«Alicho» crece desde la cárcel: el dueño de Loyola conquistó cuatros villas a sangre y fuego
– Vos tenés que infiltrar gente, sabes, ahí, en todo los puesto de él.
– Sí, sí, eso ya está, sí, ya tenemos uno ahí.
– Listo, ya está.
– Le dije que se ponga con más intensidad.
– Sí, que busque dónde están los canutos, todo lo de él.
– Sí, eso ya está, despreocupate.
– Listo, escuchame, y si podés mandar a comprar los puntos de venta con una camarita y los grabas todo los puntos de él, dale.
– Listo.
– Que Leonardo le compre el reloj o algo y que vaya, que los grabe, ahora que en verano todos van en remerita, a todos los vendedores, a él, a todos, dale.
– Listo, hermano.
– Bien prolijo que no se puede enterar nadie, dale que vamos bien, dale.
– Listo, hermano.
El que habla, el que ordena, el que tiene la voz cantante es Max Alí Alegre, alias «Alicho». El que responde, casi con monosílabos, es su socio Blas Adrián Gómez, el «Gordo». Esa conversación fue del 7 de noviembre del 2021. Estaba claro: buscaban expandir su negocio, el mismo que los había llevado adonde estaban mientras hablaban: la cárcel, desde 2017. El «Gordo» no tiene nada que perder: a sus 30 años, tiene toda la vida por delante tras las rejas por matar a «Pica» en Villa La Rana, al que acusaba de ser un «buchón» de la policía. A «Alicho», de 33, le dieron 9 años de prisión por ser el jefe de la asociación ilícita. Este año podría pedir la libertad condicional, pero prefirió seguir liderando su banda desde su celda, esa celda donde un enemigo intentó que fuera su final.
Si antes de entrar a prisión Alegre y Gómez dominaban el narcomenudeo en Villa Loyola y La Rana, ahora, cinco años después, sumaron puntos de venta de un extremo a otro del conurbano bonaerense: Villa Baires, Tigre; Villa Melo, Vicente López; La Cabaña, Malvinas Argentinas; y Villa Fiorito, Lomas de Zamora; tantos puntos de venta que entre 2020 y 2021 se abrieron doce causas en la justicia local que se unificaron en el juzgado federal a cargo del juez Lino Mirabelli.
En la cima de la organización, obviamente, estaban -y siguen estando- «Alicho» y «Gordo»; después, los encargados generales, es decir, los ojos de ellos en los puntos de venta, tanto para el abastecimiento y comercio de las dosis de cocaína y marihuana así como también para el retiro de las ganancias. Después, como no podía faltar, los transas, los «esquineros», los «fierreros», los «pilotos» y los contadores.
La banda de Alegre y Gómez tenía su sello distintivo: a los envoltorios termosellados les agregaba la leyenda 100 o 200 para marcar el peso y la calidad del producto. Y se trabajaba todo el día, todos los días, divididos en tres turnos. Era -es- una rueda en continuo movimiento. En algunos puntos podían ganar 300 mil pesos. En otros, incluso, un millón por día. Y a los tiros, usurpaban casas para tener dónde esconderse de la policía. Eso sí: los contadores siempre volvían a Villa Loyola, la base fundamental del poder de «Alicho» y «Gordo», para guardar las ganancias.
Otros cuatro presos formaban parte de la banda: Santiago Alejandro Osores y Marcelo Humberto González, compañeros del «Gordo» en la Unidad 28 Magdalena, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB); Facundo Ezequiel Compiano, en la alcaidía Campana; y Esteban Gastón Ponce, en Sierra Chica. Extramuros, a ellos les respondían al menos doce personas más.
El juez Mirabelli los procesó con prisión preventiva por narcomenudeo en esos seis puntos de venta del conurbano bonaerense, según el fallo al que accedió Encripdata. Ahora, además, los jueces Marcos Morán, Marcelo Darío Fernández y Juan Pablo Salas, de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, confirmaron la resolución.
Los camaristas hicieron algo más: enviaron una copia de lo resuelto al juez federal Juan Manuel Culotta para que lo sume a su investigación sobre Joaquín «Paisa» Aquino, un transa que respondía, precisamente, a «Alicho» y «Gordo», es decir, para que analice si corresponder imputarlos a estos dos en ese expediente como jefes de aquel.
Y, entre tanto, existe una mujer que puede hacer que «Alicho» no salga nunca más de la prisión: Silvia Castellanos será enjuiciada por el crimen del policía federal Ricardo Ariel González, cometido la noche del 20 de julio de 2021 en Loma Hermosa. Cuando cayó en desgracia, Javier Alejandro «Rengo» Pacheco ofreció una recompensa para quien se animara a matar a los que él creía que lo habían «vendido» en la Justicia: Alegre y Gómez. El oficial inspector González pretendía contratar sicarios carcelarios. De alguna manera, el plan llegó a los oídos equivocados.
Cuando los investigadores se acercaron a la escena del crimen, encontraron un cartel sobre el cuerpo del policía: «‘Rengo’ Pacheco: ¿10 millones por mí? Acá tenés tus 10 millones. Atentamente: San Martín».
Esa mujer deberá sentarse en el banquillo como «partícipe secundaria» del crimen. Según la acusación, no fue más que un «puente» entre el policía, a quien conocía de un templo umbanda de General Rodríguez, y los presos que querían hacerse cargo del encargo por la recompensa. Para mejorar su situación procesal, podrá explicar cómo fue que el plan se dio vuelta, cómo fue que el victimario fue la víctima; en definitiva, cómo fue que «Alicho» y «Gordo» le tiraron un muerto al «Rengo».
Puede decirlo para intentar salvarse, para intentar demostrar que ella solo unió a las partes sin saber lo que pasaría, o puede callar y terminar en la cárcel por varios años. Como su marido.