Empezó el juicio al exfiscal Novo por encubrir el doble crimen de Unicenter
Unicenter: empezó el juicio al exfiscal Novo. Crédito: Archivo.
Esta mañana, el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín abrió el debate sobre el expediente 34003468/2013. Se trata de ventilar circunstancias alrededor del doble crimen de Unicenter, pero en el banquillo de los acusados no están sentados los sicarios. Se trata, además, del narcojet de los Juliá con los 944 kilos de cocaína incautados en España, pero en la sala no están los narcotraficantes. Se trata, también, de las operaciones financieras de Madero Office Center SRL, pero aquí no están los financistas. Aquí solo hay hombres y mujeres de traje y defensas expertas.
El fiscal de juicio Eduardo Codesido intentará demostrar que el exfiscal general de San Isidro, Julio Alberto Novo, cometió los delitos de encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave y por haber sido cometido por un funcionario público, estorbo funcional, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de los deberes de funcionario público. En otras palabras: impedir a los fiscales Diego Grau y Luis Angelini investigar aquellos hechos que marcaron la Argentina en el 2008.
Al lado de Novo, en el banquillo de los acusados, están Eduardo Marcelo Vaiani y Rodrigo Fernando Caro, exfiscales generales adjuntos del distrito; Melisa Fernanda Rey, exsecretaria de la Fiscalía General; y Mariana Busse, exsecretaria de la Secretaría de Gestión de la Fiscalía Descentralizada de San Fernando.
Hay un segundo acusador: el propio fiscal Angelini, que lleva ya catorce años con la denuncia contra Novo y los demás exfuncionarios judiciales de la Fiscalía General de San Isidro y más arriba también. Tanto tiempo pasó que ningún medio estuvo presente, salvo, claro, Encripdata.
En esta primera audiencia, de solo cuatro horas, la fiscalía comenzó con la lectura de la acusación contra los imputados. No hubo tiempo para más. En la próxima jornada concluiría con este acto inicial del proceso. Después será el turno del fiscal Angelini en su calidad de querellante. Luego, entonces sí, será el turno de las testimoniales, donde están llamados a declarar decenas de fiscales del distrito, en lo que será el comienzo de la valoración de la prueba, en un juicio que promete llevarse lo que queda del año -o incluso los primeros meses del próximo año-.
Todo empezó la noche del 24 de julio de 2008 cuando dos sicarios en moto asesinaron a Héctor Edilson Duque Ceballos, alias «Monoteto», y Jorge Alexander Quinteros Gartner, alias «Popis», en el estacionamiento del shopping Unicenter.
Siete meses después, la tarde del 23 de febrero del 2009, otra vez, dos sicarios en moto acribillaron a Juan Sebastián Galvis Ramírez en la avenida del Libertador al 1999, San Fernando, zona norte del conurbano bonaerense.
El fiscal Grau, a cargo del doble crimen de Unicenter, y el fiscal Angelini, del crimen de San Fernando, debieron enfrentar innumerables obstáculos para intentar determinar por qué narcotraficantes paramilitares colombianos elegían la Argentina para ajustar las cuentas. Pero esas trabas no provenían solo de afuera sino también de adentro. Por caso, Julián Andrés Jiménez Jaramillo, que salió ileso de Unicenter, regresó de inmediato a Colombia. La misma noche de los crímenes, alguien le mandó un mensaje de texto: «Ya salieron en las noticias. Muertos». Pero cuando los fiscales quisieron interrogar a Jaramillo, desde la Fiscalía General de San Isidro no los dejaron viajar a Bogotá.
Para los fiscales, Jaramillo «entregó» a las víctimas. Pero Novo, en vez de apoyarlos, los dejó solos. Es más: a Grau, directamente, lo sacó de la investigación; Angelini, en tanto, terminó por denunciarlo.
A pesar de los obstáculos, los sumarios y hasta las denuncias cruzadas, el fiscal Angelini pudo llegar hasta los autores materiales del doble crimen de Unicenter: Jorge Daniel Moreyra, alias «Zurdo», y Víctor Hugo Ovejero Olmedo, «el Pelado», dos barras de Boca. Con todo, el fiscal descubrió conexiones entre los ajustes de cuentas, operaciones de narcotráfico internacional, lavado de activos, agentes del Estado y, especialmente, las empresas Federal Aviation SA y Madero Office Center SRL.
Gustavo Juliá era el dueño de la primera sociedad y tenía infinidad de llamados con la segunda, así como los dos barras de Boca. Pero, otra vez, mientras más investigaba a Juliá, más debía defenderse de la Fiscalía General. Sin embargo, el tiempo le dio la razón: el 2 de enero del 2011, agentes de la Guardia Civil de España lo arrestaron a él y a su hermano Eduardo Juliá ni bien aterrizaron el Bombardier Challenger 604 en el aeropuerto de El Prat. Dentro del jet privado llevaban 944 kilos de cocaína.
En la Argentina, Moreyra y Ovejero Olmedo fueron condenados a prisión perpetua por el doble crimen de Unicenter.
Y en España, los hermanos Juliá fueron sentenciados a 13 años de prisión por la operación de narcotráfico internacional.
Carlos Gustavo Luaces, socio de los Juliá y amigo de Moreyra y Ovejero Olmedo, no fue acusado por narcotráfico y fue absuelto por el doble crimen de Unicenter, precisamente, por falta de pruebas.
Y eso mismo era lo que venía denunciando el fiscal Angelini: que el hostigamiento sistemático desde la Fiscalía General de San Isidro no le permitió recolectar pruebas suficientes contra Juliá ni Luaces.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez enviaron a juicio a Novo y compañía por varios hechos sostenidos en el tiempo para consagrar la impunidad de la organización narcocriminal de los Juliá.
María Inés Domínguez nunca fue acusada, pero supo quién era quién: fue abogada de la emprea de Juliá; era, de hecho, cuñada de Gustavo Juliá; y, encima, era fiscal en Pilar, o sea, trabajaba bajo las órdenes del fiscal general Novo. Por su parte, Rey, que prestaba servicios en la Fiscalía General, llamaba recurrentemente a los abogados de los asesinos del shopping. Y Busse renunció el 30 de junio de 2008 a la Fiscalía General, fue defensora sustituta de los Juliá y, en el 2012, Novo la designó en la fiscalía para colaborar en el esclarecimiento de los tres crímenes, aunque Angelini señaló que hizo todo lo contrario. Y era la pareja del principal abogado de los Juliá.
Si Novo y compañía impidieron investigar Unicenter y todo lo que vino después, como denunciaron Grau y Angelini, eso ha tenido consecuencias a lo largo de los años, incluso hoy: en este preciso momento, Juliá está prófugo por el secuestro de Gastón Tallone en julio en el Abasto, en un nuevo ajuste de cuentas.
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