Volvieron a procesar al fiscal Bruno: ahora por favorecer a un narco que ni siquiera sabía cómo se llamaba
Imputaron durante doce años al hombre equivocado. Crédito: Encripdata.
El juez federal de Salta, Julio Bavio, procesó este viernes al todavía fiscal federal de Orán, José Luis Bruno, por un hecho de prevaricato, es decir, emitir resoluciones judiciales a sabiendas contrarias a la ley para favorecer, en este caso, a una organización narcocriminal, como consta en el fallo al que accedió Encripdata. También consideró responsable, en esta instancia del proceso, al exjuez federal Raúl Juan Reynoso, ya condenado por otros hechos similares.
Todo empezó el 4 de julio de 2011 cuando el Centro de Reunión de Información de la Gendarmería en Jujuy pidió investigar al clan de los «Molina» y Alemán por narcotráfico.
La noche del 15 de noviembre, finalmente, los gendarmes realizaron un operativo en una YPF ubicada en San Pedro, Jujuy, al costado de la ruta nacional 34. Allí detuvieron a «Molina» y su pareja, Melisa Alemán, antes de que reanudaran viaje con 70 kilos de pasta base de cocaína en un Fiat Strada Adventure Pick-Up. Enseguida, arrestaron al conductor de otro vehículo, Federico Gerardo Rojas.
El 10 de enero del 2012, el conjuez Ramón Antonio Valor procesó con prisión preventiva a los integrantes de la organización narcocriminal. A «Pilín» Rojas, encargado de «barrer» el camino, lo consideró partícipe necesario. Sin embargo, al regreso de la feria judicial, el juez Reynoso minimizó la participación, lo procesó pero como partícipe secundario y lo excarceló.
A pesar del giro procesal, el fiscal Bruno no apeló. La abogada defensora María Elena Esper, mucho menos. Poco a poco, todos recuperaron la libertad, el magistrado nunca elevó el expediente a juicio y todos se olvidaron de lo sucedido. Hasta el 25 de marzo del 2019, cuando el Tribunal Oral Federal de Salta sentenció, entre otros, a Reynoso a 13 años de prisión; a Esper, a 10 años; y a Valor, a 4 años.
En consecuencia, la Cámara Federal de Salta ordenó revisar todo lo actuado en el juzgado federal de Orán, expediente por expediente. Y en voz baja, un rumor, una sospecha, se esparció por la frontera: Reynoso no hubiera podido «arreglar» las causas con narcotraficantes sin la complicidad, por acción u omisión, del fiscal.
Así, Gustavo Montoya, el juez que reemplazó a Reynoso en Orán, elevó el caso «Molina» a juicio a finales del 2023, pero el tribunal se lo devolvió para que notificara a los imputados. En el medio, el magistrado descubrió lo sucedido con «Pilín» Rojas, lo procesó como partícipe necesario y clausuró la instrucción. Pero, ahora sí, los nuevos defensores de Rojas apelaron.
Tras todas esas idas y vueltas, los jueces Alejandro Castellanos y Mariana Catalano, de la Sala II de la Cámara Federal de Salta, dispusieron que el fiscal Bruno «emita un nuevo requerimiento de elevación de la causa a juicio» y, a la vez, exhortaron al Ministerio Público Fiscal a que «examine lo actuado en esta causa por el exjuez Reynoso y por la fiscalía», es decir, que investigue al exmagistrado y al fiscal.
Así las cosas, el juez Bavio procesó al exjuez Reynoso y al fiscal Bruno por prevaricato, es decir, emitir resoluciones judiciales a sabiendas contrarias a la ley para favorecer, en este caso, a esta organización narcocriminal, con excarcelaciones inprocedentes.
En su defensa, hecha por escrito, el fiscal Bruno intentó arrastrar a otros al decir que ciertos funcionarios públicos, en hechos similares de narcotráfico en la frontera, también redujeron a participaciones secundarias los roles de los verdaderos jefes de organizaciones narcocriminales sin que los superiores, al menos, les llamaran la atención.
En rigor, el juez Bavio amplió el procesamiento del exjuez Reynoso y el fiscal Bruno. El año pasado ya los había considerado penalmente responsables, en esta instancia, de repartirse 150 mil dólares para excarcelar a René Antonio Arancibia, alias «Choco», por una operación fallida de 93 kilos de cocaína desde Bolivia hasta Brasil. El narcotraficante de origen sirio Barakat Barakat, que intermedió entre las partes para el pago, declaró como «arrepentido». Y, en los últimos días, el propio Arancibia reconoció ambos delitos en un juicio abreviado.
En este caso, pasó algo aún más grosero. Reynoso y Bruno imputaron a la persona equivocada: el conductor del auto con los 70 kilos de paste base no se llamaba Molina. Y, encima, extraviaron las fichas dactilares. Solo cuando cayeron en desgracia, un nuevo fiscal, recientemente, descubrió la verdadera identidad: Emmanuel Gabriel Cala.
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