Verde, naranja, rojo
Naranja, el nuevo uniforme para los presos más peligrosos de Santa Fe. Crédito: GSF.
Desde este lunes, los 60 presos más peligrosos de las cárceles santafesinas lucen, de pies a cabeza, los típicos uniformes naranjas para mejorar su identificación cuando salen del pabellón, cuando reciben visitas o cuando son trasladados para comparecer ante el juez.
La secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Lucía Masneri, explicó que los primeros en usarlos son los internos clasificados como «alto perfil Nivel 1», es decir, «aquellos que desde adentro intentan liderar las bandas narcocriminales, principalmente de la capital y de Rosario».
Desde finales de diciembre y principios de enero, el Gobierno nacional y la Gobernación llevan adelante una política criminal con el foco puesto en las unidades del Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario de Santa Fe y articulan con las fuerzas federales en las calles para que Rosario deje de ser la ciudad más sangrienta del país.
En diciembre del 2015, tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez protagonizaron la triple fuga de la cárcel de General Alvear, que terminó dos semanas después en Cayastá, Santa Fe. Fueron días de cortocircuitos entre Patricia Bullrich y su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, hoy gobernador. Fueron noches en las que ella puso su renuncia a disposición de Mauricio Macri. El tiempo pasó. El tiempo la volvió a poner en ese lugar. De su primera experiencia, la ministra de Seguridad aprendió a la fuerza que debía tener bajo su órbita el Servicio Penitenciario Federal. Y por eso lo sumó al organigrama en su segunda etapa, ahora con Javir Milei como presidente.
Así, en diciembre, Bullrich y Pullaro anunciaron el Plan Bandera en Rosario. Y en enero implementaron el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y uno muy parecido en Piñero y Coronda. El objetivo: impedir que los jefes sigan al frente de las organizaciones narcocriminales desde la celda para reducir los índices de delito, especialmente los ajustes de cuenta en el contexto del narcomenudeo.
A ocho meses del lanzamiento, los homicidios dolosos cayeron 60% en comparación con el mismo período del año anterior. Según el último informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, entre enero y julio de este año se registraron 113 víctimas de homicidios en toda la provincia, 22 en la Capital y 64 en Rosario. En el mismo período del año pasado, se habían cometido 243, 42 y 166 homicidios dolosos, respectivamente.
Los números hablan por sí solos. Si en marzo, los jefes criminales ordenaban asesinatos al azar y amenazaban con aliarse para superar «los 300 muertos por año», en agosto, Nación y Santa Fe, al retomar el control de las cárceles y y las calles, bajaron los números de violencia extrema a los niveles de 2014.
Sin embargo, todavía tienen trabajo por delante para cortar totalmente el liderazgo de los jefes detenidos sobre los miembros libres de sus organizaciones narcocriminales. Recientemente, Encripdata detalló dos casos que marcan la adaptación de las bandas rosarinas para continuar operando.
En diciembre del 2022, el narcotraficante rosarino Fabián Gustavo Pelozo, alias «Calavera», desde su celda en Ezeiza, ordenó vengarse de Los Lindos porque le habían robado una camioneta cargada con plata, cocaína o lingotes de oro. Su organización emboscó, secuestró y prendió fuego a Silvio David Vitullo y Diego Fabián Segura en un descampado de Guernica. Si bien esto sucedió antes del sistema para presos de «alto riesgo», incluso después de su implementación, «Calavera» se las ingenió para planificar una operación de 464 kilos de cocaína incautados el 1° de julio de este año en San Justo, Santa Fe.
Para eso, además de las personas de confianza, Pelozo recurrió a los servicios de Gregorio Gómez, que de asistirlo como abogado directamente pasó a formar parte de la organización narcocriminal.
En julio de este año, uno de los aún «dueños» de Rosario, Ariel Máximo Cantero, «el Guille», ordenó el secuestro de Gastón Tallone para recuperar 340 kilos de cocaína. Y aunque las autoridades redujeron sus contactos con el exterior a la máxima expresión, el líder de Los Monos recibió 17 veces a José Uriburu en Marcos Paz. Las visitas empezaron en 2023 y continuaron este año, cuando ya estaba vigente el sistema. Para poder sortear este obstáculo, Uriburu se presentó una y otra vez en su condición de abogado con la excusa de arreglar los términos de una posible representación en causas penales. Pero arreglaron otra cosa: como lo acusaba de robar ese cargamento, él lo convenció de que fue Tallone.
Al final, el 8 de julio, Uriburu formó parte del secuestro de Tallone para que «Guille» Cantero le perdonara la vida. Ahora, este abogado y Juan Carlos Miró están procesados con prisión preventiva. La víctima no aparece.
Hoy, cada vez más abogados asisten a los delincuentes, no solo en la defensa en juicio sino también en la concreción del delito. Sin embargo, en marzo les llegó la hora: el Congreso aprobó la reforma del Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, o sea, ellos, los contadores públicos y los escribanos públicos son sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, alguna vez fue investigado por tráfico de influencias y cohecho en su condición de abogado de Segovia, por «escuchas» telefónicas sobre movimientos de dinero para incidir en expedientes, aunque, finalmente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo sobreseyó porque según su criterio, la imputación hecha por la primera jueza del caso, Sandra Arroyo Salgado, no fue más que una «mera especulación hipotética» sin pruebas.
El Gobierno aún tiene dos tareas pendientes para avanzar sin cuartel contra el crimen organizado: el control de las fronteras y los servicios de inteligencia. Lo sabe Cúneo Libarona. Sabe que la Secretaría de Inteligencia antes que solución, ha sido parte del problema del narcotráfico. Lo denunció en el 2012 cuando defendía a Mario Segovia, dando cuenta de que la SIDE de «Jaime» Stiuso persiguió en 2008 al «rey de la efedrina» por no pagar protección en el puerto de Buenos Aires, perder 294 kilos en el de Manzanillo y provocar un conflicto entre la Inteligencia argentina y la mexicana.
En esa época, los precursores para la droga de moda no entraban ni salían por los pasos limítrofes, lo hacían directamente por el principal puerto y el principal aeropuerto, ante la vista o el visto bueno de la Sedronar, la Aduana y la SIDE.
Hoy las fronteras siguen siendo tan porosas como entonces.
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