Expulsan a dos narcos a México sin decir quién mandó a matar a su jefe en Belgrano
"Bobinas Blancas": condenas por narco y lavado. Crédito: Ministerio de Seguridad.
En la tranquilidad de sus celdas, Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva leyeron una y otra vez el Código Procesal Penal argentino. Del derecho y del revés. Hicieron cuentas: ya habían pasado siete años y les faltaban otros siete. Pero como son extranjeros, encontraron una ventaja en eso: como pudo recontruir Encripdata, solicitaron el extrañamiento, es decir, la expulsión del país una vez cumplida la mitad de la pena para poder regresar libres a México.
Sus abogados, entonces, cumplieron con el formalismo: primero, en junio, desistieron de los recursos contra la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca, que en septiembre de 2021 los condenó a pasar 14 años en prisión por el contrabando -en grado de tentativa- de 1862 kilos de cocaína ocultos en bobinas de láminas de acero. Por el operativo «Bobinas Blancas». Necesitaban que la decisión alcanzará firmeza. Después, sí, solicitaron la aplicación del extrañamiento.
En los últimos días de diciembre, el tribunal, finalmente, le ordenó al Servicio Penintenciario Federal (SPF), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Policía Federal (PFA) que coordinen la entrega de los dos narcotraficantes a las autoridades de México.
Los investigadores detectaron el rastro de Madrigal Vargas y Acevedo Villanueva en la Argentina el 13 de marzo de 2017 cuando la DEA de los Estados Unidos compartió con la Policía Federal (PFA) información sobre una operación de narcotráfico internacional en marcha: así, advirtió que una organización financiada desde México pretendía utilizar el puerto de Campana para exportar cocaína a Barcelona, España.
En el informe, la DEA aportó los nombres de la empresa exportadora, de la importadora y de tres despachantes aduaneros, teléfonos de contacto, patentes de los autos y hasta la dirección del depósito de Bahía Blanca donde preparaban los «ladrillos».
Con tantos detalles, al juez federal de Campana Adrián González Charvay y a los detectives de Drogas Peligrosas de la PFA les bastó solo tres meses para realizar el 18 de junio de 2017 los allanamientos, arrestar a siete personas y secuestrar 1376 kilos de cocaína en el depósito señalado de Bahía Blanca y otros 486 kilos en un galpón de Luján de Perdriel, Mendoza.
En la organización, todos tenían su rol: Max Rodríguez Córdova y Rodrigo Alexander Naged Ramírez fueron los jefes en la Argentina; Gilberto Acevedo Villanueva y Jesús Madrigal Vargas se encargaron de preparar los paquetes de cocaína; Marcelo Rafael Cuello y Darío Maximiliano Cuello, hermanos argentinos, consiguieron los autos y el galpón; el argentino Amilcar Darío Martino fue el dueño de Can Trade Connections y como tal importó las láminas de acero para ocultar allí los «ladrillos».
Por encima de todos ellos estaba alias «Licenciado», que coordinaba dos células en el país, una en Mendoza y la otra en Bahía Blanca. En el bajomundo del narcotráfico dicen que en ese puerto, de un tiempo a esta parte, opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aunque las autoridades nunca lo confirmaron.
Por el operativo de las «Bobinas Blancas», el tribunal también sentenció al argentino Emmanuel García por realizar maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Según el fiscal de juicio, las operaciones ilegales sumaron 468.400 dólares; según la AFIP, 818.400 dólares. Como sea, recibió una multa de 3,7 millones de dólares -ocho veces el monto de las operaciones-.
La operación fallida insumió muchos recursos para el cártel: García tenía 160 mil dólares en una caja fuerte en la casa; «Licenciado» le transfirió 233.232 dólares a El Águila María SRL como anticipo de exportación; Amilcar Martino pagó 865.871 dólares por adelantado al Grupo Guasch SRL para comprar las bobinas; Rodríguez Córdova «perdió» 39.200 dólares al pagar por adelantado seis meses de alquiler de dos departamentos amueblados con cocheras en Puerto Madero; Marcelo Cuello «perdió» otros 30 mil dólares de la organización al abonar una seña para poder usar por seis meses una «bodega» en Quilmes para guardar la cocaína y las bobinas. Por las manos de García pasaron otros 239.200 dólares. Y según Rodríguez Córdova, alguien enterró plata en algún lugar.
Y aunque la organización narcocriminal internacional gozaba de libre disposición de divisas, Julieta Bonanno, una joven e inexperta abogada para semejante trama, apareció de la nada para defenderlos.
Hasta que la noche del 4 de junio de 2018 fue a la casa de los Naged, según su declaración, para llevarles la plata del alquiler que el cártel le había transferido a ella desde México y Guatemala. También para trazar la estrategia. Llegó a las 21.43, pero no entró sola. En ese instante se metió un hombre con capucha. Ya en el departamento, siempre según su versión, el ladrón les gritó: «¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la droga?».
Pero no buscaba nada de eso ni se llevaría algo del lugar. Solo sus vidas. Ni más ni menos. Entonces, les disparó en la cabeza y a otra cosa. A las 22.35, con las víctimas ya muertas y el sicario hecho fantasma, la abogada llamó al 911, el servicio de emergencias.
Por eso, a Naged Ramírez, el jefe operativo del cártel, nunca se sentó en el banquillo de los acusados. Porque alguien ordenó eliminarlo. Por lo que sabía o porque había fallado. Años más tarde, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 porteño condenó a cadena perpetua a la aún joven abogada por dejar a merced del sicario fantasma a su cliente y al hijo, John Naged.
Como sea, a siete años de la operación fallida, Madrigal Vargas y Acevedo Villanueva están a un paso de regresar a México sin decir quién mandó a matar a su jefe, quién estuvo detrás del doble crimen de Belgrano, para qué cártel trabajaban en la Argentina.
Solo una firma los separa de su tierra: en tiempo de descuento, un fiscal apeló aquella decisión.
Las valijas ya están hechas, es ligero el equipaje.
Tal vez, las penas algún día pesen en el corazón.
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