In Your Name: todo sigue viento en popa

In Your Name: todo sigue viento en popa. Crédito: MinSeg.
El juez Eduardo Rodrígues Da Cruz condenó esta semana a 7 años y 2 meses de prisión a Oscar Armando Caba Hurtado, el coronel retirado de la Fuerza Aérea Boliviana que aterrizó una avioneta con 475 kilos de cocaína en Luis Palacios, un paraje rural ubicado a 30 kilómetros al noroeste de Rosario, Santa Fe.
El militar boliviano retirado firmó un juicio abreviado, es decir, reconoció ante los fiscales federales Claudio Kishimoto, de San Lorenzo, y Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el delito cometido a cambio de una morigeración de la pena. Luego, el magistrado homologó el acuerdo.
Todo sucedió la tarde del 30 de octubre, a las 14.46, cuando el operador del nuevo radar de Tostado, Santa Fe, detectó el vuelo no autorizado de una avioneta con matrícula boliviana a la altura de Pozo de Toba, Santiago del Estero. Tras declararlo como un tránsito aéreo irregular (TAI), dos aviones de la Fuerza Aérea Argentina, apostados en Reconquista, lo persiguieron durante 500 kilómetros hasta forzarlo a aterrizar en el paraje rural, como reconstruyó Encripdata.
Tras el descenso, la FAA solicitó la colaboración de las fuerzas de seguridad. Cuando los gendarmes llegaron al lugar, Caba Hurtado ya se había volado, pero ni él ni las dos camionetas de apoyo pudieron llevarse el cargamento de cocaína con el sello de un toro bajorrelieve.
Los vecinos, sorprendidos, se contaron entre ellos que un foráneo preguntaba cómo hacer para llegar a otro pueblo: Ibarlucea, territorio de Fabián Gustavo Pelozo, alias «Calavera», un narcotraficante, él y sus socios, con rutas establecidas desde Bolivia para el «bombardeo» de droga en diversas provincias de la Argentina.
Al día siguiente, finalmente, lo detuvieron. Era Caba Hurtado, de 57 años, que supo ocupar diversos puestos en la Fuerza Aérea Boliviana, como la jefatura del Departamento Económico Financiero de la Inspectoría General de la fuerza.
Todo cambió el 28 de enero de 2022: ese día, la Fiscalía General del Estado solicitó arrestarlo por la masacre de Sacaba, ocurrida durante la crisis política que marcó el fin de la hegemonía de Evo Morales.
El 10 de noviembre de 2019, tras casi catorce años en el poder, Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera renunciaron en Bolivia, señalados por la Organización de los Estados Americanos (OEA) por irregularidades en las elecciones de octubre.
El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) primero se refugió en México y después en la Argentina. Dos días después, el Congreso proclamó a la vicepresidenta de la Cámara de Senadora, Jeanine Áñez.
Sin embargo, trabajadores cocacoleros se movilizaron durante varios días para impulsar el regreso de Evo. El 15 de noviembre de 2019 se dirigieron a Cochabamba, pero las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad les cortaron el paso en el puente de Huayllani, localidad de Sacaba. Allí abrieron fuego contra la multitud. Así, mataron a 10 personas e hirieron a un centenar más. Cuatro días después, asesinaron a 10 personas más en una protesta similar en Senkata, La Paz.
En el 2023, el fiscal general de Estado, Juan Lanchipa, dio a conocer sus conclusiones sobre la investigación, en la que solicitó enjuiciar a la expresidenta Áñez, dos exministros, dos policías y 13 militares por las masacres de Sacaba y Senkata, entre ellos a Caba Hurtado, por entonces coronel de la Segunda Brigada Aérea. Y aunque el juicio aún no empezó, el coronel retirado recuperó la libertad.
Tras su aventura en la Argentina, Caba Hurtado firmó un juicio abreviado para terminar con esta historia. Reconoció el delito, sí, pero nada más, no aportó ninguna información que a los investigadores les permitiera llegar hasta el dueño del cargamento.
Como este condenado, todos los días sobrevuelan pilotos, argentinos pero también bolivianos y brasileños, los cielos celestes y blancos, todos los días pistean conductores las rutas argentinas con cargamentos millonarios.
Como en octubre, Caba Hurtado. Como en enero, «Chabela». Como este miércoles, una organización que se infiltró en el buque MV Ceci, a la vera de la Hidrovía. Eran 469 kilos de cocaína con el sello de una corona bajorrelieve y el sticker Your Name sobre el envoltorio del «ladrillo».
Para que todos lo entiendan de una buena vez: el sello bajorrelieve indica el proveedor y el sticker, el cliente, advertencia para las organizaciones criminales dedicadas a los «vuelcos» en los puertos. El robo es una condena a muerte.
El hallazgo sorpresivo en San Lorenzo, sin investigación previa, sin inteligencia criminal, demuestra que pueden perder los conductores, pueden caer los pilotos, pero no el sistema. El mecanismo sigue. Con viento en popa.
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