Expulsaron del país a un narco que traficó 9 toneladas de efedrina hacia México
Después de cumplir la mitad de la pena, la Argentina entregó a Óscar Iván Flores López a México. Este año, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 6 de Comodoro Py condenó a este narcotraficante a 4 años y 11 meses de prisión, según el fallo al que accedió Encripdata, por haber formado parte de una célula de un cártel mexicano que traficó al menos 9050 kilos de efedrina entre 2005 y 2008 desde un edificio reconvertido en un hotel ubicado en la calle Valentín Gómez 3550, en el barrio porteño de Almagro, a cuatro cuadras del Abasto.
Con una orden de captura internacional en contra desde 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) de México extraditó a Flores López a la Argentina recién el 4 de mayo del 2023. Antes de partir, el cártel para el que había trabajado le dio una sola orden: no hablar. Y así transitó todo el proceso.
Este año, su abogado David Emmanuel Aguilar y la fiscal Gabriela Baigún llegaron a un acuerdo para firmar un juicio abreviado, es decir, reconocer la participación en el delito a cambio de una morigeración en la pena. Como es extranjero, solicitó el derecho al extrañamiento, o sea, ser expulsado del país al cumplir la mitad de la pena -que alcanzó por la prisión preventiva en Ciudad de México y en Ezeiza-.
Entre 2004 y 2008, el Gobierno dejó entrar 40.972 kilos de efedrina por el puerto de Buenos Aires y el aeropuerto de Ezeiza. Como Canadá y México aumentaron los controles para la importación, varios cárteles mexicanos se asociaron con grupos argentinos de la Ciudad y de Rosario para continuar con el tráfico del precursor por toneladas, que terminaron como metanfetaminas -ya sea en forma de éxtasis, ice o crystal– en los Estados Unidos.
La larga «ruta de la efedrina» quedó al descubierto a partir de la operación encubierta de la DEA de los Estados Unidos del 17 de julio de 2008 en la quinta de Ingeniero Maschwitz y, tres semanas después, el 7 de agosto de 2008, de las ejecuciones de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, que pasó a la historia como el triple crimen de General Rodríguez.
En el 2012, el tribunal de Mercedes condenó a prisión perpetua a Martín Lanatta, Cristian Lanatta, Víctor Schillaci y Marcelo Schillaci como partícipes necesarios del triple crimen. Durante el juicio, los fiscales Juan Ignacio Bidone y Marcela Falabella señalaron a Ibar Esteban Pérez Corradi como el autor intelectual. Según esta hipótesis, éste contrató a los cuatro condenados para matar a Forza, Ferrón y Bina porque le estaban «cagando el negocio» como proveedor del mexicano Juan Jesús Martínez Espinoza en la «quinta» de Ingeniero Maschwitz. Pero hubo un pequeño detalle: los jueces y los fiscales olvidaron que el hombre apuntado como instigador ni siquiera formaba parte del debate. Es más: como estaba prófugo, nunca lo habían indagado.
En el 2016, la jueza federal María Servini se hizo cargo de investigar si realmente Pérez Corradi había mandado a matar a Forza, Ferrón y Bina y el acusado, para intentar demostrar que él no había dado la orden, declaró como «arrepentido», reconoció haber traficado 13 toneladas de efedrina para cárteles mexicanos y dio los nombres de sus dos clientes: un argentino llamado Romero y un mexicano al que conoció como «Alexis«, a los que les vendía «toda la efedrina que pudiera conseguir».
Así, los investigadores llegaron hasta los García Mena, quienes pensaban vivir muchos años en la Argentina: el 26 de octubre de 2006 adquirieron la empresa Odal SRL para quedarse con el edificio de la calle Valentín Gómez 3550. A los vendedores les dijeron que querían convertirlo en un hotel, pero en verdad lo usaron como bunker, donde aguantaron «mulas», kilos y dólares. En aquella época también compraron dos casas, cuatro autos y dos Harley-Davidson.
Los García Mena, como otras células, regresaron a México tras el triple crimen de General Rodríguez. Conocedores de los códigos del narcotráfico internacional, entendieron rápido el mensaje: el negocio de la efedrina había llegado a su fin.
El triple crimen fue el mensaje.
Los cuerpos lo fueron.
Como imputado colaborador, Pérez Corradi declaró que Josue Ezequiel Fuks, uno de los dueños de FASA, tenía contactos con la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Este empresario, aunque tenía orden de captura internacional, consiguió llegar a Israel, donde vive tranquilo desde 2009 porque no existe tratado de extradición entre ese país y la Argentina. El «cerebro» de FASA importó 14.026 kilos de efedrina, es decir, el 29% del precursor químico ingresado entre 2004 y 2008 desde China e India. Además compró algunos kilos más en el mercado local.
Uno de los socios de Fuks era Alberto Salvador López Martucci, conocido como «Negro López», que además de efedrina, traficó llamados con Madero Office Center, una oficina ubicada en el cuarto piso del edificio de la avenida Alicia Moreau de Justo 1148, Puerto Madero, que encierra varios casos de narcotráfico y ajustes de cuentas. A esa oficina, por ejemplo, se comunicaba Lanatta, uno de los condenados por el triple crimen.
Saber quiénes fueron los proveedores y los compradores de Pérez Corradi fue clave para terminar con el mito de que Forza, Ferrón y Bina quisieron «cagarle el negocio», como sostuvieron los fiscales Bidone y Falabella. La jueza Servini no solo determinó que entre unos y otros no había conflicto de intereses sino que en el negocio de los 500 millones de dólares participaban varios grupos más. De ahí nació una nueva teoría: un «doble juego» de las víctimas con dos células mexicanas como disparador, pero tampoco encontró evidencias para sostenerla.
A 16 años del triple crimen, existe una tercera hipótesis sobre el autor intelectual: la DEA. Diego Ferrón, hermano de una de las víctimas, y el autor de esta nota publicaron Operación Crystal, un libro de investigación en el que expusieron las tres teorías, revelaron detalles inéditos sobre las operaciones encubiertas, ilegales y de falsa bandera, testimonios, «escuchas» telefónicas, informes de inteligencia, cables diplomáticos y la cumbre en la Embajada en la víspera del triple crimen. Obviamente, le dieron el derecho a réplica a la agencia estadounidense.
De regreso a los García Mena, México aún debe arrestar con miras de extradición al jefe de la célula Julio Enrique García Mena, el capo de la organización, según uno de los argentinos que hizo negocios con él.
Recientemente, México preguntó si Argentina seguía teniendo interés en él.
La jueza Servini respondió que sí.
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