«Guille» Cantero y «Loko» Rojas, el negocio de los 69 millones en celulares y el temor a que quieran armar un CV o PCC como los presos en Brasil
Los crímenes en Rosario se resuelven en las cárceles. Crédito: Ministerio de Seguridad.
Hablar de Rosario ya no es solo hablar de Rosario sino también de Coronda, Las Flores, Piñero, Ezeiza y Marcos Paz. Las cárceles desde donde sus habitantes más ilustres ordenan dejar registro de sus pasiones. Hasta el martes, según pudo saber Encripdata, el Observador de Seguridad Pública de Santa Fe llevaba registrados 182 crímenes en la ciudad y alrededor. El departamento está compuesto por 24 localidades: Rosario, con 155 homicidios dolosos; Villa Gobernador Gálvez, con 14; y Granadero Baigorria, con 6, son los más violentos. Siguen Pérez, con 5 y Piñero, con 2. Los otros 19 distritos son todo lo contrario, respiran tranquilidad, no tienen ni un muerto en su haber en el año. El gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández acordaron «blindar» Rosario con la flamante Unidad Móvil 7 de Gendarmería. Para eso, llegaron el martes 575 gendarmes de diversas partes del país que no conocen las particularidades de esta ciudad. Sus calles. Pero el problema, el sicariato, no empieza en esas veredas. Ahí solo termina. El origen está, justamente, en esas cinco prisiones. Ahí no se hace -casi- nada.
El fiscal Pablo Socca, de la unidad de Balaceras, se «hartó» de Ariel Máximo «Guille» Cantero al hablar en Radiópolis (Radio 2): «No hay que investigarlo más, tiene condenas por 84 años, no hay que gastar más plata en policías, fiscales, jueces y operativos, lo único que hay que hacer es impedir que tenga un teléfono«.
De hecho, la unidad de Balaceras fue creada en septiembre del año pasado como respuesta a la nueva dinámica de las bandas. Lo que no sabían en ese entonces, ahora lo tienen más que comprobado: que las órdenes para atentar contra narcos rivales y casas de jueces y fiscales que los investigan parten de las cárceles de Coronda, Las Flores, Piñero, Ezeiza y Marcos Paz.
Otro fiscal, con conocimiento del territorio rosarino, también reconoció estar «cansado». Ante Encripdata, dio números que hacen a su malhumor: «De 100 escuchas activas que tengo, 85, por lo menos, son de penales».
Este fiscal aseguró que «Guille» Cantero es el responsable de «500 crímenes en Rosario» desde que se creyó su dueño a fuerzas de sangre, fuego, ajustes de cuentas y venganzas.
Según el informe del Observador de Seguridad Pública de Santa Fe, de los 155 homicidios dolosos sucedidos en Rosario en lo que va del año, el 74% fue con planificación previa, el 32% fue, además, por encargo, el 3% estuvo relacionado a un asesinato anterior, el 78% fue en la vía pública y el 87% fue por arma de fuego. Solo uno fue por violencia de género. Para que se entienda: el 62% estuvo vinculado al crimen organizado. Por si no se entendió: no por la inseguridad de todos los días, el crimen en ocasión de robo, que puede combatirse con más presencia policial en la calle, sino todo lo contrario, por la guerra entre bandas por el territorio, cuando rara vez los victimarios se llevan las pertenencias de las víctimas y donde los nuevos gendarmes pueden llegar, pero solo para acordonar la escena del crimen para los peritos forenses.
En agosto, pocos días antes de que empezara el juicio en su contra por las balaceras del 2018 contra edificios judiciales, «Guille» Cantero ordenó desde la cárcel de Marcos Paz más balaceras para que los jueces que lo iban a juzgar entendieran de una vez por todas, si es que ya no lo sabían, quién era quién en Rosario. No se atemorizaron: lo condenaron a 22 años más de prisión.
«Guille» Cantero cumplió 33 años el 14 de mayo. Encerrado. Sin pronóstico de ver la luz del sol. Con la más reciente sentencia, acumula 84 años de pena. De ese total, recibió más años de castigo por delitos cometidos ya estando preso que en libertad. Pareciera que disfruta con todo eso. A esta altura, no existe ni existirá premio consuelo para convencerlo de convertirse en otra persona, en un «Miljaus», pero en el «Millhouse» bueno. No hay reinserción social posible. Nunca tendrá el día que espera el resto de los internos: el de la primera salida transitoria. Los guardiacárceles, hay que decirlo, dejan que tenga sus comodidades en su celda, que más que celda es todo un pabellón.
Se trata de un pabellón de la cárcel de Marcos Paz. Allí podrían caber decenas de internos, pero las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), con la interventora María Laura Garrigós a la cabeza, decidieron que ese pabellón lo comparta «Guille» Cantero solo otro detenido para poder vigilarlos mejor. Pero ese otro no es otro cualquiera sino uno tan o más peligroso que él: Néstor Fabián «Loko» Rojas. Cuenta en su haber con los crímenes de Sebastián Vega y Rodrigo Ibarra en 2015 y Aldo Canteros en 2018 y con la orden de matar a los jueces Miguel Ángel Guerrero y Fernando Verón. Por fortuna para los magistrados, los investigadores se enteraron a tiempo. No era muy difícil: esos encargos los hizo desde la cárcel de Ezeiza. En Misiones, donde viven los jueces, atraparon a traficantes paraguayos y sicarios brasileños antes de que fuera demasiado tarde.
Con esos y otros narcos, como publicó Encripdata, «Loko» Rojas perdió 11.223 kilos de droga en 36 días. Los paquetes tenían su marca, «P.C.F.», dejando en claro que pretendía instalar el primer cártel de traficantes argentinos, Primer Comando de Frontera, en una zona donde lo que no faltaba era organizaciones criminales, como los brasileños Comando Vermelho (CV), Primeiro Comando da Capital (PPC) y Bala na cara, con los que ya había hecho negocios.
El CV y el PPC nacieron en los años ochenta y noventa en las cárceles de Brasil. Ya no solo dominan ese país sino que también se instalaron en Paraguay, en sus prisiones y, especialmente, en Pedro Juan Caballero, la mal llamada «capital nacional de la marihuana», allí donde la semana pasada un grupo comando, para matar a alias «Bebeto«, acribillaron también a la hija del gobernador de Amambay y sobrina del intendente de la ciudad.
«Loko» Rojas quería copiar con su PCF en la Argentina a los CV y PCC de Brasil. Y las autoridades del SPF no tuvieron mejor idea que ponerlo junto con otro «Loco», como también se hacía llamar «Guille» Cantero. Este, con dominio de territorio en Rosario y alrededores y aquel, con líneas de provisión de marihuana y cocaína a gran escala y contactos con pesos pesados de la triple frontera. En teoría, por su peligrosidad, Rojas cumple un régimen de 23 horas encerrado en su celda y la hora restante para salir al patio del penal sin cruzarse con el resto, pero en la práctica no hace más que armar negocios con Cantero.
Aunque la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) no lo dice abiertamente, tiene temor a que presos como «Loko» Rojas finalmente consigan instalar un cártel que se adueñe de las cárceles como sus pares brasileños. Por eso, el fiscal Diego Iglesias propuso una mesa de trabajo, junto a la Procuración General de la Nación, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP), la fiscalía de Salta, las fiscalías federales de Lomas de Zamora, la fiscalía federal 2 de Rosario y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPFN, para «prevenir la comisión de nuevos delitos cometidos desde el ámbito carcelario».
Mientras tanto, en ese pabellón de Marcos Paz estaban y siguen estando ellos dos. Los dos «Locos». Para cuando los fiscales de Balaceras ordenaron requisar el lugar, encontraron el teléfono de donde habían salido las últimas órdenes de atentar contra edificios judiciales. Es decir: dos internos tenían tres teléfonos a su disposición pesar de que cinco celadores debían impedirlo. Un preso en ese complejo llega a pagar hasta 100 mil pesos por un celular. Que se entienda: eso a los guardiacárceles para que lo dejen entrar más lo que sale el aparato en sí. «Guille» Cantero, además, tenía un teléfono fijo.
En Santa Fe, el de los celulares es un negocio realmente millonario. El «peaje» por cada uno cuesta 15 mil pesos. Según un informe del Servicio Penitenciario provincial, al que tuvo acceso Encripdata, las autoridades secuestraron, entre el 1 de enero y el 8 de octubre, ni más ni menos que 4635 celulares. También 681 elementos punzo-cortantes, muchas bebidas alcohólicas, algo de droga, una balanza de precisión, plata, un router, una tablet, cuatro ipods, un módem, una caladora, tres llaves de esposa de seguridad, una réplica de una pistola de madera, una gomera, un gas pimienta, un serrucho y 32 sierras. Un detalle: en Santa Fe, está prohibido que los internos usen celulares.
4635 celulares, especialmente en Coronda, Las Flores y Piñero, donde están familiares, amigos y sicarios de «Guille» Cantero y Esteban Lindor Alvarado, las cabezas de los dos principales bandas de Rosario. Enfrentadas entre sí. A 15 mil pesos cada uno, el negocio ya dejó 69,5 millones de pesos en lo que va del año en «peajes», que empieza en los celadores, pero que no se sabe dónde termina, pero sí cómo: con muertos en las calles de Rosario.
«Guille Cantero» sabe cómo funcionan las cárceles: pasó por Piñero, Rawson (Chubut), Coronda, de nuevo Piñero hasta antes de empezar el juicio de 2018, en el que lo condenaron por primera vez, el Centro de Justicia Penal de Rosario en lo que duró ese debate, Resistencia (Chaco) y, finalmente, Marcos Paz. Uno de los investigadores que analizó este recorrido, en línea con el pensamiento del fiscal Socca, consideró ante Encripdata que el líder de «los Monos» debería volver a Rawson, no porque allí los celadores sean mejores que en el resto del país, sino porque no hay buena señal.
Esa prisión está «en el medio de la nada».
A veces, el atraso del país, puede jugar a favor.
Mientras, este jueves se registró el crimen 183.
De nuevo, en Rosario, ya con los gendarmes patrullando las calles.
About Author
