La hora de los abogados
El rol de los abogados en el narcotráfico, bajo la lupa. Crédito: La Nación.
-¿Tenés alguna alegría?
-Sí, todo bien, ya lo tengo.
-¡Qué bueno eso!
-¿Estás afuera?
-Sí, acabo de salir, vuelvo el jueves. Cuando vuelva, te llamo y nos juntamos. No toques nada, no te vayas de joda.
-Jaja quedate tranquilo. 1
Aquella vez, un barra pactó con un narcotraficante detenido para que le prestara plata, fue a buscarla a una casona, donde lo esperaba la esposa de aquel, y cuando la tuvo en mano, le avisó a su abogado que ya podía pagarle los honorarios.
El barra, el narco y el letrado fueron investigados por tráfico de influencias y cohecho para determinar si el destino del dinero no fue otro, según pudo reconstruir Encripdata. Al final, todos fueron sobreseídos.
La semana pasada, la Cámara de Senadores aprobó la primera ley del año: la reforma del Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). La Cámara de Diputados le había dado media sanción el 19 de abril del 2023. Aquel día, Javier Milei y Victoria Villarruel estuvieron ausentes en la votación. Ahora, en cambio, seis de los siete senadores de La Libertad Avanza votaron a favor del proyecto impulsado por la Unidad de Información Financiera (UIF), bajo la atenta mirada de los grupos de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de Latinoamérica (GAFILAT).
A partir de ahora, los abogados son sujetos obligados a informar a la UIF cuando a nombre y/o por cuenta de sus clientes preparen o realicen transacciones sobre: compraventa de bienes inmuebles -cuando el monto involucrado sea superior a los 700 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM)-; administración de activos -superior a 150 SMVM-; administración de cuentas bancarias, de ahorros y/o de valores -superior a 50 SMVM-; organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; y creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.
Eso sí: no están obligados a reportar transacciones sospechosas si la información relevante la obtuvieron en circunstancias en las que estos están sujetos al secreto profesional.
Lo mismo rige para los contadores públicos y escribanos públicos.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) criticó la flamante ley: la consideró inconstitucional.
Y eso que los letrados siguen sin tener que informar los honorarios por la defensa de los clientes, una prerrogativa que el por entonces presidente de la UIF, Mariano Federici, intentó cambiar sin éxito en el 2019. «Los abogados, como cualquier otro profesional, deberían aspirar a que los fondos con los que su cliente remunera su tarea, sean legítimos y no ampararse en una garantía legal para obtener de su cliente parte del producido del ilícito. De no ser así, incluso los abogados defensores en causas penales, tendrían y usufructuarían dicha garantía para obtener un rédito no solo antiético sino también ilícito», consideraban desde la unidad antilavado.
Pero la cuestión de los honorarios es una pequeña parte de los secretos profesionales del servicio de justicia. Porque detrás del derecho de defensa en juicio, algunos abogados aterrizan en casos para hacer «control de daños», es decir, para que sus clientes sean la línea de corte de la investigación, especialmente si en los hechos participaron fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y hasta políticos, para que estos sigan en las sombras.
Algunos letrados, incluso, se están involucrando en los hechos: tras el crimen de Bruno Bussanich, el cuarto trabajador asesinado al azar en Rosario en diez días, el sicario dejó en la estación de servicio un cartel contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
El mensaje rezaba: «Esta guerra no es por territorio. Es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, no queremos negociar nada, queremos nuestros derechos para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni: carguen con muertes inocentes. Atte: zona norte, zona sur y zona oeste unidos».
Por la claridad conceptual, los investigadores notaron la mano de uno o más abogados detrás de la amenaza.
El narcotráfico y sus derivados -la venta de drogas, la balacera y la extorsión- son negocios de los que se alimentan políticos, jueces, fiscales, policías y guardiacárceles. De un tiempo a esta parte, cada vez más letrados forman parte del problema. Y como todo negocio, tiene leyes. Como es una empresa ilegal, la ley que lo regula es la violencia.
En Rosario, Esteban Lindor Alvarado incluyó en su «lista negra» a un famoso abogado2. Él, intachable, juró una y otra vez no saber por qué.
Otros letrados son investigados para determinar si cobraron 160 mil dólares de la esposa de Ariel Máximo Cantero, alias «Guille», a cambio de beneficios que no obtuvo3.
Y otro abogado fue amenazado por una organización rosarina por quedarse con un cargamento de cocaína que había prometido sacar por un puerto4.
En Buenos Aires, un letrado intermedió para que un financista recibiera un terreno próximo a un puerto de un narcotraficante en problemas para así burlar el embargo judicial5.
Y en la época dorada de la efedrina, el abogado del representante de un cártel mexicano se quejó ante un colega suyo: «Al final todos hicieron negocios menos yo»6.
Y la lista sigue. De regreso a los honorarios, aquel letrado que le preguntaba al barra por la «alegría», hoy forma parte del Gobierno.
1 Extracto del expediente judicial.
2 El abogado que fue amenazado.
3 Fuente con acceso al expediente.
4 Un narcotraficante y una fuente policial.
5 El abogado que acercó a las partes.
6 Declaración de un abogado en la Justicia.
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