Denunciaron al fiscal del crimen de Guastini por «poner en riesgo» la investigación
Ya tiene fecha el juicio por el crimen de Guastini. Crédito: Ministerio de Seguridad.
La familia del asesinado Diego Xavier Guastini denunció esta semana al fiscal Martín Conde por la filtración de datos de la investigación que lleva adelante sobre el crimen del financista que terminó sus días como arrepentido del narcotráfico internacional.
Encripdata pudo saber en exclusiva que Mariana Castro, representada por el abogado Fernando Arias, denunció al fiscal Conde por el delito acción pública porque «personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) habría puesto en conocimiento de periodistas, y con ello de dominio público, circunstancias de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), poniendo en serio riesgo el resultado de la investigación del homicidio de quien en vida fuera Diego Xavier Guastini».
La viuda del narco arrepentido puso como pruebas una nota de la especialista de policiales Virginia Messi, en Clarín, titulada «quién ordenó asesinar a ‘Dolarín’ Guastini, el mayor narco lavador del país» y otra del colega Gabriel Di Nicola, en La Nación, sobre los «crímenes, traiciones y venganzas, los secretos de Guastini, el financista del mundo narco», en la que revelaron datos de la emboscada del 28 de octubre de 2019 en Quilmes.
Para Castro, la filtración de datos de la investigación pudo tratarse de un «descuido para favorecer a algún periodista o una maniobra para asegurar la impunidad de aquellos que participaran del gravísimo hecho investigado». Por eso apuntaron contra el responsable del expediente.
Los cronistas de Clarín y La Nación no hicieron otra cosa que contar lo poco que había avanzado la causa al cumplirse el primer aniversario del crimen.
Según el artículo 249 del Código Penal de la Nación, «será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio».
En realidad, el mayor riesgo para la investigación, tras 444 días, fue el poco avance: como publicó Encripdata el 11 de diciembre, varias pruebas ya se perdieron. Primero fue la grabación de una cámara de seguridad, luego uno de los autos usados en el asesinato y, si el tiempo sigue pasando, también podría desaparecer la única persona hasta ahora identificada como partícipe necesario.
El fiscal Conde no hizo lugar en marzo a las medidas de prueba planteadas por las fuerzas de seguridad y el juez Juan José Anglese rechazó en octubre el pedido para detener a aquel partícipe necesario, que lógicamente no tardó en deshacerse del auto que usó para la emboscada.
Guastini, dueño de la cueva financiera de la calle Florida 520, en el microcentro porteño, declaró como «imputado colaborador» en tres causas narco, hizo caer al clan Loza, a los policías de «Leones Blancos» y al narco Carlos Sein Atachahua Espinoza. No fue gratis: a cambio consiguió una pena de solo 3 años de prisión en suspenso por traficar divisas de esas bandas. De esa manera logró no pasar ni siquiera un segundo tras las rejas para así poder seguir en el negocio. Pero alguien lo silenció para siempre el 28 de octubre de 2019.
Guastini tenía más secretos para contar, pero hasta ahora nadie abrió sus teléfonos ni su lapicera espía.
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