La escribana de Adorni trabajó para empresarios vinculados al Gobierno K que desviaron 17 toneladas de efedrina
Adorni, su escribana y los empresarios de la ruta de la efedrina. Crédito: Encripdata.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adquirió el año pasado un departamento de 200 metros cuadrados por 230 mil dólares a una cuadra de la avenida Pedro Goyena, en el barrio de Caballito. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a la escribana Adriana Mónica Nechevenko porque algunos detalles no le cierran.
Algunos datos ya los sabe: dos jubiladas le compraron el inmueble a un exfutbolista el 30 de abril y se lo vendieron a Adorni y a su esposa el 18 de noviembre, día en el que solo abonaron 30 mil dólares en efectivo y suscribieron un crédito hipotecario no bancario por el 87 % restante de la operación inmobiliaria.
Seguramente, el fiscal quiera saber por qué se desprendieron de la propiedad seis meses después, por qué aceptaron hacerlo por la mitad del valor de mercado y en cuántos años prometió el Jefe de Gabinete devolverles los 200 mil dólares a las mujeres de 72 y 64 años.
Pero primero será el turno de la escribana Nechevenko. Ya sabe lo que es declarar: el 28 de marzo de 2014, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 porteño, reconoció que prestó sus servicios para Josue Fuks, Alfredo Abraham y Alberto Salvador López Martucci. A través de Prefarm, FASA y un testaferro de Quilmes, estos empresarios movieron 17.234 kilos de efedrina, entre importaciones y compras en el mercado local.
Para importar efedrina había que tener el alta en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RNPQ) y tramitar los certificados -por sustancia y cantidad- en la Sedronar. Eran tres copias: uno para el importador, otro para la Aduana y otro para el exportador. Fuks y compañía eran amigos de José Ramón Granero, el dentista de Néstor Kirchner al frente de la Sedronar, tanto que intercambiaron secretarias.
La escribana Nechevenko, en tanto, certificó, una y otra vez, las firmas de Fuks y compañía para que pudieran retirar los cargamentos de efedrina del puerto de Buenos Aires y del aeropuerto de Ezeiza, en su mayoría provenientes de Emmellen Biotech Pharmaceutical, de la República de la India.
Cinco empresas dominaron la importación de efedrina desde China e India: Droguería Chutrau SACIFIA, Droguería Saporiti SACIFIA, Droguería Libertad SA, Farmacéuticos Argentinos SA (FASA), Unifarma SA. Y, obviamente, Ascona.
La jueza federal María Servini, al investigar la ruta de la efedrina y el triple crimen de General Rodríguez, determinó que “de los 47.625 kilos importados entre 2004 y 2008, fueron desviados 40.972 kilos a manos de condenados, procesados o denunciados por narcotráfico”.
La magistrada descubrió algo más: en los días previos y posteriores al arribo de los cargamentos al país, se producía una explosión de llamados entre los empresarios y funcionarios de la Sedronar. Eso no era lo peor: también se activaban teléfonos en Casa Rosada. Los importadores de efedrina tenían un contacto en el Gobierno. Las malas lenguas dicen que López Martucci, más conocido como «el Negro López», uno de los empresarios, tenía una oficina en Balcarce 50.
Fuks y compañía desviaron el 42 % del total. Por eso, el 29 de agosto de 2014, el tribunal condenó a Abraham a 11 años de prisión; a López Martucci, a 6 años; y a Manfredi, a 4 años y 11 meses. Fuks nunca llegó a juicio: gracias a sus contactos en la Secretaría de Inteligencia (SIDE), escapó hacia Israel, país con el que la Argentina no tiene tratado de extradición.
La línea de importación de efedrina de Fuks y compañía para su posterior desvío hacia los cárteles mexicanos llevaba hacia la vieja SIDE de Néstor y Cristina Kirchner. El triple crimen de General Rodríguez llevaba hacia la DEA de los Estados Unidos. El periodista Agustín Ceruse, director de Encripdata, y Diego Ferrón, hermano de Damián, una de las víctimas, revelaron las dos tramas, íntimamente relacionadas, en el libro Operación Crystal.
Después, para controlar los daños, la DEA y la SIDE operaron en los tribunales para que las investigaciones no llegaran hasta ellos. Así, los funcionarios de la Sedronar no fueron condenados, los dirigentes del Frente para la Victoria (FPV) no fueron a juicio por los aportes sucios para la campaña de Cristina en 2007 y los agentes de la DEA continuan brindando cada 4 de julio con jueces, políticos y periodistas en la Embajada de los Estados Unidos.
A todas las facilidades que las organizaciones criminales encuentran en la Argentina, esto es, la larga lista de puertos para el contrabando de cocaína hacia Europa y la gran cantidad de comercializadoras de precursores químicos, quizás la más importante pero menos analizada sea el sistema financiero.
Desde el regreso de la democracia, casi todos los presidentes tuvieron sus blanqueos de capitales: Raúl Alfonsín en 1987, Carlos Menem en 1992, Cristina Kirchner en 2009 y 2012, Mauricio Macri en 2016, Alberto Fernández en 2022 y Javier Milei en 2024. y 2026.
Tal vez sea hora de aceptar que esta estructura financiera fue diseñada por las castas para lavar activos de una economía en negro al 40 % y que las organizaciones criminales son tan solo de los tantos que le sacan provecho. Tan pretérito que devino en nimio.
Adorni aún no presentó su declaración jurada de 2025 ante la Oficina Anticorrupción (OA).
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