El juicio que se viene: el exjefe de la Sedronar y las 41 toneladas de efedrina
La sombra de la Sedronar en la ruta de la efedrina a México. Crédito: Télam.
Primero fue la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) la que alertó al gobierno de Néstor Kirchner que la Argentina era un país de tránsito de la efedrina. Después fue el vicecanciller Gerónimo Gutiérrez el que advirtió que ese precursor, por toneladas, llegaba a México. Y al final fue la DEA (Drug Enforcement Administration) de los Estados Unidos, a través de la operación encubierta en Ingeniero Maschwitz, la que dejó en evidencia la trama para que el kirchnerismo reaccionara. Pero no fue hasta un mes después del triple crimen de General Rodríguez que el Gobierno, ya presidido por Cristina Kirchner, restringió al máximo la importación del precursor químico. Recién ahora, catorce años después, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 8 porteño habilitó el período de admisibilidad de la prueba contra el por entonces secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Ramón Granero, según pudo saber Encripdata.
Además de quien fuera el dentista del expresidente en Santa Cruz, en el banquillo de los acusados deberán sentarse sus colaboradores más cercanos en la secretaría antidrogas: Gabriel Yusef Abboud, entonces director de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos y luego subsecretario Técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico, y Julio De Orue, director del Registro Nacional de Precursores Químicos (RNPQ).
También deberán dar explicaciones los hermanos Miguel Ángel y Máximo Rito Zacarías. El primero, exsecretario privado de Granero, porque «fue un nexo entre los compradores y los funcionarios» mientras que el segundo, aprovechándose de la influencia de su hermano en la Sedronar, porque fue otro nexo de los traficantes, por caso, de Carlos Edelmiro González, para quien hizo gestiones en pleno 2008 para que lo autorizaran a importar mil kilos.
El fiscal de juicio será Marcelo Colombo, que consiguió las condenas de Ibar Esteban Pérez Corradi, el argentino que más efedrina desvió para mexicanos; Maximiliano Darío Romero, alias «Fantasma», otro intermediario de los cárteles; Rodrigo Pozas Iturbe, que con su banda tenía «palanca» en la Aduana; y Julio César Pose, el primer informante de la DEA condenado en la Argentina, no por la ruta de la efedrina sino por la operación Flor de Acero.
Granero y compañía conocen bien las pruebas más importantes en su contra: son los certificados que ellos mismos firmaron a favor de cinco empresas. Hasta un monotributista pudo importar a pesar de que la ley lo prohibía.
Si bien la industria farmacéutica local necesitaba unos pocos kilos de efedrina al año, la importación se disparó en el 2005 y explotó en el 2007 cuando el presidente Felipe Calderón, apoyado por Estados Unidos, le declaró la guerra a los cárteles en México. En consecuencia, la efedrina, que se prohibió allí, comenzó a traficarse por toneladas desde la Argentina. Entre 2003 y 2008 pasaron 47.625 kilos por Buenos Aires.
Argentina fue un país de tránsito hacia México primero y Estados Unidos después: «casi 41 toneladas terminaron en manos de condenados y procesados por maniobras de narcotráfico», reconstruyó la jueza federal María Servini.
El negocio era redondo: si a los empresarios argentinos les costaba solo 100 dólares importar un kilo desde China o India, los cárteles gastaban hasta 3 mil dólares por «coronarlo» en México. En el medio, los Pérez Corradi, los Segovia y otros ganaban millones por intermediar entre aquellos. En eso andaban Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. La «ruta de la efedrina» seguía en Estados Unidos, pero ya reconvertida en dosis de metas, ice o crystal.
Tan pero tan grande fue el negocio que por eso mismo ninguno de los acusados pudo convencer a la magistrada de que «nadie, absolutamente nadie, viera un negocio ilegal de cientos de millones de dólares».
Arrepentido, Pérez Corradi declaró que Josue Ezequiel Fuks, dueño de Farmacéuticos Argentinos (FASA), le contó que le pagaba 50 mil dólares a Granero por cada certificado de importación de mil kilos: «Antes, Fuks tramitaba todo con una mujer, no recuerdo ahora su nombre, pero trabajaba en la Sedronar, pero cuando Granero se dio cuenta de que la efedrina era un negocio, empezó a tratarlo directamente, a él le daba la plata». A pesar de la orden de captura, el mayor importador legal de efedrina de la Argentina llegó en 2009 a Israel, donde vive sin problemas porque no existe tratado de extradición entre ambos países.
El otro personaje de esta historia que se encuentra prófugo de la Justicia -gracias a la ayuda de un exjuez- es Armando Agustín Juliani, un exinformante de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) que participó de la operación encubierta de la DEA en julio de 2008 para romper el «laboratorio» de Ingeniero Maschwitz donde el mexicano Juan Jesús Martínez Espinoza producía metanfetaminas.
«Haber intervenido en la introducción de materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, los que serían ilegítimamente desviados de su destino de uso en razón de que fueron los nombrados los funcionarios públicos encargados de autorizar las importaciones de precursores químicos como así también lo eran de prevenir y perseguir los delitos asociados con los mismos, en cantidades desmedidas en proporción a las necesidades sanitarias tanto que por sí solas evidenciaban que el destino final declarado que se le daría a la efedrina sería alterado ilegítimamente».
Esa fue la acusación de las autoridades para enviar a juicio el 7 de junio de 2018 a Granero, Abboud, De Orue y dos de los cuatro hermanos Zacarías.
Cuatro años tuvieron que pasar para que el tribunal abriera por fin el período de admisibilidad de la prueba, convenientemente al borde de la prescripción de la acción penal. Ninguno de los acusados llegó a estar un solo día preso. De hecho, Máximo Zacarías se animó a entrar el 10 de diciembre de 2019 a la Casa Rosada para festejar el regreso del kirchnerismo al poder, esta vez de la mano de Alberto Fernández.
A pesar de las pruebas en su contra, ninguno aprovechó las indagatorias para apuntar hacia arriba y tratar salvarse. Así, a Servini y Torres siempre les quedó una duda. A esta altura, un misterio. Al cruzar la actividad telefónica de los acusados con las fechas de la llegada de los embarques, detectaron un patrón común: en los días previos y posteriores a la entrada de los contenedores de efedrina al aeropuerto internacional de Ezeiza, algunos empresarios y funcionarios de la Sedronar hablaban entre sí. En esa explosión de llamadas, alguien llamaba a Balcarce 50 y alguien respondía.
Alguien en la Casa Rosada tenía interés en el millonario negocio.
Y esto forma parte de las pruebas contra de Granero y compañía.
Tal vez cuando empiece el juicio, en el 2023, alguno se anime a decir quién era.
Tal vez así se entienda por qué la «ruta de la efedrina» se cortó de raíz solo después del triple crimen.
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