Sobreseyeron al jefe del Comando Unificado de Rosario: lo acusaban de armar una causa a un narco en Salta
Castillo, jefe de Gendarmería. Crédito: Ministerio de Seguridad.
El juez federal Julio Bavio sobreseyó en los últimos días al comandante mayor Ricardo Daniel Castillo por el armado de una causa contra el narcotraficante Claudio Andrada, alias «Gallo» o «Piturro», en el 2009 en Salta, según le confirmaron tres fuentes judiciales a Encripdata. El gendarme beneficiado es ni más ni menos que el jefe del Comando Unificado con asiento en Rosario, es decir, el hombre que envió en mayo el ministro de Seguridad Aníbal Fernández para intentar controlar la inseguridad en la ciudad más peligrosa del país -según la tasa de homicidios-. La gran mayoría de los crímenes en el departamento los ordenan Ariel «Guille» Canteros, líder de los Monos, y otros narcotraficantes desde las cárceles.
El otro gran beneficiado por la resolución del juez Bavio es Favio Waldo Benegas, a cargo de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Gendarmería. A principios de año, cuando fueron llamados a indagatoria, uno de los dos gendarmes hizo correr la versión de que había armado la causa, pero por orden de un superior, es decir no negó el hecho ni su responsabilidad, pero, como le confiaron dos fuentes judiciales a este medio, apuntó hacia arriba.
Lo sucedido en 2009 recién quedó al descubierto el mayo de 2017 cuando el tribunal de Salta, después de escuchar a un gendarme como testigo, ordenó allanar de urgencia su lugar de trabajo, la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud) de Orán para secuestrar elementos que no habían sido agregados al expediente contra el clan Andrada. Tres semanas después, los jueces anularon todo porque, como demostraban esas pruebas novedosas, otros uniformados habían armado esa causa. En consecuencia, los narcos fueron absueltos. Aquel día terminó esa historia y comenzó otra.
En ese allanamiento, el fiscal de juicio Carlos Amad encontró el mail enviado el 16 de septiembre de 2009 por el gendarme Benegas a su superior Castillo, jefe de esa Uesprojud.
El correo rezaba: «Daniel: te adjunto el posible texto de la denuncia anónima que enviaríamos por mail para comenzar el trabajo. Notarás que es un poco larga, pero es a los efectos de introducir la mayor cantidad de teléfonos y que de esta manera se nos faciliten las cosas para obtener elementos de forma rápida que nos permitan sostener y avanzar en la investigación hasta encontrar los nuevos teléfonos que están usando y los domicilios. Evalualo con el doctor Reynoso y si deciden que es viable, lo enviaríamos al correo de la Dirandro, y el impreso del correo te lo enviaríamos a vos por expediente para que realices la presentación en la justicia jurisdiccional. También pensé en hacer un escrito para que vos lo presentes con tu firma, como obtenido de un análisis, pero a futuro nos pueden objetar de donde obtuvimos los números telefónicos, que son muy precisos. Quizás la fuente de donde provienen sea el origen de una futura nulidad. A un anónimo nadie lo objeta. No obstante, espero tu respuesta de la entrevista con el doctor Reynoso. Te mando un abrazo, nos mantenemos contacto. Favio Benegas».
En ese posible texto de la denuncia anónima, con la excusa de «haber trabajado para ellos por buena plata», pero no le cumplieron, el denunciante marcó, entre otros, al «Gayo» (sic) de Frías, Santiago del Estero, y anotó no uno ni dos sino ocho teléfonos de los integrantes de la banda.
Tras la falsa denuncia anónima del 23 de septiembre de 2009, el gendarme Castillo le entregó el 1 de octubre un informe al juez federal Raúl Reynoso. Así empezó oficialmente la investigación contra el clan Andrada. El 16 de julio de 2011 hicieron frenar a Carlos Dante Acuña en Catamarca. En el camión encontraron solo 0,005 gramos de cocaína. Arreglaron. Entonces, el magistrado reconsideró como escasa la cantidad, le dictó la falta de mérito y lo excarceló el 19 de agosto.
Ese caso pareció quedar en la nada.
Hasta el 10 de mayo de 2012.
Ese día, muy lejos de Salta, gendarmes apostados en el peaje de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, revisaron otro camión: otra vez lo manejaba Acuña, pero esta vez llevaba 841 kilos de cocaína. Entonces, el juez federal de Mercedes abrió un expediente para investigar de quién era el cargamento. Enterado en tiempo récord, Reynoso reactivó al día siguiente su causa original, ordenó el arresto del «Gallo» y quince personas más y, con esa excusa, le solicitó a su par de Mercedes que se inhibiera de intervenir. En otras palabras: que no investigara. Necesitaba «cubrirse».
El juez de Mercedes le pidió a Reynoso que especificara qué estaba investigando él para determinar si se trataba o no de la misma banda. A las 24 horas, a Acuña, el chofer de Andrada, al que había liberado por la escasa cantidad de cocaína, Reynoso finalmente lo procesó. No lo hizo con prueba nueva, lo hizo con el apuro de saberse en peligro de que el otro juez descubriera lo que hacía. Finalmente, el 23 de mayo, se quedó con las dos causas.
Reynoso creyó zafar.
Pero no por mucho tiempo.
El 23 de octubre de 2013, otros uniformados secuestraron 583 kilos de cocaína de un camión en Córdoba. Como Acuña estaba preso, Andrada le había encargado la vuelta a Fortunato Carlos Heredia. Como a Heredia no lo tenía en el radar, Reynoso no pudo quedarse con este operativo. En consecuencia, tras una investigación del fiscal Fernando Domínguez, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado envió a juicio al «Gallo», su hijo homónimo, su chofer y seis personas más. Sin embargo, Reynoso les exigió la inhibición y, efectivamente, los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín enviaron el 6 de abril de 2015 el expediente para que fuera un tribunal de Salta el que sentara en el banquillo de los acusados a todo el clan.
Y ese momento llegó: en el 2017, los jueces del tribunal de Salta, Mario Juárez Almaraz, Marta Snopek y Federico Díaz, llevaban adelante el juicio para condenar a Andrada y compañía hasta que un gendarme testigo relacionó el inicio de la causa con la base de datos del Proyecto X -la por entonces ministra de Seguridad Nilda Garré lo definió como un «sistema informático de inteligencia criminal para la investigación de delitos complejos», pero su jefe de la fuerza, comandante Hécto Schenone, reconoció a su manera ante la Justicia que era utilizado en el 2012 para espiar a referentes sociales, gremiales y políticos-. Sorprendido, el fiscal Amad solicitó allanar de inmediato la Uesprojud de Gendarmería en Orán. En esa base, encontraron el mail de Benegas a Castillo y el mail «Ismael denuncia» con los mismos datos de la denuncia trucha.
Con las pruebas en la mano, el tribunal absolvió a todo el clan Andrada menos uno por los operativos de Catamarca y Mercedes, ordenó que un tribunal de San Martín juzgara a Acuña por los 841 kilos (lo único legal fue su detención) y, que otro tribunal llevara adelante el debate por los 583 kilos que le habían incautado en Córdoba.
Finalmente, ese otro tribunal de Salta condenó al «Gallo» Andrada a 18 años de prisión por mover esos y otros kilos de cocaína desde Bolivia, «bombardearlos» en avionetas en Salta, «enfriarlos» en Santiago del Estero y distribuirlos en Buenos Aires. El jefe narco murió en la cárcel el 25 de octubre de 2021. Tenía 43 años.
Tras la condena a Andrada, llegó el turno de Reynoso: otro tribunal lo sentenció en 2019 a 13 años de prisión por armar, justamente, otras causas a narcos para exigirles plata a cambio de favores judiciales. Después de seis años en prisión, la Justicia benefició al exjuez con la prisión domiciliaria.
Esa suerte se extendió ahora a Castillo y Benegas, los gendarmes que el tribunal puso en la mira cuando absolvió al «Gallo» Andrada. Ahora, con el legajo emprolijado, Castillo tiene un desafío que exige el máximo profesionalismo: que su primer año en Rosario no pase a la historia como el de mayor cantidad de crímenes. Está a solo 18 de romper esa marca. Aún quedan dos meses por delante.
Por otra parte, el fiscal Amad apeló el sobreseimiento.
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