Pacheco contra «Alicho»: llevan a juicio a la mujer de un preso por el crimen de «los 10 millones»
El policía que quería matar para el "Rengo" Pacheco. Crédito: Encripdata.
Teléfonos, malditos teléfonos, que disparan órdenes y balas.
Los presos de esta historia tuvieron acceso sin control a teléfonos públicos o celulares en los complejos penitenciarios de Ezeiza, Tandil, Olmos y Devoto para triangular las llamadas que terminaron el 20 de julio del año pasado con el crimen de Ricardo Ariel González, el hombre que, aunque policía federal, deseaba cobrar la millonaria recompensa de Javier Alejandro «Rengo» Pacheco, hecha desde la cárcel, por animarse a matar a los que lo «vendieron» en la Justicia, Max Alí «Alicho» Alegre y Blas Adrián «Gordo» Gómez, también en prisión.
A principios de junio, un juez de Garantías elevó parcialmente la investigación a juicio para que Silvia Castellanos responda ante un tribunal como «partícipe secundaria» del crimen del oficial inspector de la Delegación Mercedes de la Policía Federal (PFA), según pudo confirmar Encripdata. Detrás de esa calificación legal genérica, la fiscal Gabriela Disnan la acusó de haber intervenido como «puente» entre González, a quien conocía de un templo umbanda de General Rodríguez, y los presos que querían hacerse cargo del encargo para quedarse con una parte de la recompensa.
Pero empecemos por el final: aquel 20 de julio de 2021, alrededor de las 23, González, previa confirmación de Castellanos, estacionó su Peugeot Partner en la calle Congreso 8374, Loma Hermosa. Minutos después, un transa, al que tenía que explicarle el encargo, le avisó que el encargo en realidad era él. No se lo dijo abiertamente, se lo hizo saber a los tiros. Tras ejecutarlo, huyó de la escena del crimen.
Ahora vayamos al principio: en mayo de ese año, el juez federal de Morón Jorge Rodríguez ordenó arrestar a Pacheco, su hijo, su pareja, su exesposa y otros cómplices por narcomenudeo en la Villa 9 de Julio. Cuando los uniformados llegaron a su casa, los recibió con un reproche: «Desde temprano, desde temprano, ahora te digo. ¿Me estás filmando?». A su estilo, confesó así que un sector de la Bonaerense trabajaba para él y que lo había alertado de de la jugada.
Olía la traición.
Y tenía razón.
Como las denuncias en esa zona no prosperaban, alguien «entregó» datos por demás precisos sobre «Rengo» Pacheco a la División del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Ezeiza, a cargo del comisario Maximiliano Anauati, hermano de Sonia Anauati, que no era otra que la abogada, muy casualmente, de «Alicho» Alegre. Caído en desgracia, le cayeron todas las causas de las que venía zafando: el magistrado lo llevó a juicio por un cargamento de 7449 kilos de marihuana secuestrado en 2018 en Moreno.
Caliente, no tardó en querer vengarse.
Y hasta ofreció 10 millones de pesos.
Como reveló Encripdata el 28 de agosto de 2021, González, para ejecutar el plan de Pacheco, se reunió con Castellanos, la mujer que conocía del templo umbanda. Ella lo contactó con su marido José Velardez, preso en la Unidad 37 de Barker del Servicio Penitenciario bonaerense (SPB). Este interno habló con otro de Olmos, un pesado de verdad, exmiembro de la «superbanda» de Luis «Gordo» Valor, que por su cabeza en algún momento se llegaron a pelear la Policía y el Ejército. Y tras toda esa cadena telefónica, alguien dijo tener dos sicarios capaces de encargarse de Alegre y Gómez en la cárcel de Villa Devoto.
Conforme ascendía esa cadena telefónica, bajaba el precio: uno de los intermediarios le confirmó a otro que podían hacer «el laburo por 8 palos». La diferencia, claro, clink caja.
La noche indicada, tras mensajearse con Castellanos, González creyó que por fin conocería a quien lo haría millonario, pero cuando lo dejó entrar al auto, el sicario cumplió con el encargo de Alegre y Gómez. Evidentemente, hubo un teléfono descompuesto, un 0800 traición. En su campera, la víctima se quedó con el papelito que tenía pensado darle a quien terminó siendo su victimario. Decía: «Blas Adrián Gómez. M=1 – P 2. Gordo Blas Alicho». Eran las coordenadas, donde estaban alojados: módulo 1, pabellón 2, Villa Devoto.
En cambio, sobre el cuerpo del policía, el sicario dejó el cartel del encargo que acababa de cumplir: «‘Rengo’ Pacheco: ¿10 millones por mí? Acá tenés tus 10 millones. Atentamente: San Martín».
Los detectives todavía no pudieron identificar a los transas que supuestamente iban a matar a Alegre y Gómez en la cárcel ni al sicario que al final disparó para ellos y no para Pacheco. La investigación sigue. Pero Castellanos, la mujer del templo umbanda, deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Llegará en libertad.
Sobre sus espaldas, la banda de Alegre y Gómez carga con el crimen de otro policía federal en uno de los pasillos de la Villa Loyola. Fue el 27 de abril de 2017, Alan Maximiliano Dolz tenía solo 21 años y estaba haciendo tareas de encubierto.
Ahora intentemos volver al final: el final solo fue para González nada más porque final, lo que se dice final, no hay allí donde un ajuste de cuentas solo es el principio del siguiente.
No hay final posible donde, a la vista de la interventora María Laura Garrigós y compañía, todo se digita desde las cárceles con teléfonos cargados de balas.
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