión impactó en ese sitio más temprano, entre las 8.25 y 8.27, y recién media hora después, a las 8.53, la Policía reanudó el allanamiento en la casaquinta.
Para el fiscal Ichazo, eso solo tenía una explicación posible: la fiscal Dongiovanni y la Bonaerense suspendieron el allanamiento, el comisario Centurión aprovechó esa ventana de tiempo para sacar el cuerpo y lo plantó en Guernica. Tal vez por eso, la fiscal Dongiovanni nunca se hizo presente en el allanamiento, ni ella ni nadie de la fiscalía, que no era una medida de prueba más sino un operativo en el último lugar donde las víctimas estuvieron con vida.
Lo mismo sospecharon los familiares de Lautaro y la CPM: «La interrupción del allanamiento en la vivienda de la familia Centurión autorizada, según consta en actas, por la doctora Dongiovanni, otorgó en un lapso de tiempo crucial para que el comisario mayor Centurión pudiera intervenir de una manera que aún resta determinar, en el descarte del cuerpo de la joven víctima».
Ante tantas irregularidades, el fiscal Ichazo decidió allanar por segunda vez la casaquinta de los Centurión. Lo hizo en abril de 2023. Para ese entonces, en la famosa «casa de atrás» -la que había marcado el can y a la que hacía referencia la hija del comisario en los mensajes de WhatsApp-, los dueño de casa revocaron una pared, cubrieron un contrapiso y realizaron otras modificaciones.
En palabras de los familiares de Lautaro y la CPM: «El clan Centurión eliminó mensajes de los teléfonos celulares, destruyó la escena del crimen y gestionó testimonios, teniendo siempre información y acceso a las potenciales diligencias de la pesquisa».
Por todo eso y más, solicitaron el juicio político de la fiscal Dongiovanni, que por acción u omisión, permitió que el clan Centurión destruyera la escena del crimen de Lautaro y desapareciera hasta hoy a Lucas.
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