Seis años después, reactivan la causa por el crimen del «Gordo Tita» y la ejecución de su viuda para que no hable
Reactivan la causa por los crímenes del "Gordo Tita" y de su viuda Blumetti. Crédito: Encripdata.
Aquel día, lo torturaron a más no poder con tal de que les pagara la deuda: le hicieron tajos en todo el cuerpo, le cortaron la oreja izquierda, le dispararon en las rodillas y hasta le arrancaron el ojo izquierdo, pero él nunca cedió. Al final, en un estado irreversible, lo remataron. Se llamaba Christian Quinteros, pero todos lo conocían como «Gordo Tita». Eso sucedió el 6 de diciembre de 2018 en Navarro, provincia de Buenos Aires. Por la mecánica de la muerte y por las primeras declaraciones de los testigos, a los detectives les quedó claro que se trataba de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Sin embargo, el expediente pronto empezó a llenarse de polvo porque un juzgado provincial y uno federal trabaron la competencia. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que sea la Justicia Federal la que intente resolver el caso.
Tantos años pasaron, seis y contando, que el juez federal Jorge Rodríguez ya no solo deberá resolver el crimen de Quinteros sino también el de Anabella Blumetti, la viuda, callada para siempre por la misma organización el 6 de febrero de 2019 en Francisco Álvarez.
Al principio, la jueza de Garantías de Moreno, Cecilia Ardohain, y el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, trabaron la competencia. El procurador interino Eduardo Casal dictaminó el 20 de mayo de 2024 a favor de este último por las circunstancias alrededor de los homicidios. Recién este 26 de abril, la Corte, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró la competencia federal. A casi un mes de la resolución, el magistrado aún no recibió el expediente.
Quinteros era un pequeño traficante más del conurbano bonaerense que se hizo conocido en los pasillos judiciales: la mañana del 3 de abril de 2018, un hombre llamó insistentemente al juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado. No una ni dos veces. Ocho en total. Dijo llamarse Jorge. Después, harto de marcar y no poder hablar con la magistrada, le dijo a su secretaria que le pasara el mensaje: «Esto va de parte de la familia de Gustavo Sancho. Esto no da para más. O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas, como a Candela», como reveló Encripdata.
Sancho, el hombre que exigían liberar, llevaba menos de cinco meses detenido tras una investigación de la propia Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez. En 2011, Sancho ya había sido mencionado en el caso Candela, el secuestro y homicidio de esta nena de 11 años en Villa Tesei. En 2023, un tribunal lo condenaría a 11 años y 6 meses de prisión por ser el jefe de un clan familiar al que se le caían las avionetas con cocaína en la Argentina y Paraguay.
El juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Domínguez pudieron reconstruir que la amenaza telefónica fue realizada por José Damián Sofía, alias «Tano», mientras viajaba desde Campana hacia Rosario junto con su chofer, que no era otro que Quinteros. Entonces, Sofía declaró que el autor de la amenaza era un traficante que le debía plata, pero tras el crimen del «Gordo Tita», sugirió que pudo haber sido este.
Muchos años después, en 2024, Sofía reconoció en un juicio abreviado haber sido él quien amenazó de muerte a la jueza y a las hijas. Por eso, un tribunal lo sentenció a 5 años de prisión. Para ese momento, el «Tano» se encontraba cumpliendo otra condena, pero de 11 años de prisión, por formar parte de la organización que intentó «coronar» el cargamento más grande la historia de Rosario, 1658 kilos de cocaína, en algún puerto de España.
Diego Xavier Guastini, alias «Dolarín», fue uno de los primeros en declarar sobre los crímenes de Quinteros y Blumetti. Lo hizo como testigo, no como imputado, en un expediente donde pocos dijeron la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad.
Para ese momento, «Dolarín» era un «arrepentido» del narcotráfico internacional: había trabajado con La Oficina de Envigado, con la Ndrangheta; estaba entregando información sobre los Loza, los Atachahua y, particularmente, sobre «Leones Blancos», un operativo armado entre el por entonces fiscal Claudio Scapolan y la Policía Bonaerense para el robo de 500 kilos de cocaína. Y también había llegado a aportar datos sobre Diego Marano, el jefe de Los Musculosos, una organización detrás de 3 toneladas de cocaína en España.
Demasiada información conocía Guastini como para dejar que siguiera hablando: la mañana del 28 de octubre de 2019, un grupo comando lo sorprendió, acorraló y ejecutó la vuelta de la Municipalidad de Quilmes. El sicario actuó a cara descubierta ante las cámaras de seguridad, pero los detectives nunca lo pudieron identificar. El cómplice que lo ayudó a escapar fue arrestado, pero un jurado popular, conformado por doce vecinos, lo declaró inocente.
Muertes, ajustes de cuentas, condenas. De todo sucedió desde el crimen del «Gordo Tita». En el bajomundo corrió la versión de que Quinteros le pidió adelantado 60 kilos de cocaína a Guastini a través de «Bubu», pero Quinteros nunca cumplió, entonces, el problema ya no era de él solo sino también de «Bubu». Tres meses después, la misma organización calló a Blumetti, la viuda, mientras manejaba su Chevrolet Meriva porque los amenazaba con contar lo que sabía y donde otra mujer conecta los dos homicidios.
«Bubu», «Cable», «Tano» y hasta el de Guastini fueron los apodos que repitieron los testigos en este expediente, que vuelve a recobrar vida.
Seis años, cinco meses y catorce días después.
Muy tarde, muy difícil, pero nunca imposible.
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