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Un paso adelante

El exjuez Faggionatto Márquez fue condenado por la sustracción de 120 toneladas de soja, pero no irá a la cárcel

El exjuez Faggionatto Márquez fue condenado, pero no irá preso

El exjuez Faggionatto Márquez fue condenado, pero no irá preso. Crédito: CIJ.

En abril del 2004, un empleado del Consejo Nacional del Menor y la Familia se presentó en un campo del organismo en Otamendi, pero dos policías bonaerenses lo privaron ilegalmente de su libertad para que no pudiera supervisar la cosecha, el traslado y el rinde de soja. El entonces juez federal Federico Faggionatto Márquez, a cargo del predio, perdió el rastro de las 120 toneladas. A punto de cumplirse 20 años del hecho, el ahora exmagistrado fue condenado por la sustracción del cargamento de soja. Pero, según el veredicto y la sentencia a los que accedió Encripdata, no irá a prisión.

Faggionatto Márquez asumió en el juzgado federal de Campana el 1° de noviembre del 2001, pero no fue hasta el 17 de julio del 2008 que se hizo conocido popularmente cuando comenzó a investigar la «ruta de la efedrina», un caso que marcaría su carrera judicial.

Aquella noche, la Bonaerense reventó una casaquinta de Ingeniero Maschwitz donde un cártel mexicano producía cristal a base de efedrina. Como reveló el autor de esta nota en el libro Operación Crystal, el expediente secreto del triple crimen1, Ingeniero Maschwitz fue una operación de la Drug Enforcement Administración (DEA) para dejar al descubierto la «ruta de la efedrina» desde Buenos Aires hacia México y Estados Unidos, pero como la agencia estadounidense no podía actuar en el país, el crédito se lo llevó la Bonaerense.

Tres semanas después, la banda integrada, entre otros, por Martín Lanatta, Cristian Lanatta, Víctor Schillaci y Marcelo Schillaci engañaron, secuestraron y ejecutaron a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. En el libro, el autor de esta nota y Diego Ferrón -hermano de Damián- investigaron el rol de la DEA en la instigación del triple crimen de General Rodríguez del 7 de agosto del 2008 2.

Entre febrero y abril del 2009, Faggionatto Márquez arrestó a los empresarios Alfredo Abraham, Guillermo Manfredi y Alberto Salvador López Martucci, responsables de la importación de hasta 17 toneladas de efedrina a través de Farmacéuticos Argentinos (FASA) y Prefarm SA.

Del «Negro» López se rumoreaba que tenía una oficina en la Casa Rosada3. Tal vez por eso, alguien levantaba el teléfono de Balcarce 50 cuando llegaban los contenedores de efedrina desde India y China4.

Josue Fuks, el «cerebro» detrás de FASA y Prefarm, logró escaparse de Buenos Aires en el 2009 con ayuda de los servicios de Inteligencia. Desde entonces vive en Israel.

Cuando la «ruta de la efedrina» conducía al Gobierno, la SIDE, la Aduana y la Sedronar, el Consejo de la Magistratura de la Nación suspendió al juez por mal desempeño de sus funciones. Así, el 15 de octubre del 2009, le sacaron todos los expedientes. El 25 de marzo del 2010, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación lo destituyó como juez federal de Campana.

Operación Crystal, el libro que revela la trama que llevó al triple crimen
Operación Crystal, el libro que revela la trama del triple crimen. Crédito: Ceruse – Ferrón.

En el fallo, los consejeros no hablaron de efedrina. En cambio, le reprocharon su actuación por la sustracción de las 120 toneladas de soja en el 2004. El nuevo juez de la jurisdicción, Adrián González Charvay, con intervención del fiscal Sebastián Bringas, elevó el expediente a juicio en agosto del 2018.

Pero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 3 de San Martín recién realizó el debate los días 23 y 30 de noviembre y 7, 14, 21, 28 y 29 de diciembre de 2023.

A la hora de defenderse, Faggionatto Márquez se escudó en el caos reinante de su propio juzgado, el desempeño de sus secretarios y la persecución política: «El Consejo de la Magistratura me cargó 30 denuncias más. No encontraron una, pero me destituyeron igual. No estoy condenado en nada. Y el único procesamiento que subsistió fue este. Que si me permiten decirlo, no tienen de qué agarrarse. Porque de repente me encontré con que había que hacer una cosecha y no había con quien hacerla. Y el delito estaba ahí. Los efectos del delito estaban ahí. ¿Y qué hago? Yo no estudié agricultura o como se llame, perdón, ingeniería agrónoma. No tengo ni idea. Nunca tuve campo. No sé qué es eso. Soy de Capital, abogado, concurso, doy clases. Qué sé yo»5.

En ese punto, aunque en el hecho fueron imputados varias personas más, recordó lo evidente: en el banquillo de los acusados estaba él y nadie más. «¿Dónde están los comisarios Anauati y Bloise? ¿Dónde está el abogado Henricot?», gritó.

El fiscal de juicio Eduardo Alberto Codesido consideró probado el delito atribuido al exjuez. Además le recriminó la conducta posterior al hecho, es decir, entorpecer la investigación y sumó el cargo de magistrado como agravante así como el tiempo transcurrido como atenuante. Después, dirigió su mirada hacia el tribunal: «La decisión que se habrá de tomar, cualquiera que fuese ella, será de gran significación para la sociedad en su conjunto y para el sistema judicial en particular. Todos ellos podrán apreciar el modo en que se juzga la actuación de un exmagistrado cuando se encontraba en ejercicio de su función y también, los estándares y principios naturales y jurídicos aplicables cuando la ilicitud acontezca en el alto ejercicio de sus funciones»6.

Para el fiscal, el por entonces juez actuó con dolo, es decir, con la intención de que se desviara el cargamento de soja.

Por eso, Codesido solicitó condenar a Faggionatto Márquez a 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

A la hora de resolver, la presidenta del tribunal, Nada Flores Vega, puntualizó que la controversia del debate entre las partes giró alrededor de la actitud de Faggionatto Márquez: había que decidir si intervino de manera dolosa o, simplemente, culposa.

Y como los funcionarios judiciales hablan a través de sus fallos, la jueza, al analizar la intervención del exmagistrado, subrayó que en el expediente no encontró respuestas válidas a la elección de la empresa a cargo de la cosecha de la soja, la autorización para que un abogado que nada tenía que ver con el caso intercediera en representación del juzgado y hasta la elección de la Dirección de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad de Zárate – Campana de la Policía Bonaerense para custodiar el campo.

«Los policías, en lugar de estar investigando el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y tantos otros delitos complejos, se interesaban personalmente en una cosecha de soja, en una llamativa sociedad con el juez federal, un abogado de la jurisdicción y empresarios agrícolas y transportistas de la zona»7, remató Flores Vega.

Además, rechazó declarar la extinción de la acción penal por prescripción, es decir, dar por vencido el plazo procesal para perseguir el delito porque aunque había dejado de ser juez en el 2010, Faggionatto Márquez continuaba dando clases en la Universidad Nacional de La Matanza. Y según la ley, entonces, seguía siendo empleado público, por lo que no le correspondía ese beneficio.

Finalmente, les propuso a sus colegas del tribunal condenar a Faggionatto Márquez a 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitarlo de manera absoluta perpetua e imponerle una multa de 30 millones de pesos a pagarle al Consejo Nacional del Menor y la Familia por considerarlo partícipe necesario del peculado.

A su turno, los jueces Walter Antonio Venditti y Esteban Rodríguez Eggers coincidieron en la descripción del hecho reconstruido por Flores Vega, pero marcaron una pequeña gran diferencia: para ellos, las pruebas resultaron contradictorias y, en consecuencia, les impidieron dar por probado el hecho imputado por el fiscal. «Solamente se le puede achacar una conducta culposa, por negligencia y/o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo»8, sentenciaron.

A Faggionatto Márquez, esa diferencia le devolvió el alma al cuerpo: el delito de tipo doloso tiene una pena de prisión de 2 a 10 años, pero el de tipo culposo -como decidió el tribunal por mayoría- tiene una pena de multa que va del 20 al 60 por ciento del valor sustraído.

Así, el primer juez que tiró del hilo que conectaba al kirchnerismo con el mundo de la Aduana, la Sedronar y los precursores químicos, tendrá que pagar 6 millones de pesos, alrededor de 6 mil dólares, por la sustracción de 120 toneladas de soja.

Eso sí: durante el debate buscó salpicar hacia todos lados, hasta mencionó que alguien de la familia judicial hizo negocios con los herederos de Pablo Escobar Gaviría, pero ni siquiera en las palabras finales del juicio se animó a contar los secretos de la efedrina, el mayor caso de narcotráfico de este siglo que interesó al Gobierno, la SIDE y la DEA, cada uno por motivos inconfesables.


1, 2 Ceruse, Agustín y Ferrón, Diego. (2023). Operación Crystal. Editorial Dunken.

3 Fuente con acceso al expediente.

4 Extracto del expediente judicial sobre la «ruta de la efedrina».

5 Defensa en juicio de Faggionatto Márquez.

6 Alegato del fiscal de juicio Codesido.

7 Voto de la jueza Flores Vega.

8 Voto de los jueces Venditti y Rodríguez Eggers.

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