Un juez federal aceptó investigar el triple crimen de Florencio Varela
Brenda, Morena y Lara, las víctimas del triple crimen de Florencio Varela
El juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, aceptó el lunes la competencia por materia y por territorio para investigar los crímenes de Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de 20, y Lara Gutiérrez, de 15, cometidos entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre en una casa de Villa Vatteone, Florencio Varela, según el decreto al que accedió Encripdata.
En estos primeros 52 días, el expediente estuvo brevemente a cargo del fiscal Gastón Duplaá a partir de la denuncia por paradero y luego, una vez hallados los cuerpos enterrados, pasó a manos del titular de la UFI Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, y un equipo de fiscales.
El fiscal, cuando dictaminó las prisiones preventivas -similar al procesamiento en el fuero federal-, detalló dos etapas del iter criminis: el primero, sucedido entre el 6 y el 19 de septiembre, el robo de un cargamento de drogas por parte de «allegados o conocidos» de Brenda, Morena y Lara a la organización de «Señor J» y «Pequeño J»; el segundo, el mismo 19 de septiembre, los secuestros, torturas y homicidios de las víctimas. En consecuencia, le solicitó al juez Fernando Pinos Guevara que declarara su incompetencia para continuar entiendo en el expediente en favor del juzgado federal de Morón que por turno correspondiera en razón de la materia, es decir, un triple homicidio en el contexto de narcotráfico.
Así, el juez Rodríguez y la fiscal federal Mariela Labozzetta aceptaron la competencia tanto por la materia, es decir, por el contexto de narcotráfico alrededor del triple crimen, como por el territorio, más allá de que la privación ilegal de la libertad de las víctimas se materializó recién cuando entraron, engañadas pero confiadas, a esa casa de Florencio Varela. De hecho, por el compromiso internacional asumido por el país para desarticular este tipo de organizaciones y fenómenos criminales, la fiscal dictaminó a favor para «garantizar los principios de celeridad y economía procesal».
Como sea, los nuevos investigadores recibieron un expediente avanzado: en estas semanas, sus antecesores en el caso detuvieron a once personas, ordenaron la captura internacional de tres prófugos y determinaron el móvil detrás del triple crimen: el robo del cargamento. Ahora, deberán remarcar los roles de cada uno, conseguir la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, el famoso «Pequeño J», desde Perú y, especialmente, intentar identificar quiénes sustrajeron los paquetes de cocaína a Los Pulpos, organización narcocriminal encabezada en el país, en principio, por Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias «Señor J».
A pesar de que varios periodistas compararon el caso con el triple crimen de General Rodríguez, solo tienen en común, como una casualidad, el número de víctimas. En 52 días, la fiscal Ana María Yacobucci, quien les llegó a decir a los familiares que Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina «se habían ido de joda», y el comisario José Fernando Gabela, quien les planteó una teoría falsa, no detuvieron a nadie. Los hermanos Martín Lanatta y Cristian Lanatta y los hermanos Víctor Schillaci y Marcelo Schillaci cayeron recién un año después como partícipes necesarios por orden de otro fiscal.
La organización utilizó tres lugares -uno para secuestrarlos, otro para matarlos y el zanjón para plantar los cuerpos-. Así, 17 años después, la Justicia no pudo identificar a los autores materiales ni a los autores intelectuales. Y la diferencia más importante: el triple crimen de General Rodríguez no fue un ajuste de cuentas del narcotráfico. La fiscal Yacobucci nunca supo que fue la DEA.
Ante el pase al fuero federal, el abogado de Celeste González, la dueña de la casa, le solicitará a la fiscal Labozzetta que la considere como «arrepentida» por los datos que aportó en el fuero ordinario, donde no existe tal figura, pero que permitieron el avance de la investigación.
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