«Cada vez la van a pasar peor»: así se consolidó el crimen institucionalizado en la ciudad cuna de la Bandera
"Cada vez la van a pasar peor": escala la violencia en Rosario. Crédito: Gobierno Santa Fe.
Son las 23.42 del sábado en Rosario, Santa Fe. El campeón del fútbol argentino acaba de ganarle a Instituto con gol de Tomás O’Connor. Pero Bruno Bussanich, fanático del «Canalla», no va al «Gigante»: esta noche le toca trabajar.
En diez segundos, todo cambia: un sicario, en bermuda, campera y capucha, camina hacia la estación de servicio. Busca a alguien indefenso. Pudo ser cualquiera, pero lo encuentra a él. Abre fuego. Con el encargo cumplido, sale de escena.
Bruno, la víctima al azar, trabajaba en una estación de servicio de Puma. Tenía 25 años, pareja y un hijo de 2 años.
En la escena del crimen, el asesino deja un mensaje para el gobernador, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni: «Esta guerra no es por territorio. Es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, no queremos negociar nada, queremos nuestros derechos para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni: carguen con muertes inocentes. Atentamente: zona norte, zona sur y zona oeste unidos».
El mensaje es claro: a partir de ahora, en Rosario le puede tocar a cualquiera.
Bruno somos todos, todos podemos ser Bruno.
Son diez segundos de terror. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, toma nota: denuncia como «acto de terrorismo» este y «todo hecho de violencia en la vía pública o en el interior de lugares públicos». Acá, en Ecuador, en México, el crimen organizado así busca eso: «aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades».
Diez días antes, el presidente Javier Milei, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, y Bullrich celebran los primeros resultados del Plan Bandera: 57% menos de crímenes dolosos en la vía pública en Rosario.
Para llevar tranquilidad a los rosarinos, sostienen, fue clave el envío de fuerzas federales a los barrios más peligrosos y la implementación del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Desde enero, los presos de «alto riesgo», es decir, aquellos que tienen capacidad de fugarse o generar violencia en las ciudades, son separados del resto de la población carcelaria.
Los presos de «alto riesgo» en Ezeiza son, entre otros, Miguel Ángel Villalba, alias «Mameluco»; Alionzo Rutillo Ramos Mariños, «Ruti»; Raúl Martín Maylli Rivera, «Dumbo»; Mario Segovia, «rey de la efedrina»; Delfín Castedo; Leandro Vinardi, «Pollo»; Carlos Escobar, «Toro»; Cristian Avalle, «Pupito»; Leandro Vilches; Pablo Camino, Rodolfo Masini; Esteban Lindor Alvarado; Fabián Pelozo, «Calavera»; Claudio Mansilla; René Guzmán; y Evelio Ramallo, «Yiyo», según pudo saber Encripdata.
Y en Marcos Paz están Ariel Máximo Cantero, alias «Guille»; Luciano Cantero; Julio Rodríguez Granthon, «el peruano de los Monos»; Alan Funes; René Ungaro, «Brujo»; Matías Álvarez; y Francisco Riquelme, «Fran».
En el 2008, cuando la Secretaría de Inteligencia (SIDE) comenzó a investigar a Segovia, se refería a él, en código, por su ciudad de origen. Dos años antes, «el Rosarino» importó aconitina, una sustancia capaz de matar a varias personas, y ningún espía lo caminó. La SIDE recién arrestó a Segovia cuando echó a perder su negocio: la efedrina. Hoy, ese apodo no indicaría nada: el 90 por ciento de los presos de «alto riesgo» proviene de la ciudad cuna de la Bandera.
A ese universo de internos, el SPF les reduce las visitas -solo familiares directos y excepcionalmente, allegados, en estos casos con contacto diferido-, controla las llamadas -solo pueden realizar, pero no recibir y los abonados habilitados están enlistados-, minimiza los traslados y prohíbe las entrevistas.
El control sobre las comunicaciones de los presos de «alto riesgo» pone en crisis dos empresas criminales: la de las mismas organizaciones, que pierden el contacto directo y fluido con sus subalternos, quienes ejecutan la venta de drogas, la balacera y la extorsión, unidades de negocios de las que vive la Policía; y la del Servicio Penitenciario, que se queda sin clientes-internos para venderles celulares.
En la cárcel de Piñero, Pullaro y Cococcioni anuncian un régimen similar para el «Viejo» Cantero y compañía.
Así, empieza la «era Bukele» en las cárceles más conflictivas de la Argentina.
Milei, Bullrich, Pullaro y Cococcioni pronto se dan cuenta que hacen mal en celebrar públicamente los resultados del Plan Bandera. Confunden las muertes de la inseguridad con las muertes del crimen organizado. Menos de 24 horas después, tiratiros responden atacando un micro en el que viajaban agentes del Servicio Penitenciario de Santa Fe.
Tres guardiárceles son alcanzados, pero esa vez la suerte está de su lado.
El 4 de marzo, Pullaro y Cococcioni comparten fotos de una requisa sorpresa en Piñero: «Cada vez la van a pasar peor», prometen.
La nueva respuesta no se hace esperar: en cuatro días, el crimen organizado mata a los taxistas Héctor Figueroa, de 43 años, y Diego Celentano, de 33, y al colectivero Marcos Daloia, de 39.
Después, la mañana del sábado, cuelgan una manta en un puente de Circunvalación: anuncian más muertes de inocentes si no la terminan con los controles en las cárceles, una escenografía estilo México de principios de milenio. Todos saben qué vino después.
A la noche cumplen: Bruno se convierte en la cuarta víctima al azar.
En rigor, la época de la muerte al azar en Rosario comenzó hace dos años, con los crímenes de la bailarina Virginia Ferreyra y su mamá Claudia Deldebbio el 23 de julio del 2022; el malabarista Lorenzo «Jimi» Altamirano el 1 de febrero del 2023; y el músico Fernando Martín Espíndola el 27 de julio; pero nunca había habido una seguidilla como la de ahora.
Los jefes de las principales organizaciones narcocriminales están presos, lejos de Rosario y sin comunicación fluida con el exterior.
Y se quejan: «Guille» Cantero se declara bisexual y poliamoroso para ampliar sus contactos telefónicos. Rodríguez Granthon pide que le cambien el turno de la primera hora de la mañana para usar el teléfono público porque, dada la diferencia horaria con Perú, sus familiares todavía están durmiendo.
Una de dos: o el nuevo sistema para presos de «alto riesgo» tiene filtraciones o en este juego de muerte hay alguien más, libre y con poder.
En México, el periodista Oscar Balderas lo llama por su nombre: una cosa era la primera generación del crimen organizado, es decir, organizaciones narcocriminales que operaban en paralelo al gobierno de turno; en estos tiempos, el crimen está institucionalizado, o sea, actúan con complacencia del Estado.
Bullrich y el ministro de Defensa amagan con cambiar las leyes de Seguridad Interior y Defensa para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en un conflicto que es interno. Por ahora, desembarcarán en Rosario para brindar solamente apoyo logístico a la Policía y a las fuerzas federales. Porque le advirtieron: el Ejército está entrenado para matar al enemigo. El Estado Mayor no quiere tener su Ayotzinapa.
Y el problema lo tienen adentro: desde el crimen del «Pájaro» Cantero, en Rosario hay más miembros de las fuerzas de seguridad condenados por formar parte de las organizaciones que abatidos en cumplimiento de su deber de enfrentarlas.
No por nada, a los taxistas los ejecutan con la misma pistola 9 milímetros y con proyectiles con la misma inscripción: PSF, las balas de la Policía de Santa Fe.
Esas balas no se venden al público.
Pero alguien, está claro, las facilita.
Mientras tanto, Rosario amanece sin clases, sin transporte, sin recolección de residuos y sin otros servicios básicos.
Un regreso a la peor época de la pandemia.
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