El regreso de «Tano» Sofía: el narco que amenazó a la jueza Arroyo Salgado cayó en una operación de la DEA en Rosario
"Tano" Sofía, condenado por 1658 kilos de cocaína. Crédito: Encripdata.
Por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, varios grupos de la Policía Federal (PFA) activaron 29 allanamientos simultáneos que terminaron el jueves con una gran «volteada» de 1658 kilos de cocaína. La movida, si la hubieran aguantado un poco más, si hubieran hecho una «entrega controlada», podría haber sido mundial: confirmar si ese cargamento tenía como destino Dubai, una de las ciudades que integran los Emiratos Árabes Unidos, en las aguas del Golfo Pérsico, cuando faltan solo tres meses para el Mundial de Qatar. Pero ahora eso quedó en un rumor: los narcos ni siquiera llegaron a contratar el buque para subir la droga entre bolsones de alimento balanceado a base de maíz, según pudo reconstruir Encripdata. La orden fue clara: la incautación debía hacerse en la Argentina, más precisamente en el galpón marcado de la calle Génova al 2400, de Empalme Graneros, un barrio de Rosario. Es decir: a las puertas de la Hidrovía.
De los 29 allanamientos, 17 fueron en la provincia de Buenos Aires, desde La Plata hasta Bahía Blanca pasando por varias localidades del conurbano; cuatro en Rosario y otros cuatro en Funes, provincia de Santa Fe; y los restantes en Santiago del Estero, Entre Ríos y Córdoba. Solo uno fue en jurisdicción de Campana: en el barrio San Benito, de Beccar, partido de Tigre.
Como resultado, arrestaron a doce personas: el más conocido por los investigadores judiciales y detectives policiales es José Damián Sofía, como adelantaron los periodistas Federico Fahsbender en Infobae y Germán de los Santos en La Nación. Fabio Crucianelli, de 54, que acababa de salir de prisión por «rápidos y furiosos», un caso de robo de autos de alta gama, y que mucho antes llegó a tener vínculos con Juan Ignacio Suris, volvió a sentir el frío de las esposas.
Sofía, alias «Tano», el más pesado de esta historia, cumplirá 58 años el próximo 21 de septiembre. En los últimos 20 años, varios jueces escribieron su nombre en expedientes aunque con suerte diversa. Una de las últimas veces, como reveló Encripdata, había sido por una amenaza a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
La mañana del 3 de abril de 2018, un hombre llamó insistentemente a un juzgado federal de San Isidro. Quería hablar, justamente, con Arroyo Salgado. Era insistente. Marcó no una ni dos sino ocho veces. Se presentó como «Jorge», su alias. Pero no conseguía que le pasaran directamente con la jueza. Entonces, cansado de que le dieran vueltas, le dejó el mensaje a una de las secretarias: «Esto va de parte de la familia de Gustavo Sancho. Esto no da para más. O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas, como a Candela».
Sancho, el hombre a liberar, fue arrestado el 14 de noviembre de 2017 tras una investigación de la propia Arroyo Salgado. Por eso el objeto de la amenaza. En aquel mometo, también fueron atrapados sus hijos, su círculo íntimo y varios miembros de su banda. Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín llevan ya más de un año de juicio oral a la organización criminal a la que se le caían los narcojets.
Por orden del juez federal Lino Mirabelli, al principal sospechoso de amenazar a la madre de las hijas del fiscal Nisman lo atraparon el 2 de noviembre de 2019 ni bien aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza procedente de España. Era Sofía. El magistrado lo procesó trece días después, pero la Sala I de la Cámara Federal de San Martín le dictó el 4 de febrero de 2020 la falta de mérito y ordenó su inmediata excarcelación al considerar posible lo dicho por el acusado: que el autor de la amenaza pudo haber sido una persona con el que tenía problemas o bien alguien al que le decían «Gordo Tita».
Pero el primer apuntado dijo que todo era al revés: que llegó a deberle plata a Sancho y a Sofía y que, como arregló solo con el primero, el segundo no paró de reclamarle y hasta amenazarlo con armarle una causa.
El otro mencionado, alias «Gordo Tita», en realidad se llamaba Christian Quinteros y Sofía lo conocía muy bien: era su chofer y el día de la amenaza en cuestión y a la hora señalada, los dos viajaban desde Campana hacia Rosario.
Quinteros nunca pudo declarar: el 6 de diciembre de 2018, alguien le hizo de todo en Navarro para que pagara una deuda. Le tajeó el cuerpo, le cortó la oreja izquierda, le disparó en las rodillas y hasta le extirpó el ojo izquierdo. Pero ni así consiguió que «Gordo Tita» recapacitara. Al final, lo mató.
Quien sea que haya planeado el crimen de Quinteros, no quedó satisfecho. En consecuencia, ordenó ir tras la viuda, Anabella Blumetti, pero ella dijo no saber nada de lo que hacía su marido ni de la plata reclamada. El 6 de febrero de 2019, alguien la asesinó mientras manejaba por Francisco Álvarez y, llamativamente, dejó viva a la amiga que iba en la Chevrolet Meriva.
De los crímenes de Quinteros y Blumetti y de los negocios de Sofía habló Diego Xavier Guastini, un capo del narcolavado «arrepentido». Tanto y de tantos otros habló Guastini, como el clan Loza, el clan Atachahua Espinoza, y «los musculosos» de los narcoveleros, que alguien se cansó y ordenó su ejecución, encargo cumplido el 28 de octubre de 2019 a la vuelta de la Municipalidad de Quilmes. Como publicó Encripdata, el juez Juan José Anglese acaba de elevar a juicio al único detenido por el crimen, Marcelo Fabián Padovani, alias «Pelado», «Grandote» o «Tuki».
En medio del doble crimen de Quinteros y Blumetti, el fiscal federal Fernando Domínguez juntó más pruebas contra el «Tano» por la amenaza a Arroyo Salgado, las necesarias para que el juez lo volviera a procesar y esta vez los camaristas no pudieran decir que no. Casualmente, esta semana, Sofía recibió en su casa de Haedo la noticia de que será el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín el que llevará adelante el juicio.
La segunda vez que golpearon la puerta de su domicilio esta semana ya fue con la orden de detención en la mano por los 1658 kilos de cocaína hallados en Rosario.
Pero en este caso, Guastini no tuvo nada que ver. De hecho, el juez González Charvay no delegó la investigación en el fiscal Sebastián Bringas ni pidió la colaboración del fiscal Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), donde Guastini, como «arrepentido», había ayudado a esclarecer varias operaciones de narcotráfico a nivel nacional e internacional. Por otra parte, hacía rato que los detectives sabían de la relación del «Tano» con un colombiano muy famoso, aunque, por ahora, ese nombre se mantedrá en reserva.
No, esta vez la vuelta vino por otro lado: como un desprendimiento de otra causa y con información aportada por la DEA de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration), que recientemente desembarcó en la Hidrovía. De ahí que no hubo «entrega controlada» en el Golfo Pérsico y, por eso mismo, a los narcos se les terminó rápido el sueño de irse «Mundial».
El embajador de los Estados Unidos en la Argentina Marc Stanley se reunió el miércoles al gobernador de Santa Fe Omar Perotti y también visitó la Bolsa de Comercio de Rosario.
Para entonces, la operación de la DEA ya estaba en marcha.
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