Ordenan la prisión preventiva del juez Bailaque por no investigar a Alvarado: compartían contador
El juez Bailaque y su negativa a investigar al narco Alvarado. Crédito: Rodrigo Miró.
La mañana del 9 de abril de 2013, un policía retirado pidió declarar con reserva de identidad. Después explicó por qué: «Vengo a denunciar a una banda que vende drogas con la Policía». Se refería a Luis Medina y Esteban Lindor Alvarado. Esa denuncia, sin embargo, nunca prosperó. Hoy, doce años después, el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz ordenó la prisión preventiva por 90 días del juez federal Marcelo Bailaque, el primer magistrado en instruir ese expediente contra uno de los capos de la violencia en Rosario. Como es magistrado, no irá a la cárcel, pero tampoco podrá salir del país.
Los fiscales Federico Reynares Solari, de Rosario, Diego Iglesias y Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), detallaron los hechos imputados al juez Bailaque, no solo por el caso Alvarado sino también por extorsiones, en un expediente cada vez más grande que ya cuenta con el exjefe de la exAFIP Rosario, Carlos Vaudagna, como imputado colaborador, o sea, como arrepentido.
Bailaque rechazó categóricamente haber tenido relación alguna con Alvarado: «No tengo nada que ver con el mundo narco, no me pueden asociar con eso», contó el periodista Rodrigo Miró. Y recordó que fue él quien lo procesó en 2019 por narcotráfico y en 2022 por lavado de activos. Sin embargo, a la hora de las preguntas, dijo que no las respondería, tal vez porque con solo resumir la cronología de los hechos, los fiscales desarmarían su defensa.
En los papeles, hasta el día en el que el policía retirado lo denunció por narcomenudeo, Alvarado parecía ser un simple «cortador» de autos entre Buenos Aires y Rosario, actividad por la que al 2013 estaba empezando a cumplir una pena a 6 años y 6 meses de prisión.
En Rosario, en cambio, era vox populi el origen de la fortuna del socio de Alvarado: en la ciudad todos sabían que Medina era narcotraficante. Pocos, en cambio, sabían quién lo mandó a matar la noche del 30 de diciembre de 2013.
Como sea, el fiscal federal le dio impulso a la denuncia del policía retirado. Medina quedó fuera de juego rápido. Alvarado, en tanto, operaba desde la cárcel. La clave para avanzar, entonces, era investigar a sus círculos íntimos. Sin embargo, el 15 de mayo de 2014, el juez Bailaque rechazó por primera vez el pedido para intervenir la línea telefónica terminada en 0211 utlizada por Rosa Capuano, esposa de Alvarado.
Entre el 15 de mayo de 2014 y el 14 de octubre de 2015, el magistrado rechazó, demoró o ni siquiera contestó los pedidos para escuchar las conversaciones de la esposa, del hermano y del testaferro de Alvarado, de la expareja de Medina y de las líneas telefónicas de la empresa del clan, Logística Santino SRL, según la acusación fiscal a la que tuvo acceso Encripdata.
Los investigadores, de alguna manera, siguieron adelante, tanto que le solicitaron la prohibición general de bienes y el embargo preventivo de activos de los miembros de la organización, pero el magistrado, como respuesta, ordenó realizar medidas previas.
El juez Bailaque y su negativa para avanzar hicieron posible que Alvarado recuperara la libertad ni bien cumplió los dos tercios de la pena por robar autos. No fue por mucho tiempo: la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de Santa Fe lo arrestó la tarde del 2 de febrero de 2019 en Embalse Río Tercero, Córdoba. Ya no lo buscaban por «cortar» autos sino por mandar a matar al prestamista Lucio Maldonado.
El crimen de Maldonado y la incautación de 493 kilos de marihuana en Río Negro no solo complicaron a Alvarado, que de ahí en adelante amenazaría a funcionarios judiciales para evitar condenas, sino al propio Bailaque. Ya no era el único que tenía en sus manos expedientes de Alvarado. Ya no tenía más el monopolio de la fuerza judicial.
Entonces, sí, lo procesó en 2019 por una operación de narcotráfico -seis años después de la primera denuncia- y en 2022 por operaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Al final, diversos tribunales condenarían a aquel y otros miembros del clan por esos y otros delitos.
Pero lo hecho, hecho estaba y no lo podía borrar. El juez Bailaque tampoco pudo ocultar mucho tiempo más que él, juez federal de Rosario, compartía contador con Alvarado, uno de los narcotraficantes que multiplicó la tasa de homicidios en la ciudad cuna de la Bandera, y a quien debía investigar.
El periodista Germán de los Santos, en Iceberg, reveló eso, que el juez y el narcotraficante compartían contador, Gabriel Mizzau, y que hasta llevó a trabajar al hijo de su contador al juzgado federal hasta ahora a su cargo.
Es cierto: no mató ni mandó a matar, no amenazó ni mandó a amenazar a otros magistrados, no vendió cocaína ni lavó plata manchada con sangre, pero este miércoles, un ejército de fiscales le recriminó, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de persecución y prevaricato mediante, que Alvarado y Los Monos, en su guerra sin límites, convirtieran a Rosario en la ciudad más peligrosa del país.
Ahora, Bailaque depende de sus contactos de sus días en Santa Cruz para que el Consejo de la Magistratura de la Nación no acabe con su inmunidad de arresto.
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