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Un paso adelante

Operación Crystal, un adelanto: el día que Cúneo Libarona denunció a la SIDE por perseguir al «rey de la efedrina»

Operación Crystal, el libro definitivo sobre el triple crimen, la SIDE y la DEA

Operación Crystal, el libro sobre el triple crimen, la SIDE y la DEA. Crédito: Encripdata.

El 29 de marzo de 2012, los jueces Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Luis Gustavo Losada y César Osiris Lemos, del Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 porteño, definieron la suerte del “rey de la efedrina”.

El fiscal de juicio fue Mario Alberto Villar y los representantes de la querella de la AFIP fueron Facundo Machesich y Betina Maggi.

Todo comenzó el 24 de abril de 2008, pero no en la Argentina sino en México, cuando una persona llamó a la Coordinación General C de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Salud para denunciar de manera anónima que en el puerto de Manzanillo había un contenedor con un embarque de azúcar que en realidad ocultaba droga.

Al día siguiente, los agentes federales fueron hasta el depósito fiscal SSA México Holdings SA. El anónimo tenía razón: en el contenedor TRIU 366965-1 1XC20DC, embarcado por Sur World Cargo para Mercadeo y Logística Comercial Pegasso SA, había 294 kilos de efedrina entre las 12 toneladas de azúcar.

Como el embarque había partido desde el puerto de Buenos Aires, las autoridades aduaneras mexicanas informaron cuatro días después a sus pares argentinos sobre la incautación en cuestión. Un día más tarde, Patricia Velásquez, a nombre de la AFIP, radicó la denuncia ante los Tribunales Federales en lo Penal Económico. Los investigadores determinaron que el despachante de aduana Maximiliano Damián Iñurrutegui fue el que registró el 31 de octubre de 2007 esa operación de exportación de azúcar a nombre de la empresa Euromac SRL.

En eso, el propio Iñurrutegui, acompañado por su abogado, se presentó la noche del 16 de mayo de 2008 en la Guardia de Inspección de la AFIP para denunciar lo que los aduaneros ya sabían, pero también para advertir que existía una segunda operación de exportación en curso en el puerto.

Y dio dos nombres: Jorge Javier Gómez y Rubén Alberto Galvarini, los dueños de South American Docks SA (Sadocks).

Los policías federales tuvieron que allanar dos veces ese depósito fiscal para encontrar el contenedor marcado. En el ECU 298645-0 con el precinto Sadocks 0003606 encontraron el 19 de mayo de 2008, entre las 12 toneladas de azúcar, los 523 kilos de efedrina.

Dos operaciones, las dos salieron mal, una en México y otra en la Argentina. Las autoridades tenían que saber quiénes habían estado detrás de las mismas en abril y mayo, pero recién lo descubrieron seis meses más tarde, a finales de noviembre del 2008. Antes, explotó la quinta de Ingeniero Maschwitz. Antes, también, el triple crimen de General Rodríguez.

Detrás estaban Gómez y Galvarini.

Y detrás de ellos, Segovia.

Ya en el juicio, Mariano Cúneo Libarona, Claudio José Caffarello, Augusto Garrido y Agustín Alsina, abogados de Segovia, centraron su estrategia en intentar anular todo lo que hicieron los investigadores para llegar hasta su cliente.

Operación Crystal, el libro que revela la trama que llevó al triple crimen
Operación Crystal, el libro que revela la trama del triple crimen. Crédito: Ceruse – Ferrón.

El juez federal Marcelo Aguinsky, que se hizo cargo de los dos casos en el puerto, y su par Federico Faggionatto Márquez cruzaron datos de la “ruta de la efedrina”. Gracias a eso y a tareas de inteligencia en Rosario llegaron a la conclusión de que Segovia operaba bajo la falsa identidad de Héctor Germán Benítez.

Para los defensores de Segovia, la clave estaba en lo sucedido el 4 de agosto en Hurlingham: aquella noche, los policías bonaerenses realizaron dos procedimientos en la casa de Mario Raúl Ribet y su imprenta, donde en realidad funcionaba Distribuidora del Sol, la empresa desde la que entre septiembre de 2007 y agosto de 2008 le vendió 3.356 kilos de efedrina al falso Benítez.

Los abogados plantearon todo tipo de irregularidades por parte de los uniformados: que tenían orden para allanar el local de Ribet, pero no su domicilio, que lo presionaron a él y la esposa para que confesara la relación con Benítez y que revisaron los celulares sin autorización judicial y antes de colocarlos en un sobre, como marca el protocolo de la cadena de custodia, para saber cuáles eran los números de teléfono de su comprador y así poder ir tras él.

Al obtener las líneas de Benítez, el comisario Honorio Rodríguez les solicitó a las empresas telefónicas el listado de llamadas entrantes y salientes, pero recién lo entregaron un mes después cuando, autorizado por Faggionatto Márquez, eso mismo lo pidió el jefe de Contrainteligencia de la SIDE. Esa información valía oro: tanto que, a partir de eso, los agentes «pincharon» siete teléfonos, descubrieron que Segovia era Benítez y que tenía una comunicación con una línea a nombre del depósito fiscal Sadocks.

Fue suficiente: el 23 de noviembre de 2008 policías bonaerenses y federales lo fueron a esperar al aeroparque.

Dos espías de la SIDE se hicieron presentes para asegurarse que no se fuera a escapar.

«Las pruebas que imputaban a mi asistido provenían de datos de unos teléfonos secuestrados a Ribet sin la debida orden –insistieron los letrados– y, en consecuencia, la prueba obtenida era ilegítima porque las autoridades no hubieran podido demostrar sin esos teléfonos que Segovia era Benítez».

Los defensores de Segovia presionaron tanto al tribunal para que anulara los allanamientos de la Bonaerense a Ribet que el jefe de Contrainteligencia tuvo que mostrar su cara en el debate para respaldar las tareas de sus agentes.

Las respuestas fueron reveladoras: explicó que el proveedor de efedrina allanado «colaboró» al marcar que uno de sus clientes era, justamente, Benítez; que chequearon que el verdadero Benítez estaba en la cárcel de Sierra Chica y el falso Benítez se movía en una Hummer por Rosario; que esa camioneta estaba a nombre de un tal Mario Roberto Segovia, que tenía una casa en Fisherton, que se relacionaba con Galvarini y que registraba “una llamada a un teléfono de Sadocks”; y que, por todos esos indicios, el Benítez buscado por el juez Faggionatto Márquez por traficar efedrina hacia México bien podía ser Segovia, “el Rosarino”.

Como al pasar, el jefe de Contrainteligencia reconoció que «en un comienzo no se obtenían resultados hasta que en dos celulares surgió el nombre de Benítez».

Sin esos celulares de Ribet no había Benítez.

Pero al juicio, Segovia también llegó acusado por el contrabando de 250 miligramos de aconitina y por el intento de importar 500 miligramos de ricinina.

La Anmat incluyó a las sustancias derivadas de las plantas ricinus communis L y aconitum napellus L en la lista de drogas vegetales prohibidas para la constitución de medicamentos fitoterápicas, según la Disposición 1788 del 30 de marzo de 2000, porque las consideraba de las más letales.

Bastaba con solo 19 o 20 miligramos de ricinina por kilo para matar a una persona.

O entre 3 y 8 miligramos de aconitina por kilo.

Siempre bajo la falsa identidad del preso Benítez, Segovia hizo todos los trámites para que desde el Laboratorio Latoxan, radicado en Francia, le enviaran la ricinina, pero en la Aduana frenaron el 8 de septiembre de 2006 el ingreso de la guía aérea internacional 8546-8786-6245 porque se trataba de una sustancia peligrosa para la salud pública. Para ese momento, ya tenía la otra guía en su poder, la 8546-8760-3554, con la aconitina.

El juez federal Ezequiel Berón de Astrada se hizo cargo de investigar esas dos operaciones. Al tratarse de sustancias altamente tóxicas, solicitó la colaboración de la Secretaría de Inteligencia, pero no hubo intercambio de información con los servicios de Inteligencia de los Estados Unidos ni Francia.

En el juicio, el jefe de Contrainteligencia aseguró que obtuvieron indicios de que el falso Benítez estaba relacionado con el contrabando de las dos sustancias altamente tóxicas una vez que atraparon a Segovia: al peritar una computadora y un pendrive suyos, recuperaron los “archivos de pedidos de Segovia como si fuera Benítez al Laboratorio Latoxan, de Francia”.

En limpio: la SIDE sabía desde el 2006 que alguien en algún lugar del país tenía 250 miligramos de aconitina en la mano y era capaz de provocar un desastre, pero solo fue tras él dos años después cuando, por sus operaciones fallidas en los puertos de Manzanillo y Buenos Aires, dejó al descubierto el negocio de la efedrina.

Una vez más, los abogados exigieron la nulidad de los allanamientos a Ribet. Buscaban tirar abajo gran parte del expediente. El tribunal lo rechazó: «Las piezas procesales se refieren a constancias de la causa que tramitara ante el juzgado federal de Campana y actualmente radicada ante la instancia oral respectiva. La solicitud de nulidad no corresponde que sea tratada por este tribunal en la medida que no posee jurisdicción para expedirse. En la medida que tal acto procesal fue ordenado por un juez en una causa determinada se habrá de presumir su legitimidad procesal».

Al brindar sus últimas palabras antes del veredicto, Segovia se declaró «víctima de persecución» ordenada por el primer juez que investigó la «ruta de la efedrina» en complicidad con la SIDE y hasta hizo un gran show frente al tribunal.

Como casi todo imputado, negó ser narcotraficante o contrabandista de sustancias tóxicas, aseguró que varias personas se hicieron pasar por el falso Benítez y que, durante el debate, ninguno de los testigos lo identificó como aquel.

Después jugó su última carta: aunque sostenía que él no era Benítez, minimizó las operaciones de aconitina y ricinina y acusó a la Anmat de «confundir la ricinina con el veneno ricina».

Para demostrar que la ricina sí era mortal, aportó una nota sobre el «crimen del paraguas» ocurrido en septiembre de 1978 en Londres, Gran Bretaña, cuando un agente del servicio secreto del gobierno búlgaro de Todor Zhivkov cruzó al escritor disidente Georgi Markow en el puente de Waterloo, sobre el río Támesis, lo golpeó con la punta de un paraguas en una de sus piernas y se disculpó como si no hubiera pasado nada. La víctima murió tres días después en el hospital. Había sido envenenado con ricina.

Pero para sostener que lo hecho por Benítez era todo legal, Segovia también exhibió varios frascos frente a los jueces: contenían huile de ricin cooper solution buvable, ricinos communis del Laboratorio Boiron, ricinos communis del Laboratorio Lehning.

«Todo esto fue comprado por mis abogados en farmacias francesas», anunció, dejando escapar una sonrisa.

Incluso llegó a decir que las cantidades de las sustancias importadas «no eran peligrosas» dado que «la ricinina podía provocar la muerte de no más de dos personas y la aconitina, de veinte personas».

Galvarini, por su parte, criticó a los medios por darle tanta transcendencia a los 523 kilos de efedrina en su depósito fiscal y no así a las 2 toneladas descubiertas casi al mismo tiempo en la Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud SA (Edcadassa), un depósito fiscal ubicado en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El tribunal, finalmente, sentenció a Segovia a 9 años de prisión por los 250 miligramos de aconitina y los 500 miligramos de ricinina, aunque no las consideró “sustancias que por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la salud pública”, y por los 294 kilos de efedrina en el puerto de Manzanillo, México, y los 523 kilos en el puerto de Buenos Aires.

A Rubén Alberto Galvarini, a 7 años por las operaciones de efedrina.

A Gómez, a 6 años por los mismos hechos.

Sobre Iñurrutegui, el juez Lemos propuso absolverlo de culpa y cargo porque al enterarse de lo sucedido en Manzanillo, denunció lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires, pero Gutiérrez de la Cárcova y Losada consideraron que el acusado actuó así solamente para salvarse. Por voto mayoritario, lo condenaron a 3 años de prisión en suspenso como «cómplice secundario».

A Ángela Colángelo, representante de Euromac SRL, la empresa con la que Segovia realizó el primer embarque, a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso por «cómplice secundaria».

En cambio, a Rubén Darío Galvarini, hijo del condenado y representante de Sadocks SA, y a los aduaneros Andrés Enricci y José Luis Sicardo, los absolvieron.

Además ordenaron retirar las personerías jurídicas de Euromac SRL y Sadocks SA.

Así, el «rey de la efedrina» perdió la batalla, pero solo la primera, porque en simultáneo, otro tribunal lo juzgaba por el contrabando ya no de kilos sino de toneladas de efedrina.

Siempre a México.


* Extracto de Operación Crystal, el expediente secreto sobre el triple crimen (Ceruse, Agustín y Ferrón, Diego. 2023. Editorial Dunken).

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