La bala 17 del triple crimen que los servicios enterraron en el zanjón de General Rodríguez
La bala 17 del triple crimen que los servicios enterraron en el zanjón. Crédito: Encripdata.
La tarde del jueves 7 de agosto de 2008, en algún lugar del Gran Buenos Aires, los servicios ejecutaron a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.
Aunque Forza siempre portaba una pistola semiautomática modelo Taurus calibre 9 milímetros y otra pistola semiautomática modelo Tanfoglio calibre 40 milímetros Smith & Wesson para defenderse, la ironía del destino quiso que las usaran para matarlos a los tres.
Arrodillados y con las muñecas atadas con precintos plásticos, Forza, recibió ocho disparos; Ferrón, cuatro; Bina, cuatro. A él, además, le cortaron la oreja derecha. Los tres murieron en el acto.
Durante seis días, mantuvieron los cuerpos en algún lugar frío para conservarlos en buen estado. Necesitaban que la noticia llegara a los medios para provocar conmoción nacional. Un agente de la DEA consiguió que «la desaparición de los tres empresarios» fuera tapa de Clarín el 13 de agosto.
El 13, pero a la madrugada, los servicios se movieron rápido por la ruta. Solo los perseguía la luna. Los investigadores hacían poco por buscarlos: «Seguramente se fueron de joda», les respondieron desde la fiscalía a los familiares.
A la altura de General Rodríguez, frenaron a la vera de un viejo camino de tierra y plantaron los cuerpos de Forza, Ferrón y Bina. En ese zanjón, uno contempló los cadáveres, desenfundó su pistola y disparó en ángulo recto hacia el suelo. La bala 17 esquivó todo a su paso hasta alojarse en el centro de la tierra.
Los peritos balísticos detallaron que «la sección de plomo y su encamisado identificado como evidencia A2 fue hallada a 15 centímetros por debajo de la superficie», según el informe al que accedió Encripdata. Los especialistas de la Policía Bonaerense lo levantaron el 14 de agosto. Por su conformación amorfa y por haber perdido parte de su masa, no pudieron determinar el calibre del trozo de plomo, pero sí el del encamisado: «sus características permiten atribuirlo a un 9 milímetros».
No fue en caliente, fue un tiro fríamente calculado para despistar a los investigadores si alguna vez tuvieran la valentía de ir tras ellos. De hecho, el jefe de la Policía Bonaerense, el criminalista Daniel Salcedo, declaró, ese mismo 13 a pocos metros de allí, que el zanjón «podría ser la escena del crimen primaria».
Los médicos legistas lo descartaron. Tuvieron en cuenta el buen estado de conservación de los cadáveres, la inexistencia de signos externos de putrefacción y la costumbre de dos de las víctimas de afeitarse en la zona de los genitales, y consideraron posible que el empleo de “algún proceso que haya influido retrasando los fenómenos cadavéricos”.
Los servicios, además, eliminaron pruebas, como las cámaras de seguridad de los peajes de la Autopista 25 de Mayo, anotaciones de un vendedor de Nextels en manos de la Bonaerense y escuchas telefónicas a un agente de la DEA en manos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
Con la conmoción plantada, en el país no se hablaba de otra cosa que no fuera el triple crimen, la mafia de los medicamentos y hasta el financiamiento de campañas. Forza, de hecho, fue aportante de Cristina Kirchner.
Y, poco a poco, la ruta de la efedrina empezó a copar las páginas de los diarios. Si la industria farmacéutica necesitaba solo 156 kilos por año para elaborar medicamentos, los gobiernos de Néstor y Cristina permitieron que cinco laboratorios vinculados a la SIDE importaran 47.625 kilos entre 2004 y 2008.
Tarde, la Justicia determinaría que, al menos, 41 toneladas de efedrina terminaron en manos de los cárteles mexicanos para fabricar crystal, una de las drogas sintéticas que provocó una epidemia en los Estados Unidos, donde las muertes por sobredosis pasaron de 27 mil a 36 mil en solo cinco años.
En la Argentina, sin embargo, no era sinónimo de muerte sino de caja para la política: los importadores pagaban 100 dólares el kilo por traerlo desde China e India y los cárteles pagaban 10 mil dólares por tenerlo en México. Para los argentinos, era un negocio de 500 millones de dólares a repartir entre los privados y el Estado. Para los cárteles, el verdadero negocio empezaba cuando vendían el crystal a los consumidores estadounidenses.
La DEA de Estados Unidos consiguió que México y Canadá prohibieran la importación de efedrina, pero no podía convencer a la Argentina, no por las buenas, ni siquiera apelando a su estrecha relación con Aníbal Fernández. El 2008 fue diferente: ese año, el objetivo de la agencia era, sí o sí, el combate contra los precursores químicos. Fuera donde fuera. Fuera como fuera.
El triple crimen perjudicó tanto a los importadores argentinos como a los cárteles mexicanos. Con la conmoción aún a flor de piel, el Gobierno, finalmente, no tuvo más remedio que prohibir la importación de efedrina el 5 de septiembre de 2008.
Muchos años después, un tribunal condenaría a los hermanos Martín Lanatta y Cristián Lanatta y los hermanos Víctor Schillaci y Marcelo Schillaci a prisión perpetua por haber sido partícipes necesarios del triple crimen. En otras palabras: por haber colaborado en el secuestro de Forza, Ferrón y Bina sabiendo que su final ya estaba escrito.
Pero los pocos investigadores que sí se atrevieron a enfrentar a los servicios locales y extranjeros no pudieron determinar quiénes dispararon, dónde los ejecutaron y quién dio la orden. El autor de esta nota y Diego Ferrón, hermano de una de las víctimas, publicaron el libro Operación Crystal para responder la pregunta central: quién fue el autor intelectual.
A sangre fría, los servicios cumplieron la misión casi sin sobresaltos.
Poco después, el jefe de la DEA en Buenos Aires regresó a Washington.
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