La célula de Pozas Iturbe: por traficar 1496 kilos de efedrina, condenaron a los amigos de una víctima del triple crimen
Forza, Ferrón y Bina y el triple crimen de General Rodríguez. Gentileza: Fabián Marelli.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 8 porteño condenó a la célula del mexicano Rodrigo Pozas Iturbe por contrabandear 1496 kilos de efedrina entre 2007 y 2008 desde una oficina del Correo Argentino en Retiro, a metros de los Tribunales Federales de Comodoro Py. De esa organización narcocriminal formó parte Leopoldo Bina, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez. Aunque este juicio era sobre un tramo de la «ruta de la efedrina», lo investigado resultó clave, según los documentos oficiales a los que accedió Encripdata, para entender por qué mataron a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Bina el 7 de agosto de 2008.
La jueza federal María Servini descubrió esta parte de la «ruta de la efedrina» mientras analizaba, justamente, si Ibar Esteban Pérez Corradi fue el que ordenó matar a los jóvenes porque le estaban «cagando el negocio». Para determinarlo, no solo reconstruyó lo que hizo el acusado sino también las víctimas, especialmente Bina, del que se decía de todo, desde que estuvo «en el momento y en el lugar equivocado» hasta que tenía «palanca en la Aduana».
El instinto de la magistrada no falló: a comienzos del 2020 envió a juicio a los amigos de Bina, justamente, por traficar efedrina. Todos los acusados menos uno fueron representados por el defensor público oficial Mariano Galpern, que acordó con el fiscal Marcelo Colombo un juicio abreviado para no tener que debatir un caso de narcotráfico del que ya habían pasado catorce años. Así, a cambio de reconocer los delitos cometidos, sus defendidos recibirían penas más bajas. Y eso es lo que el juez Toselli homologó en agosto.
El tribunal, entonces, dio por probado que Pozas Iturbe, representante de un cártel mexicano en la Argentina, contrató a Bina, al policía federal retirado y con terminales en la Secretaría de Inteligencia (SIDE) Ricardo Sladkowski y al despachante de aduanas Carlos Alberto San Luis para traficar efedrina a través del Correo Argentino de Retiro. En esa sede, contaron con la complicidad de Carlos Alberto Di Vita, ni más ni menos que el jefe del Control Aduanero de Encomiendas Postales Internacionales de la Dirección General de Aduanas, y también de Nélida Brunelli, una de sus subordinadas, ya fallecida.
De esa célula participaron Jorge Omar Lazota y Claudia Patricia Flores. Sobre Lazota, con el que tuvo un fugaz romance, Flores declaró: «Hablamos de toda la parte política, que estaba en el armado político de los candidatos. Trabajaba en Casa Rosada, su oficina estaba frente a la Casa Rosada, creo que en el Ministerio de Economía. Sé que entraba con una credencial y estacionaba su auto ahí. Siempre estaba con el partido peronista, él estaba con Néstor Kirchner, a quien conocía de Puerto San Julián«.
Por el juicio abreviado, Pozas Iturbe aceptó 4 años y 6 meses de prisión. Ese número le cerró: como en el 2018 otro tribunal lo condenó a 6 años como miembro de otra banda que traficó cocaína entre 2015 y 2016 a Tierra del Fuego y España, el fiscal le concedió unificar las penas por un total de 9 años y 6 meses.
El resto de las condenas: 4 años de prisión para Sladkowski y San Luis; 2 años de prisión en suspenso para Lazota y Flores; ls misma pena para Di Vita a pesar de haber sido un funcionario jerárquico de la Aduana. En cambio, el tribunal absolvió a Silvio Gustavo Salerno -primo de José Luis Salerno, expolicía y socio de Ferrón en una farmacia- porque el fiscal no mantuvo la acusación de instrucción al considerar que no había pruebas suficientes que acreditaran que le había vendido efedrina a Pozas Iturbe.
A este juicio llegó otra «célula»: cuatro argentinos por el tráfico de 1129 kilos de efedrina para un cártel de Monterrey, Nuevo León. Tras el triple crimen, una mexicana que representaba los intereses de sus jefes en Buenos Aires alquiló el 10 de noviembre de 2008 una baulera, guardó 150 kilos de efedrina y se fue del país. Daniel Enrique Escosteguy, el argentino más comprometido en este caso, aceptó su responsabilidad, pero a cambio de la suspensión del proceso a prueba. Sobre los otros tres imputados, el fiscal consideró que tampoco era posible sostener la acusación.
Con este juicio abreviado, los amigos de Bina terminaron por darle la razón a la jueza Servini: Leopoldo, lejos de haber estado «en el momento y en el lugar equivocado», tenía «palanca en la Aduana» y también contactos en la Policía Federal (PFA) y la SIDE.
Pero por la naturaleza misma del juicio abreviado, no tuvieron que responder preguntas que podrían haber ayudado a reconstruir las últimas horas de su amigo Bina y a esclarecer el triple crimen de General Rodríguez:
Pozas Iturbe no tuvo que contar qué hizo con la efedrina que se llevó de la casa de Bina cuando este, Forza y Ferrón estaban desaparecidos.
Di Vita no tuvo que aclarar por qué se fue o lo fueron de su puesto en Encomiendas Postales Internacionales el 10 de agosto cuando Bina, de quien era su «palanca en la Aduana», estaba desaparecido junto con Forza y Ferrón.
Sladkowski, el que dijo en el juicio por el triple crimen que Bina estuvo «en el lugar y en el momento equivocado», ni siquiera tuvo que explicar por qué fue el 10 de agosto de 2008 hasta la calle Nicolás Videla, muy cerca de la casa de los Lanatta en Quilmes, mientras Forza, Ferrón y Bina seguían desaparecidos si la fiscal Ana María Yacobucci, encargada de buscarlos con vida, ni siquiera tenía en el radar a los finalmente condenados.
Lazota no tuvo que responder cómo hizo para conectarse, casi como ningún otro argentino, con Juan Jesús Martínez Espinoza y Pozas Iturbe; cuál fue el motivo por el que se salió de la organización en enero de 2008; y si traficó efedrina por motu propio o, a decir de su paso por el Estado, por orden de algún político.
Escosteguy no tuvo que contestar por qué el clan para el que trabajaba, los Espinoza Ortíz, realizó el último envío de efedrina el 31 de julio de 2008, una semana antes del triple crimen, cuando tenía más kilos en su poder que finalmente dejó «enfriar» en la baulera descubierta recién en agosto de 2018.
La importancia de este juicio por la «ruta de la efedrina» estaba, justamente, en esas preguntas ahora sin respuestas. A la jueza Servini, entonces, le queda menos de un año antes de que prescriba el triple crimen.
En su haber, Colombo fue el fiscal que consiguió las condenas de Pérez Corradi, el argentino que más efedrina traficó para mexicanos, y Maximiliano Darío Romero, alias «Fantasma», un intermediario más de los mexicanos. Ahora, teniendo en cuenta «razones de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos» y «el tiempo que ya ha insumido el trámite de la causa y el que demandaría la realización de un juicio oral en una causa de esta complejidad» decidió aceptar el juicio abreviado.
A pesar de esas preguntas sin respuestas por parte de los amigos de Bina, la magistrada pudo reconstruir los negocios de las víctimas y del acusado. Qué hicieron. Para quiénes jugaron.
En el juicio de Mercedes de 2012, los fiscales Juan Ignacio Bidone y Marcela Falabella señalaron a Pérez Corradi como el autor intelectual: según su hipótesis, contrató a Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci para matar a Forza, Ferrón y Bina porque le estaban «cagando el negocio», es decir, pretendían reemplazarlo como proveedor de efedrina de Martínez Espinoza. Al final, los jueces del tribunal condenaron al par de hermanos como partícipes necesarios y dieron por cierto la orden de Pérez Corradi. Los magistrados y los fiscales se olvidaron un pequeño detalle: el hombre al que acusaban ni siquiera estaba imputado en el juicio. Es más: como estaba prófugo, nunca lo habían indagado.
A principios de 2016, el fiscal Bidone acordó con la jueza Servini que el expediente sobre Pérez Corradi pasara del fuero ordinario al fuero federal. Y a mitad de ese año, en un operativo conjunto de las policías y servicios de Inteligencia de la Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, el prófugo más buscado cayó en Foz de Iguazú.
La magistrada dictó dos veces la falta de mérito a Pérez Corradi: la primera, a finales de 2016, porque necesitaba tiempo para «evacuar las citas», es decir, determinar si lo que había dicho en las once jornadas de indagatoria como «arrepentido» en la «ruta de la efedrina» era verdad o mentira. La segunda vez, ya en abril de 2021, porque los datos que aportó tiraron a bajo la mayor parte de lo investigado por el fiscal Bidone en los ocho años anteriores. Lo más importante: que Pérez Corradi no fue proveedor de Martínez Espinoza ni «el dueño del negocio» de la efedrina.
Por un lado, Pérez Corradi movió 13 toneladas de efedrina de las 40 toneladas que se desviaron entre 2004 y 2008 hacia el narcotráfico internacional sin que diversos organismos del Estado hicieran algo al respecto. Sus clientes fueron: «Fantasma» Romero, Arturo Alonso Cota Lomeli, alias «Alexis», y el clan liderado por Julio Enrique García Mena.
Por otro lado, Bina trabajó desde septiembre de 2007 para Pozas Iturbe y cuando la Policía Bonaerense allanó el 17 de julio de 2008 la quinta de Ingeniero Maschwitz, Forza y Ferrón quisieron con Bina convertirse en proveedores de efedrina del dueño de ese «laboratorio», Martínez Espinoza, que estaba escondido en México, y a la vez hacer negocios con el propio Pozas Iturbe.
En otras palabras: había muchos compradores y muchos vendedores, pero los intereses de Forza, Ferrón y Bina no chocaban con los de Pérez Corradi.
Pérez Corradi declaró que solo una vez le vendió unos kilos a un intermediario de Martínez Espinoza, pero a pedido de su propio proveedor, Josue Ezequiel Fuks, para que la SIDE, cuando «reventara» la quinta de Ingeniero Maschwitz y siguiera la trazabilidad de esos tachos de efedrina, pudiera sacar de juego a Mario Segovia, el «rey de la efedrina», porque había pasado por la Aduana dos cargamentos grandes sin arreglar con ellos. Al final, la «quinta» la allanó la Policía Bonaerense tras una operación encubierta de la DEA de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration). La jueza Servini nunca pudo comprobar si esta historia de Pérez Corradi y Fuks fue verdad o mentira, pero lo cierto fue que la SIDE llegó a Segovia casualmente a partir del intermediario que tenía en común con Martínez Espinoza.
En el medio, la jueza Servini se topó con indicios que la llevaron a pensar que pudo haber pasado algo con Pozas Iturbe, tal vez sentir esas idas y vueltas como un juego a dos puntas de los jóvenes, pero hasta ahora no encontró ni siquiera un elemento que vincule al narco mexicano con los condenados Lanatta y los Schillaci como partícipes necesarios del triple crimen, por lo que nunca lo imputó como autor intelectual.
Quienes ordenaron el triple crimen, lo planificaron casi a la perfección: entre el 7 y el 13 de agosto de 2008, secuestraron a las víctimas en Quilmes; ese mismo 7 prendieron fuego la camioneta de Ferrón y una de las dos armas con las que los mataron; conservaron los cuerpos en frío durante seis días; los plantaron el 13 en General Rodríguez y, por sobre todas las cosas, lograron que, a pesar de ser condenados a prisión perpetua, los Lanatta y los Schillaci nunca marcaran, por ejemplo, la escena del crimen.
Hasta el día de hoy, en el juzgado de Servini se preguntan a quién le molestó tanto la incipiente sociedad de Forza, Ferrón y Bina como para mandar a matarlos. Tal vez la pregunta debiera ser más directa: a quién le molestó tanto el millonario contrabando de 40 toneladas de efedrina a México, por parte de Forza, Ferrón y Bina como de tantos otros argentinos, que terminaron como metanfetaminas del otro lado de la frontera.
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