Es policía, fue condenado por narcolavado y debe pagar 41 millones de pesos para no ir a la cárcel: hace un año y medio que está de licencia por vacaciones
Un policía debe pagar 41 millones por lavar plata narco de Guastini. Crédito: Encripdata.
La verdad a veces está al alcance de la mano. A un solo click. El 22 de marzo, el juez Luis Gustavo Losada, del Tribunal Oral Penal Económico (TOPE) 1 porteño, sentenció por juicio abreviado a Nazareno Gutiérrez y a Fabián Guillermo Ayala a 3 años de prisión en suspenso y a pagar una multa de 41.629.715,04 de pesos por ayudar a Diego Xavier Guastini a lavar 20,8 millones del narcotráfico internacional. Pero ninguno de los investigadores chequeó lo más elemental: las condiciones personales de los imputados. Como lo reconoció, Gutiérrez fue el contador de siempre de Guastini, también contador de profesión, pero cuevero de oficio, de allí su alias, «Dolarín». Pero Ayala solo dijo que llegó a él para entrenarle tres caballos. Nadie se preguntó cómo Guastini, que supo rodearse de policías, espías y guardiacárceles, dejó en sus manos tantos bienes. Encripdata, con un solo click, descubrió que el instructor equino en realidad era policía bonaerense con larga trayectoria. El Ministerio de Seguridad recién se enteró por este medio y no por la Justicia.
Dueño de la cueva financiera de la calle Florida 520, desde la que armaba la logística para mover las ganancias del narcotráfico internacional entre la Argentina, Ecuador, México y España, las «mulas» de «Dolarín» atrapadas in fraganti en los aeropuertos dejarían en el camino un total de 1.524.715 de euros y 1.443.030 de dólares entre el 6 de diciembre de 2012 y el 6 de mayo de 2014.
Pero en un período muy similar, entre el 5 de diciembre de 2013 y el 25 de junio de 2014, Guastini compró siete propiedades por 20,8 millones de pesos, que para la época eran 2.649.275 de dólares, según los documentos oficiales a los que tuvo acceso Encripdata. En limpio: aunque sus «mulas» le hicieron perder 2,5 millones de dólares, él pudo adquirir inmuebles por 2,6 millones.
Las siete propiedades estaban registradas a nombre de Paraíso Construcciones SA, una empresa que en los papeles pertenecía al financista Hugo Díaz y la esposa Natalia Puccar, pero que en la realidad la administraban Gutiérrez y Ayala por encargo del propio «Dolarín». De esas unidades, tres eran del edificio de la calle Florida 520, donde tenía su cueva principal, y dos eran del de la calle Lavalle 658, donde tenía más oficinas.
Los otros dos, en Puerto Madero: el 7 E de la calle Petrona Eyle 355, ni más ni menos que en el exclusivo edificio Aleph, del Grupo Faena, por el que firmó un boleto de compraventa por 2,3 millones de dólares. En ese piso -y también en el Banco Provincia- estuvo toda una temporada el español David Ávila Ramos, alias «Maradona», una de las «mulas» caídas en desgracia, pero que terminó siendo socio de «Dolarín» por sus contactos en Europa.
Consciente de que los investigadores le seguían los pasos tras las sucesivas caídas de sus «mulas», «Dolarín» aprovechó la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal y de esa manera blanqueó la tenencia en el país de seis de los siete inmuebles por un total de 39.172.450 pesos, alrededor de 2,5 millones de dólares según la cotización oficial del 12 de abril de 2017.
A Ávila Ramos, por problemas con traficantes colombianos, lo ejecutaron el 12 de mayo de 2018 a la salida de la comunión de su hijo en la Iglesia de la Virgen del Rocio en San Pedro Alcántara, cerca de Marbella. Así acabó la carrera del «Maradona» de los narcos de la Costa del Sol.
A Guastini, a poco de ser condenado a 3 años de prisión en suspenso por el millonario tráfico de divisas, lo mataron la mañana del 28 de octubre de 2019 a la vuelta de la Municipalidad de Quilmes. Había llegado a entregar datos de los clanes para los que había lavado activos: Loza y Atachahua Espinoza. También sobre el operativo «Leones Blancos«, por el que la Sala I de la Cámara Federal de San Martín acaba de confirmar el procesamiento del fiscal Claudio Scapolan aunque con gusto a poco porque consideró que no hay pruebas suficientes de que formara parte de una asociación ilícita dedicada a extorsionar a narcotraficantes.
Tras el crimen de «Dolarín», los investigadores fueron por sus bienes: así llegaron hasta Gutiérrez y Ayala. Luego de que el juez Rafael Caputo y el fiscal Pablo Turano dieran por terminada la instrucción y la elevaran a juicio, el 6 de noviembre de 2020, Ayala decidió bajar el perfil. Para eso, pidió licencia por vacaciones: ni más ni menos que 541 días acumulados. En el Ministerio de Seguridad bonaerense alguien lo autorizó en enero de 2021 a que se tomara 500 días. Tras un año y medio de descanso, a fin de mes debía reintegrarse a sus funciones, pero, al enterarse por Encripdata de la condena, desde la Auditoría General de Asuntos Internos lo acaban de desafectar del servicio.
Como por algún tiempo administró fondos públicos de la Dirección de Coordinación Logística, el capitán Ayala presentó en el 2019 su declaración jurada al 2016 y solo reconoció como propio el 100 por ciento de un inmueble en el partido de Las Flores con valor fiscal de 188.970 de pesos comprado gracias a un préstamo. Después, negó tener empresas o actividades laborales o profesionales simultáneas a su cargo, depósitos bancarios o dinero en efectivo y deudas o acreencias. Nada dijo sobre su rol en Paraíso Construcciones. Menos que menos, obviamente, sobre su vínculo con Guastini.
Ayala se comprometió en marzo a pagar la multa como parte del juicio abreviado acordado con el fiscal Marcelo Agüero Vera, pero una fuente con acceso a la investigación aclaró ante Encripdata que todavía no la canceló. Otra fuente fue contundente: «Ni loco junta los 41 palos». Si no lo hace, se expone a que el juez Losada haga cumplir el artículo 21 del Código Penal: «Si el reo no pagare la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá prisión que no excederá de año y medio».
Gutiérrez, que había declarado como «arrepentido» para no ir a la cárcel, está en la misma situación.
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