«Fred» Machado se declara culpable por lavado en Estados Unidos, pero no por los narcojets del Cártel de Sinaloa
"Fred" Machado se declara culpable por lavado, pero no por narcotráfico. Crédito: Encripdata.
El empresarioa argentino Federico Machado, alias «Fred», llegó a un acuerdo este martes con el fiscal federal Jay Combs: aceptó declararse culpable por lavado de activos y fraude electrónico, pero no por narcotráfico, a cambio de que le computara los casi cuatro años que transitó el proceso de extradición en prisión domiciliaria en Argentina.
El juez del distrito Sherman, Amos Mazzant, puede homologar el acuerdo en estos días, como adelantó el periodista Sebastián Lacunza en EldiarioAR. A diferencia de la Justica argentina, las personas que se declaran culpables en los Estados Unidos para morigerar la pena en expectativa no solo deben reconocer el delito sino que, generalmente, se comprometen a aportar información relacionada con el caso y, si fuera necesario, declarar como testigo en otros juicios.
Durante los 187 días que pasó encerrado en el centro correccional de Cimarron, Oklahoma, Machado, seguramente, recordó que, en 2023, su socia Debra Lynn Mercer-Erwin se declaró no culpable y tras el juicio, un tribunal la condenó a 16 años de prisión, como publicó Encripdata. Entonces, con sus abogados, sacó cuentas: entre el tiempo en prisión domiciliaria por la extradición, la eliminación del cargo de narcotráfico y una posible morigeración de la pena, el empresario argentino prefirió negociar con el fiscal.
En Texas, a Machado primero lo investigó Ernest González, un fiscal estadounidense con raíces mexicanas, quien quedó marcado por la masacre de Allende. A principios de 2011, el fiscal y el agente de la DEA, Richard Martínez, convencieron a un miembro de Los Zetas para que les entregara los números de teléfono de los líderes del cártel, pero alguien no tuvo mejor idea que compartir esa información sensible con la Policía Federal de México. Enterados, Miguel Ángel Treviño Morales, «Z-40», y Omar Treviño Morales, «Z-42», ordenaron levantar a todo aquel de apellido Garza, acusado erróneamente de la traición. Aquel 18 de marzo de 2011, Los Zetas asesinaron o desaparecieron a 26 personas del pueblo de Allende, según la fiscalía, o, incluso, hasta 300 personas, según organizaciones de derechos humanos.
La periodista Ginger Thompson, en su investigación publicada en 2017 en ProPublica, les dio el derecho a réplica al fiscal y al agente. La entrevista de la cronista con Martínez estuvo controlada, in situ, por el vocero de la DEA, Russell Baer, quien fijó la posición de la agencia: «Con respecto a lo que pasó en México, es por completo culpa de los hermanos Treviño. Estaban matando gente antes de que aquello pasara y mataron gente después de que se entregaron los números».
Antes de hacerse cargo de la comunicación oficial de la agencia, el agente especial Baer, especialista en drogas sintéticas, dejó rastros de su paso en agosto de 2008 por la Argentina: el autor de esta nota, quien publicó el libro Operación Crystal sobre el rol de la DEA en el triple crimen de General Rodríguez, le dio el derecho a réplica, pero tanto él como otros agentes prefirieron guardar silencio.
De regreso a Machado, el fiscal Nicholas J. Ganjei, que reemplazó a González cuando este asumió como juez federal, pudo reconstruir que aquel, a través de South Aviation Inc (SAI) y Pampa Aircraft Financing (PAF), actuó como intermediario entre extranjeros interesados en comprar avionetas y el fideicomiso de su socia Mercer-Erwin. Un pequeño detalle: ellos registraron estas miles de aeronaves en Onalaska, una ciudad del este de Texas, que no tiene aeropuerto.
Las autoridades de los Estados Unidos comenzaron a sospechar de la organización internacional detrás de Mercer-Erwin y de Machado en 2012 cuando inversores de buena fe denunciaron estafas en la compra de aviones. En 2018, en conjunto con sus pares de México, incautaron una de esas avionetas en una pista de aterrizaje clandestina, llevaba 1556 kilos de cocaína y tenía destino final Belice.
Con las ganancias de la cocaína, la organización compraba más avionetas para «coronar» más cargamentos del otro lado del río Bravo. Al final, los investigadores relacionaron a Mercer-Erwin y a Machado con otras siete avionetas cargadas con 9166 kilos más en Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala, Belice y México.
Dos vuelos fueron para el Cártel de Sinaloa, en una trama vinculada con el mexicano César Gastelum Serrano, alias «la Señora», y el colombiano Hildebrando Alexander Cifuentes Villa, alias «Alex» o «Monstruo», aunque a él le gustaba presentarse como «la mano derecha e izquierda» de Joaquín Guzmán Loera. Ambos se animaron a declarar contra «el Chapo» en «el juicio del siglo».
En mayo de 2023, un Tribunal del Distrito Este de Texas condenó a Mercer-Erwin a 16 años de prisión por los tres delitos, es decir, por facilitar, a través de su fideicomiso, más de mil avionetas para el crimen organizado.
Machado, en cambio, siempre negoció: en su momento, respondió preguntas del fiscal González durante siete horas, que fueron oportunamente filmadas.
Por su parte, el fiscal Ganjei obtuvo 1840 hojas de registros bancarios de «Fred», donde figura un pago de 200 mil dólares a José Luis Espert, un dirigente de La Libertad Avanza que renunció como candidato a diputado en 2025 por esa transferencia, y también a varios empresarios argentinos. En el medio, algo pasó que hizo que escapara de Miami y se escondiera en Neuquén.
De homologarse el acuerdo sin modificaciones, será raro que, luego, Machado deba contar en otro juicio, a instancias de un fiscal, lo que dice no saber sobre las rutas de la cocaína de los Cifuentes Villa entre Colombia y México.
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