Por no dejar que declare Stiuso, la Justicia ordena realizar un nuevo juicio al Grupo Halcón por el crimen del «Lauchón»
Caso Viale: ordenan nuevo juicio a los dos policías del Grupo Halcón. Crédito: Encripdata.
A once años del crimen de Pedro Tomás Viale, alias “Lauchón”, agente de Contrainteligencia, la Justicia ordenó realizar un nuevo juicio a los dos policías del Grupo Halcón absueltos en 2023. El motivo: los jueces del tribunal “cercenaron el derecho de prueba de una de las partes”, es decir, afectaron una garantía constitucional. Y no era una prueba cualquiera: una y otra vez, rechazaron el pedido de la familia de la víctima para que declarara Antonio Horacio Stiuso, alias “Jaime”, el hombre todopoderoso de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
Este jueves, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los recursos de casación, anuló la sentencia y el debate que sirvió de antecedente y remitió las actuaciones a su origen a fin de que se tome razón de lo resuelto y se desinsacule un nuevo tribunal para que, con la mayor premura posible, se lleve a cabo un nuevo juicio, en un fallo unánime de los jueces de la Sala III, Carlos Javier Carbajo, Carlos Alberto Mahiques y Daniel Antonio Petrone.
Los camaristas consideraron que los jueces del Tribunal Oral Criminal (TOF) 5 de San Martín tomaron una decisión “arbitraria incompatible con las formas sustanciales de todo juicio en lo que hace a la acusación, defensa, prueba y sentencia, provocando una afectación a la tutela judicial efectiva del aquí recurrente”, en una crítica a Nada Flores Vega, Héctor Omar Sagretti y María Claudia Morgese Martín.
La madrugada del 9 de julio de 2013, el escalón del Grupo Halcón irrumpió en la propiedad de la calle Rocha Blaquier 1502 para llevarse detenido a Viale por orden del juez federal Juan Manuel Culotta, que investigaba su relación con la organización narcocriminal de Rodolfo Ángel Carricaburo. A los pocos minutos, el agente de la SIDE, con precintos en sus manos, yacía muerto en el baño.
Según la operación de autopsia, el cuerpo de Viale tenía once heridas de bala: uno en la cara, seis en el tórax, tres en el brazo izquierdo y uno en la cadera derecha. Algunos eran orificios y otros, esquirlas. Si bien el enfrentamiento se concentró en un pasillo, en el baño, donde falleció con los precintos puestos, los peritos balísticos levantaron cuatro vainas .40 de la Glock del “Lauchón” y una vaina y un proyectil 9 mm de un halcón.
Diez años después, entre marzo y mayo de 2023, este periodista presenció el debate, de principio a fin. Tres eran las partes acusadoras: la fiscalía, en cabeza de Carlos Cearras, la representación de la AFI y la querella de la familia, en poder de Santiago Blanco Bermúdez y Julián Subías, históricos abogados de Stiuso. Del otro lado, Fabián Améndola, del estudio Burlando, defendía a los policías del Grupo Halcón.
Algunas de las partes buscaban analizar la responsabilidad penal de los imputados durante el enfrentamiento con la víctima en el pasillo y el baño de la casa de La Reja, Moreno. Pero los abogados de la víctima fueron por más: deseaban debatir las circunstancias que provocaron el allanamiento. Para eso, solicitaron una y otra vez -incluso antes del juicio- la presencia de Stiuso y otros agentes de la SIDE para intentar demostrar su teoría del caso, esto es, que la Bonaerense fue a matar al “Lauchón” Viale por una guerra secreta. Así lo dejaron entrever en los interrogatorios a los testigos, como en este:
-¿Carricaburo actuó como una suerte de informante de Viale? -preguntó Subías-.
-No, no, cuando identifiqué al ‘Lauchón como Viale por notas de Google, había notas de una hija de otro agente de la SIDE sobre prostitución, pero no tenía la seguridad de que estuviera en la institución, yo lo tomé como un ex SIDE.
-¿Escuchó hablar de ‘Mameluco’ Villalba? -consultó Blanco Bermúdez-.
-Sí.
-¿Participó en investigaciones sobre ‘Mameluco’?
-No.
-¿Recuerda colaboraciones entre la Policía Bonaerense y la SIDE?
-Perdón… -interrumpió el representante de la AFI-.
-No responda esa pregunta -ordenó la presidenta del tribunal-. De las escuchas, ¿eran pedidos personales, espurios, o las hacía en el marco de sus funciones?
-Yo no tenía la seguridad de que era de la agencia.
-¿Pero usted lo googleó… Viale lo decía…
-Sí, sí.
-¿Usted estuvo un año a cargo de la investigación? -precisó Subías-.
-Sí.
-¿Usted iba al juzgado?
-Sí.
-¿Su superior era Maldonado?
-Sí.
-¿Hizo saber que aparecía el ‘Lauchón’ en las escuchas a Maldonado?
-Sí.
-¿Cuál fue la reacción de Maldonado?
-No, no, seguimos con la investigación.
-¿Y en el juzgado?
-No, no.
Según publicó LA NACIÓN en el 2016, el exjefe de Contrainteligencia declaró en la instrucción, mencionó a la expresidenta Cristina Kirchner, al exgobernador Daniel Scioli y a otros jefes de la SIDE, afirmó que a su amigo le armaron la causa para ir a matarlo e interpretó lo sucedido como un mensaje hacia él. Por todo eso y más, los abogados exigían que Stiuso fuera escuchado durante el juicio. También al juez que ordenó el allanamiento que acabó en muerte.
-Voy a pedir que declaren o que se incorporen por lectura las declaraciones en instrucción.
-Me opongo a todos los testigos que quedan y a su incorporación por lectura, tiene que ver con la parte residual y no con esta, no es pertinente -rechazó el defensor-.
-Nuestra hipótesis no ha variado -contestó-.
-Les pregunto a las partes su opinión -consultó la presidenta del tribunal.
-No corresponde -consideró el fiscal-.
-Vamos a esperar al pedido concreto y saber por qué -expresó el representante de la AFI.
Con los secretos que aún guardan Stiuso y otros agentes, los abogados de la familia querían plantear que Viale ayudó a arrestar en 2011 a Miguel Ángel Villalba, alias “Mameluco”, y la Bonaerense, en venganza, aprovechó el caso contra Carricaburo para instigar el enfrentamiento que acabó en la muerte. Sin embargo, los jueces, una y otra vez, rechazaron la presencia de esos espías en la sala.
Durante los alegatos, Blanco Bermúdez y Subías demandaron la prisión perpetua con accesoria a reclusión por tiempo indeterminado: “Son policías, saben lo que están haciendo, fueron a matarlo. Hubo abuso de funciones, no es legítima defensa. Yo ya adelanté que los acusaría por ensañamiento y alevosía, lo confirmaron, dispararon para ultimarlo, lo dejaron tirado en el baño precintado hasta morir, tiene un tiro desde adentro, arriba Martínez, abajo Viale. Alegre dijo que se tiró encima, lo que le permitió a Martínez entrar. Se aprovecharon de la indefensión de la víctima y actuaron sin riesgo”.
Al momento de elevar el expediente a juicio, los representantes de la AFI consideraron que el hecho se encuadraba en el homicidio agravado por el abuso de sus funciones como miembros de fuerzas de seguridad, delito penado con prisión perpetua, pero, sin embargo, tras el debate, solicitaron condenar a Martínez y Alegre a solo 5 años de prisión al entender que actuaron con “dolo homicida sobre Viale excediendo los límites de la legítima defensa”.
En la misma línea, el exceso en la legítima defensa, el fiscal Cearras pidió 4 años de prisión para Martínez -autor del disparo mortal- y 3 años y 6 meses para Alegre al tener en cuenta atenuantes como la falta de antecedentes, los estudios, la buena impresión y sus fojas de servicio y agravantes como su condición de personal policial, la situación de la víctima, el daño causado.
A su turno, Améndola solicitó la absolución de Martínez y Alegre al sostener que actuaron amparados por el derecho a la legítima defensa: “De ellos se pretende que se hubieran replegado, que no siguieran disparando, que llamaran a un mediador, esa no era la conducta correcta, Viale no dejó de disparar, el peligro de vida para Martínez y Alegre era inminente”.
El 9 de mayo de 2023, los jueces del tribunal consideraron que los imputados Martínez y Alegre actuaron en defensa propia ante una agresión ilegítima, con necesidad racional del medio empleado para repelerla y sin provocación suficiente por parte del que se defiende. En otras palabras: legítima defensa.
Tras las absoluciones, las partes acusadoras criticaron los fundamentos de la sentencia, solicitaron la revisión y mantuvieron los pedidos de pena. El fiscal general Raúl Plee, en consonancia con el fiscal de juicio, demandó, directamente, la anulación del debate y la realización de un nuevo juicio “al cercenarse el derecho a la prueba de una de las partes, se ha visto afectada una garantía constitucional -en este caso de la víctima”.
Ahora, además de ordenar un nuevo juicio, los camaristas revocaron los sobreseimientos de los demás policías bonaerenses imputados por las circunstancias alrededor de la muerte de Viale: “Lo que se ventilará -en su caso- en el próximo juicio, podrá hipotéticamente impactar en lo que aquí se investiga, lo que torna prematura la decisión liberatoria adoptada por mis colegas de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín el 18 de septiembre de 2023”.
Empieza, entonces, un nuevo capítulo de esta interminable guerra de espías.
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