Imputan a dos barras de Newell’s por el secuestro de Tallone por robar 340 kilos de cocaína a Los Monos
"Guille" Cantero, jefe de Los Monos y dueño de Rosario. Crédito: Ministerio de Seguridad.
Con sumo sigilo, el fiscal federal Carlos Stornelli avanzó con la pista rosarina detrás del caso de Gastón Tallone, un empresario secuestrado el 8 de julio en el barrio porteño del Abasto. Así, en las últimas horas, llegó hasta dos barras: Alejandro Ficcadenti, alias «Rengo», y Sergio Di Vanni, «Bebé», integrantes de La Banda de la Lepra de Newell’s, a quienes les imputó cierta participación en la privación ilegal de la libertad de este hombre, como pudo reconstruir Encripdata de fuentes judiciales, por el robo de un cargamento grande de cocaína en la Terminal Puerto de Concepción del Uruguay (TPCU).
La historia del secuestro de Tallone comenzó a gestarse a mitad del año pasado cuando una organización criminal arrojó papelitos en las puertas de su casa y la de su amigo José Uriburu. Tenían el mismo mensaje: «Con la mafia no se jode». Después les prendieron fuego los autos. A eso les siguieron tiros. Peleados por el control de la terminal portuaria, en plena Hidrovía, Uriburu intentó que Tallone solucionara el problema al que lo había arrastrado. Él buscó otra salida.
Las advertencias continuaron. El invierno se volvió aún más crudo: «la mafia» les envió a los celulares fotos de los hijos en las escuelas. También dieron vueltas por San Isidro y hasta Tortuguitas. Uriburu ya no pudo resistir la presión: «Con la familia, no», pensó aunque sin decirles a los suyos lo que realmente sucedía.
En agosto de 2023, entonces, recurrió a quien pensó que podía ayudarlo dado el contexto de las amenazas: Gustavo Juliá, un narcotraficante que pasó varias temporadas a la sombra en España por intentar «coronar» 944 kilos de cocaína a bordo de un Bombardier Challenger 604 aterrizado el 2 de enero de 2011 en El Prat, Barcelona.
Uriburu le contó a Juliá que «la mafia» le reclamaba 340 kilos de cocaína que desaparecieron de la TPCU, pero le juró por la familia que el ladrón había sido Tallone. Le habló de las acusaciones cruzadas con aquel, de sus denuncias contra Carlos María Scelzi y Leonardo Cabrera, vinculados al puerto, y el fiscal Julio Rodríguez Signes y, lo más importante, le mostró un video para demostrar quién se había quedado con la droga.
Convencido, Juliá levantó el teléfono: «la mafia», le dijo, lo perdonaría, pero, primero, como reveló Encripdata, debería ir a la cárcel de Marcos Paz para hablar cara a cara con uno de los «dueños» de Rosario: Ariel Máximo Cantero, «el Guille».
En total, Uriburu se reunió 17 veces con el jefe de Los Monos. Las visitas empezaron en 2023 y continuaron este año, cuando ya estaba vigente el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que, entre otras medidas, redujo al máximo las visitas: solamente continuarían teniendo encuentros de contacto con familiares directos y excepcionalmente, con personas allegadas, en este caso con contacto diferido en sala de locutorio individual.
Para poder sortear este obstáculo, Uriburu se presentó en su condición de abogado con la excusa de arreglar los términos de una posible representación en causas penales. Pero arreglaron otra cosa. Sabiendo que su visita tenía llegada a la política nacional, «Guille» le ordenó transmitir un mensaje: «Que me mejoren las condiciones de detención y yo paro el baño de sangre». Dicen que así consiguió volver a ver a sus hijos. Al final, Cantero puso a prueba a Uriburu: su vida a cambio de la de Tallone.
Acorralado, Uriburu no pudo, no supo o no quiso salir de esa encerrona: acompañado a sol y sombra por dos «fusibles» rosarinos y por Juliá, se reunió varias veces con Tallone. Primero logró que devolviera parte del cargamento robado. Pero eso no bastó. Los Monos no perdonan: tenía que «entregarlo».
El 8 de julio fue la emboscada: convocado por su socio Juan Carlos Miró, Tallone se acercó hasta el Abasto y, allí, dos rosarinos a bordo de un auto Gol vinculado a Juliá, lo secuestraron. A pocos metros, dentro de su Audi Q3, Uriburu, recordando la advertencia de «Guille», monitoreó la operación.
La fiscal Josefina Minata, de Concepción del Uruguay, y el fiscal Santiago Marquevich, de la Unidad Fiscal Especializada en Crimen Organizado (Ufeco), pudieron reconstruir que los secuestradores mantuvieron cautivo a Tallone al menos una noche en Ingeniero Maschwitz. El rancho, así lo definieron, era propiedad de Uriburu. Pero cuando la Policía Científica fue con los perros, no halló evidencias. No había rastros de él. Tampoco manchas de sangre. Solo colillas de cigarillo. La fiscal ya sabía quién era Uriburu: le dictó la falta de mérito en un expediente anterior por lavado de activos en el que sigue investigando a Tallone.
Para los fiscales, el entorno de Tallone pagó un rescate de 65 mil dólares la misma noche del secuestro. Para el entorno de Uriburu, en cambio, eso no sucedió. Las llamadas extorsivas continuaron más allá del 8 de julio. Algo es seguro: no hubo más noticias sobre el destino de la víctima.
En el medio, enterados de lo sucedido, amigos de Tallone intentaron extorsionar a la familia para sacarle más plata de alguna u otra manera, ya sea haciéndose pasar por los secuestradores, proponiendo armar un equipo de búsqueda, ofreciendo custodia o acercando a un abogado, con la condición de pagar por adelantado. Entre ellos se encontraban un abogado, un policía y el hermano de un exministro albertista.
El juez federal Pablo Seró procesó a Uriburu y Miró por el secuestro extorsivo con final incierto de Tallone, ordenó la captura de Juliá y declaró la incompetencia para continuar con la investigación porque el hecho sucedió en la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, el expediente recayó en el juzgado de la jueza federal María Servini. Para el fiscal Stornelli, los dos barras de Newell’s son quienes bajaron desde Rosario al Abasto para encargarse hasta último momento de Tallone.
Poco después, la Policía arrestó a Ficcadenti y Di Vanni, pero por otro motivo: fiscales rosarinos acusaron a los dos barras de Newell’s por poner la cabeza de un chancho con una bala en la puerta de la inmobiliaria de la familia de Ángel Di María, todo para que el campeón con la Selección argentina no vuelva a vestir la camiseta de Rosario Central.
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