Apenas un periodista
Adorni, su viaje a Uruguay y la "lista negra" contra el terrorismo. Crédito: Encripdata.
A destiempo, el gobierno de Javier Milei declaró el jueves al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista. Lo hizo un año, un mes y seis días después de Donald Trump en los Estados Unidos. Lo hizo un mes y cuatro días después de que el Ejército mexicano, con información de la DEA, abatiera a Nemesio Oseguera Cervantes, «el Mencho», en Tapalpa, sierras de Jalisco.
El Gobierno también incluyó en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet) a cuatro posibles sucesores del «Mencho», a un yerno, a un jefe de plaza, a dos jefes de células de contrabando de fentanilo, a un colombiano que ascendió en la organización y a Gerardo González Valencia, número 2 de Los Cuinis, el brazo principal del CJNG, y a la esposa, quienes vivieron en la Argentina.
Pero ese detalle, el tiempo, sugiere que el Gobierno, al menos en este caso, corrió detrás de las noticias. Y, tal vez por eso, lo hizo mal. En la «lista negra» faltan personas. Por empezar, Rubén Oseguera González, hijo del «Mencho», condenado a prisión perpetua en los Estados Unidos, misma pena que la que recibió su cuñado, Gerardo, él que vivió en Buenos Aires, básicamente, por pretender «coronar» un submarino con 280 kilos de cocaína en 2007.
Encripdata pudo determinar que tampoco incorporó al Repet a los cuatro «secretarios» del jefe de Los Cuinis en su estadía en el país: Francisco Marzio Medina González, Pedro Merced Medina Lizarraga, Julio César Alegre Ortega y Rodrigo Lepe Uribe. A través de ellos, el CJNG lavó 1,8 millones de dólares entre el 21 de mayo de 2009 y el 11 de julio de 2011 en la Argentina.
Además, en 2014, Medina González vendió una propiedad por 305 mil dólares en la Ciudad de Buenos Aires y un vecino de Gualeguaychú le prestó 65 mil dólares a la empresa del CJNG.
Por todo eso, el por entonces juez federal de Morón, Néstor Barral, ordenó en 2019 la captura internacional de aquellos cuatro mexicanos. Hoy en día continúan prófugos. El Gobierno, al declarar al CJNG como organización terrorista, se olvidó de ellos.
Al inscribirlas en el Repet, el Estado argentino puede aplicar sanciones financieras y restricciones operativas a las personas y empresas que colaboren con el CJNG u otras organizaciones terroristas para limitar la capacidad de acción de esta organización criminal transnacional.
No hace falta ser juez o fiscal, ministro o vocero, para darse cuenta de que el Gobierno hizo mal la tarea, basta con ser apenas un periodista.
El Gobierno también podría haber declarado como organización terrorista al Cártel de Sinaloa, aunque ya no existe como tal, o a Los Chapitos y Los Mayos, sus principales facciones, pero tampoco lo hizo.
Un excandidato a senador respira aliviado.
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