El fiscal Bruno confesó que favoreció a narcos en Orán: firmó un juicio abreviado para no ir preso
El fiscal Bruno confesó que favoreció a narcos en Orán: firmó un abreviado. Crédito: Encripdata.
A cargo, durante muchos años, de hacer valer la ley en la frontera entre Salta y Bolivia, el fiscal federal de Orán, José Luis Bruno, confesó, por fin, haber favorecido a, al menos, dos organizaciones de narcotráfico, como pudo reconstruir Encripdata. El fiscal firmó este miércoles un juicio abreviado en el que reconoció los delitos imputados a cambio de una pena de 3 años de prisión en suspenso. Ahora, el tribunal deberá homologar el acuerdo entre las partes.
Los fiscales federales Eduardo Villalba, Carlos Amad y Diego Iglesias -titular de la fiscalía antidrogas, la Procunar- consideraron al fiscal Bruno como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de prevaricato en los casos Weber y Cala, es decir, no aplicar la ley y, encima, realizar, a sabiendas, actos contrarios a la ley para favorecer a dos organizaciones narcocriminales.
Los fiscales también acusaron al exjuez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, que ya arrastraba dos condenas unificadas a 13 años de prisión por delitos similares, pero el exmagistrado prefirió ir a juicio en vez de alcanzar un acuerdo.
En el primer caso, Barakat Barakat, un «arrepentido» de origen sirio, denunció haber actuado años atrás como intermediario entre el narcotraficante René Antonio Arancibia, alias «Choco», y el juez y el fiscal para solucionar un problema judicial.
Así, se refirió a un operativo del 29 de octubre del 2011 en la ruta nacional 9 a la altura del paraje Cabeza de Buey. Aquel día, la Gendarmería hizo frenar una Fiat Strada Adventure Pick-Up. Martín Miguel Weber, el chofer, trasladaba 93 kilos de cocaína en la caja de la camioneta. Los detectives lo sabían: llevaban dos años investigándolos, a partir de una denuncia anónima contra el líder, «Choco» Arancibia. Según las «escuchas» telefónicas, el plan era «coronar» en Brasil.
Como denunció Barakat, Arancibia aceptó pagar 130 mil dólares al juez Reynoso. Por la intermediación, ganaría 20 mil. En el medio, hubo un problema: el conductor de la camioneta, en vez de guardar silencio, mandó al frente a «Choco». Entonces, el abogado Arsenio Eladio Gaona, otro intermediario, le avisó a Barakat que Arancibia también debería pagarle al fiscal Bruno: como «estaba al tanto de la situación», había que «arreglar con él», de lo contrario, el magistrado no lo podría excarcelar. El «arrepentido» declaró que al fiscal le entregaron los 20 mil dólares que eran para él.
Para determinar si el «arrepentido» decía la verdad, los fiscales revisaron el expediente: el juez, que sabía que «Choco» era el jefe de la organización, lo procesó como partícipe secundario, es decir, le bajó el precio para poder excarcelarlo. Estuvo detenido solo diez días. Para los fiscales, ese giro solo era posible por el pago de una coima.
En el segundo caso, en un operativo del 15 de noviembre de 2011 en una YPF ubicada en San Pedro, Jujuy, al costado de la ruta nacional 34, la Gendarmería detuvo a un tal «Molina» y su pareja, Melisa Alemán, antes de que reanudaran viaje con 70 kilos de pasta base de cocaína en un Fiat Strada Adventure Pick-Up. Enseguida, arrestaron al conductor de otro vehículo, Federico Gerardo Rojas.
El 10 de enero del 2012, en plena feria judicial, el conjuez Ramón Antonio Valor procesó con prisión preventiva a todos. A «Pilín» Rojas, por «barrer» el camino, es decir, ir delante de los demás para avisar con tiempo sobre controles policiales, lo consideró partícipe necesario, pero a su regreso, el juez Reynoso, de nuevo, le bajó el precio para poder excarcelarlo. Y, otra vez, el fiscal Bruno no hizo nada.
Es más: el juez y el fiscal tuvieron varios años imputados a la persona equivocada, porque ese tal Molina en realidad era Emmanuel Gabriel Cala, extraviaron sus fichas dactilares y ni siquiera elevaron el expediente a juicio.
El 25 de marzo del 2019, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a Reynoso a 13 años de prisión por favorecer a otras organizaciones narcocriminales. Ese día, el fiscal supo que la cuenta regresiva había empezado. Si, como siempre dicen, los magistrados hablan a través de sus sentencias, él había hablado o, mejor dicho, callado, y mucho.
Entonces, después de varios meses de negociaciones entre las partes, Bruno aceptó reconocer todos los delitos imputados. Todos menos el cohecho. El fiscal hizo algo más: presentó su renuncia a partir del 1° de marzo de 2026.
El procurador Eduardo Casal se la aceptó.
Bruno perdió los honores, pero no la jubilación.
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