«Efecto Olivos»: recusan al camarista Borinsky tras el apartamiento de la jueza Arroyo Salgado en el caso Scapolan
"Efecto Olivos": recusan al camarista Borinsky del caso Scapolan. Crédito: CIJ.
Si es cierto que «favor con favor se paga», Mariano Borinsky se metió en una encrucijada. El abogado Damián Odetti, querellante contra el fiscal suspendido Claudio Scapolan, recusó esta semana al juez de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, es decir Borinsky, luego de que, tras varias idas y vueltas (leer acá), el juez de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín Marcelo Fernández apartó la semana anterior a la jueza Sandra Arroyo Salgado del expediente 36447/2016, más conocido como «caso Scapolan» o «Leones Blancos II«. Encripdata pudo saber que Odetti recusó a Borinsky y no a Fernández al considerar que el primero fue el que presionó al segundo para que sacara del caso a la magistrada que había procesado al fiscal Scapolan como jefe de una banda integrada por policías y traficantes que, entre otras cosas, se robó la mitad del cargamento de cocaína secuestrado a los narcos de «Leones Blancos».
A mitad de año, diputados del Frente de Todos denunciaron a Borinsky por «tráfico de influencias» por sus reuniones con el por entonces presidente Mauricio Macri. Ahora, Odetti señaló un comportamiento similar con Sergio Massa. En la audiencia, lanzó: «Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín cometieron un delito, que fue apartarse de la ley, desmembrar la prueba, tervigersar la prueba y dictar la falta de mérito de Jarisch y Sanvitale por presiones políticas. Ese desaguisado que hicieron no lo pueden solucionar ellos. Entonces, le pasaron la pelota a usted, señor Borinsky. Tengamos en cuenta que esta causa salpica al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación».
Para que se entienda: la trama político-judicial se remonta al 2013 cuando, en medio de la campaña legislativa, un prefecto entró a robar a la casa de Massa. El fiscal Washington Palacios sospechaba que el uniformado se había llevado más plata que la reconocida por el líder del Frente Renovador, pero su jefe, el fiscal Scapolan, no lo dejó avanzar. Entonces, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció a Scapolan, protegido del fiscal renunciado Julio Novo, por «mal desempeño de sus funciones». A Novo ya lo había denunciado por «encubrimiento» del doble crimen de Unicenter y otros casos narcos en la zona norte. Pero un testigo que declaró que era más dinero, luego denunció presiones del fiscal y finalmente se desdijo. Palacios terminó destituido.
Más acá en el tiempo, el camarista Fernández, de San Martín, dictó la falta de mérito de Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, los dos auxiliares de Scapolan, justamente en «Leones Blancos II», pero ratificó dos veces a Arroyo Salgado al frente de la investigación. Sin embargo, Juan Manuel Cuesta, abogado de Jarisch, insistió en la recusación de aquella luego de que procesara a Scapolan. En su momento también había procesado a Novo. Según Odetti, el camarista Borinsky jugó para la salida de la magistrada del caso a cambio de que el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, que había militado en el massismo, no avance en el pedido de juicio político en su contra por las visitas a Macri en Olivos. Si algo o todo de eso es cierto, poco importa: Scapolan, a través de terceros, consiguió que se deje de hablar de las pruebas en su contra.
En Pilar también pasan cosas.
Pero tiempo al tiempo.
Si Borinsky rechazara su recusación, Odetti podría presentar un recurso de Casación. En esa instancia, podría intervenir los otros dos integrantes de la Sala 4, Javier Carbajo o Ángela Ledesma, o jueces de las otras tres salas. Encripdata anticipó el 23 de diciembre de 2020, tras la falta de mérito de Jarisch y Sanvitale, que el caso narco bajo el número de expediente 36447/2016 quedaría envuelto en una trama política. Dicho y hecho.
Al plantear la recusación, el abogado dejó asentado: «Dejando a salvo el honor y la idoneidad del magistrado recusado, cuya capacidad intelectual me consta, y es por eso que tal vez de manera inconsciente buscó esta recusación para evitar las presiones políticas que todos los magistrados de esta causa tienen desde el inicio aunque no puedan hacerlo público con el aditamento que ya carga en sus espaldas la denuncia de las 16 visitas a la Quinta de Olivos como para ahora ser acusado también de frecuentar el despacho de la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación».
También dejó asentado que Cuesta, al considerar que Arroyo Salgado prejuzgó la situación de Jarisch cuando procesó el 21 de enero de 2021 al policía Adrián Gonzalo Baeta y al traficante Alejandro Javier Giancarelli, recién recusó a la jueza en abril, es decir tres meses después y no dentro de las 48 horas que marca el artículo 60 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). Por esa sola demora, primero Fernández y después Borinsky deberían haber declarado extemporáneo el recurso, pero no lo hicieron. Todo lo contrario.
Como sea, existen dos fallos clave contra Scapolan: el primero, del 16 de septiembre de este año, sobre el expediente FSM 19055/2015 «Bustamante, Carlos Alberto» y el segundo, del 7 de octubre, sobre el expediente FSM 4700/2014 «Hurtado, Arnaldo Andrés». Aquellos días, mientras querellantes, defensores y camaristas discutían sobre el futuro de la jueza Arroyo Salgado al frente de este caso, los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) dejaron firmes los casos Bustamante y Anacona -este último más conocido como «Leones Blancos»- en los que los tribunales absolvieron a los acusados por graves irregularidades en la instrucción y, en consecuencia, ordenaron investigar a los policías bonaerenses y, obviamente, al propio fiscal Scapolan.
Nadie podrá dar vuelta esas sentencias de la Corte Suprema.
El resto es política.
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